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Chula Vista es una ciudad estadounidense, fronteriza con México y a 15 minutos de Tijuana, que a primera vista se vende como inteligente y moderna. Su función desde hace años ha sido la de recibir migrantes centroamericanos que huyen de sus países azotados por la violencia, el hambre, y la inseguridad. Sin embargo, numerosos activistas y defensores de derechos humanos han advertido que los líderes políticos han utilizado esta fachada tecnológica y amable para traicionar a la población migrante al instaurar un sistema de vigilancia que viola la privacidad de las personas y, por lo tanto, no protege su estatus de vulnerabilidad.
Fue hace seis años cuando las autoridades decidieron empezar a adquirir tecnología de punta, cómo cámaras, programas de reconocimiento facial, entre otros. La revista Wired asegura: “La policía de Chula Vista comenzó a utilizar drones, convirtiéndose en la primera ciudad del país en unirse a una asociación entre el fabricante de cámaras corporales Axon y el fabricante de drones Skydio. El departamento recibió una exención sin precedentes que permite a la policía volar drones más allá de la línea de visión del agente que los controla, y en toda la ciudad”.
Uno de los argumentos es que de esta forma el cuerpo policial puede optimizar su trabajo y bajar sus niveles de estrés en el trabajo. “Eric Wood, director de tecnología de la policía, que lleva casi cuatro años en el departamento, es el encargado de guiar al CVPD en la obtención y el funcionamiento del equipo adecuado. Su aplicación de la tecnología reduce el estrés de los agentes mediante la integración de sistemas que facilitan el acceso a la información que necesitan antes de llegar al lugar de los hechos, lo que contribuye a mejorar los resultados. Eliminar las barreras innecesarias, que son una carga para los agentes y un obstáculo para la eficiencia y la eficacia, es una motivación clave para la unidad de Tecnología Policial”, asegura la página web de la ciudad.
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Entre los equipos adquiridos hay cámaras en los parques y en los uniformes de algunos policías. Si bien la tecnología puede y, en muchos casos, es una aliada del ser humano, su implementación debe hacerse con pinzas cuando se trata en una institución tan criticada en Estados Unidos por una sistemática violencia contra poblaciones vulnerables y las minorías. Además, se trata de una de las ciudades cuyo eslogan es darle la bienvenida a las personas que llegan muchas veces en condiciones deplorables y sin recursos.
Las dudas que existían hace un tiempo, de hecho, se demostraron justificadas cuando el pasado diciembre se conocieron reportes de que el departamento policial había compartido datos de placas de vehículos con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) sin autorización de los alcaldes ni de las autoridades respectivas. La ciudad actualmente cuenta con cuatro lectores automatizados de placas (ALPR por sus siglas en inglés) insertadas en patrullas policiales que constantemente están circulando por las calles.
Este tipo de tecnología ha sido usada por la tecnología desde 2007. “Pero cuando la ciudad contrató a Vigilant en 2017, ICE obtuvo acceso a la base de datos de la ciudad de imágenes de matrículas almacenadas. Las agencias que contratan con la empresa Vigilant pueden optar por compartir sus datos con otras agencias policiales que, a su vez, ofrecen acceso a sus propios datos ALPR. Cuando se conoció la noticia del acceso de ICE en diciembre pasado, más de 800 agencias tenían acceso a la base de datos ALPR de Chula Vista.
Según informó el medio, las autoridades decidieron quitarle el acceso a ICE en dicha información, sin embargo, paradójicamente autorizaron el pasado 20 de abril la compra de dos cámaras más con la tecnología ALPR y apoyaron que siga utilizando en su totalidad, decisión que despertó la ira de activistas locales.
“Hay una sensación de traición por parte de nuestro concejo municipal y del alcalde en este momento, porque simplemente perdonaron a la policía como si no fuera nada. Podría haber sido una gran oportunidad para mostrar la responsabilidad”, dijo a Wired Sophia Rodríguez, una residente local que trabaja con datos.
Durante una reunión del consejo de la ciudad, varios residentes plantearon su preocupación por el programa de drones de la ciudad. “Varios señalaron que los drones se utilizan a menudo para casos que no son de emergencia, como atascos menores o personas sin vivienda que duermen en un banco o en la acera. Los drones más caros de la ciudad (dos nuevos DJI Matrice 210 V2 Drones) cuestan 35.000 dólares cada uno y requieren que los agentes reciban formación para pilotarlos. La policía dice que ha utilizado los drones para responder a 1.300 llamadas de servicio en lo que va de año. Al igual que el ALPR, no cuentan con un organismo de supervisión local. La policía hace pública la ubicación de los vuelos de los drones, pero, al igual que con los lectores de matrículas, Medina y otros mencionan la preocupación por la equidad”, afirmó Wired.
La migración ilegal en Estados Unidos ha ido creciendo dramáticamente durante los últimos años. Funcionarios mexicanos y operadores de refugios dicen que el número de niños, con padres o no acompañados, está alcanzando niveles que no se habían visto desde 2018. A finales de ese año, decenas de miles de migrantes se dirigieron a la frontera cada mes, lo que llevó al gobierno de Trump a separar a las familias y encerrarlas. Cientos de niños siguen separados de sus padres al día de hoy.
Biden ha pedido ayuda al gobierno de México para aliviar el embotellamiento en la frontera. Hasta ahora, México ha respondido sobre todo aumentando las redadas contra los grupos de contrabando y ha comenzado a enviar a los migrantes —la mayoría de ellos de Centroamérica— de vuelta a casa, según quienes gestionan los albergues en México. El gobierno también trata de evitar que más migrantes crucen a México desde Centroamérica, como lo hizo durante el gobierno de Trump, dijeron los funcionarios.
Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que el gobierno estaba en su derecho de deportar a los migrantes indocumentados, pero no comentó si las redadas habían aumentado en las últimas semanas o si el gobierno mexicano estaba atendiendo a una solicitud de Estados Unidos.