La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy su último informe anual de trabajo con su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez, como el gran ausente, pero reafirmando su compromiso de seguir apoyando a las autoridades guatemaltecas para fortalecer el Estado de Derecho.
"Lamento no poder estar hoy físicamente con ustedes, pero bien saben que mi corazón y mi mente ocupan también los espacios en los que ustedes ahora se encuentran", aseguró Velásquez en un mensaje grabado, que fue reproducido durante la presentación de los resultados del trabajo de la Comisión durante el último año.
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El jefe de la Cicig, a quien el Gobierno de Guatemala le prohibió ingresar en el país por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, agradeció la solidaridad recibida en estos "momentos críticos".
"Aunque algunos pretenden generar confusión enarbolando falsos nacionalismos y acusando a la Comisión de violar la soberanía de Guatemala, la realidad es incontrovertible: ninguna investigación criminal, ninguna resolución judicial (...) es posible si no hay una autoridad nacional comprometida en ello", proclamó.
Velásquez, quien abogó por reanudar los esfuerzos para que una reforma constitucional judicial abra espacios a la independencia de este sector y la modernización del Estado, reiteró que es "indispensable" para el fortalecimiento institucional que haya una "voluntad cierta del Estado y de la sociedad" de seguir con el proceso transformador iniciado en 2015.
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.
Días después desconoció a Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington le prohibió el ingreso, aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo.
Solo en el último año, la Comisión ha apoyado a la Fiscalía en la presentación de 16 casos, entre los que destaca "Caja de Pandora", que implicaba al expresidente y exalcalde Álvaro Arzú -fallecido este año-, la trama de "Comisiones Paralelas", una red de corrupción para la postulación de magistrados en las Cortes, la trama Odebrecht o el de financiación electoral ilícita del partido oficial.
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También destacan, según el documento, el avance de varias causas y la lectura de diferentes sentencias, como la que condenó a más de 15 años de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por liderar una red de corrupción que defraudó al Estado millones de dólares para limpiar un lago contaminado con un producto milagroso que resultó ser agua con sal y cloro.
Ante estos resultados, entre los que están apoyos para reformas legales, la fiscal general, Consuelo Porras, dijo que se está avanzando "por buen camino", pero admitió que queda mucho por hacer, y alabó el trabajo realizado junto con la Cicig para contribuir a la mejora del sistema político y consolidar el régimen democrático.
"Si queremos que los logros alcanzados perduren en el tiempo, es imprescindible el impulso y fomento de una cultura de la legalidad, a fin de cambiar los patrones culturales en la sociedad guatemalteca", proclamó Porras, quien apostó por aprovechar la oportunidad de dejar una huella en la historia para mejorar el futuro de las nuevas generaciones.