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Las irregularidades en la gestión de dineros públicos para combatir la crisis de la pandemia en Brasil, el segundo país del mundo con más contagios, tuvieron este martes su mayor resonancia con un allanamiento en el palacio de Laranjeiras, la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro.
Sao Paulo, Ceará y Santa Catarina son otros estados del país que están en la mira de las autoridades, donde también se han realizado búsquedas, incautaciones y hasta capturas por los presuntos desvíos de dineros públicos durante la emergencia causada por el COVID-19.
En Río de Janeiro, irregularidades en la compra de respiradores ya habían hecho rodar las principales cabezas de la secretaria de Salud y, este martes, investigaciones sobre el manejo de dineros para el montaje de hospitales de campaña llevaron a las autoridades a allanar la residencia del gobernador Wilson Witzel y otros de sus inmuebles, incluida la oficina de su esposa Helena Witzel.
De acuerdo con las indagaciones, existe una red de corrupción que involucra a funcionarios de la administración del sistema público de salud del estado de Río de Janeiro. Vea también: Brasil supera las mil muertes al día por COVID-19
Tanto Witzel como su esposa son investigados y tendrán que rendir testimonio ante las autoridades pues, según la Fiscalía, hay indicios de su participación en la red.
Las autoridades también allanaron inmuebles de las que fueran las dos más altas cabezas de la Secretaría de Salud del estado de Río y de las instalaciones donde opera el Instituto de Atención Básica y Avanzada a la Salud (Iabas), organización contratada por el Gobierno regional para la construcción de siete hospitales de campaña.
El estado más emblemático de Brasil vive una de las peores crisis en el sistema público de salud, un problema que ha crecido a través de la historia por las corruptelas de los Gobiernos de turno y que estalló ahora con la pandemia.
Con 17 millones de habitantes, Río es el segundo mayor foco de contagios del COVID-19 en Brasil, con cerca de 40.000 infectados y más de 4.000 muertos, para un total en el país de cerca de 375.000 casos y más de 23.400 fallecidos, según el último balance oficial.
Witzel, exjuez federal y quien ganó la Gobernación de Río bajo un discurso de "mano dura" contra la corrupción y la violencia, negó haber participado en algún esquema de corrupción relacionado con la gestión para enfrentar el COVID-19 y acusó al presidente Jair Bolsonaro de "persecución política".
El gobernador atribuyó los allanamientos de este martes a la supuesta interferencia política de Bolsonaro en la Policía Federal, que provocó la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro este mes y que llevó a la Corte Suprema a abrirle una investigación al mandatario.
Witzel y Bolsonaro tienen casada una pelea desde hace meses que se ha intensificado con la crisis de la pandemia y que incluye, desde el cruce de acusaciones por las investigaciones a Flavio, uno de los hijos de Bolsonaro, por desvíos de recursos en la Asamblea Legislativa donde es diputado, hasta la gestión que se adelanta por la pandemia.
"La Policía Federal debería hacer su trabajo (en otras partes) tan rápido como lo hizo aquí en el estado de Río de Janeiro porque el presidente cree que estoy persiguiendo a su familia y él solo tiene esta alternativa de perseguirme políticamente", dijo hoy en una rueda de prensa.
En una breve referencia al operativo de este martes, el presidente Bolsonaro felicitó a la Policía Federal y dijo haberse enterado del operativo por los medios de comunicación.
La evidencia obtenida durante las investigaciones preliminares realizadas en Río señala la existencia de una red de corrupción para la instalación de hospitales de campaña, que se valió de la sobrefacturación de contratos y falsificación de documentos.
De acuerdo con la Fiscalía, el Gobierno de Río tenía un presupuesto de 835 millones de reales (unos 154 millones de dólares) para la construcción, implementación y dotación de hospitales de campaña en un período de hasta seis meses.
Ese dinero fue entregado sin licitación a la organización Iabas, mediante contratos de emergencia permitidos por la crisis de la pandemia, para la construcción de siete de esas unidades.
Los hospitales deberían estar funcionando desde el 30 de abril, pero hasta el momento solo opera parcialmente el del Maracaná.
Gobiernos de otras regiones del país también se han visto envueltos en escándalos de corrupción relacionados con la gestión de fondos públicos durante la pandemia y están en la mira de las autoridades que adelantan operativos por todo el país.
El lunes la Policía registró varios inmuebles en Fortaleza, la capital del estado de Ceará, en el empobrecido nordeste brasileño, por irregularidades en la compra de unos respiradores que llevaron al desvío de 25 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares) de los cofres públicos.
El Gobierno de Santa Catarina también es foco de supuestas irregularidades por la pandemia por el fraude en el que habrían participado algunos funcionarios en la compra de 200 respiradores, por los que se pagaron anticipadamente y sin ninguna garantía 33 millones de reales (unos 6 millones de dólares).
En Sao Paulo, mayor estado de Brasil y el más afectado por la pandemia, las autoridades investigan la compra de 3.000 respiradores de China por el valor de 560 millones de reales (100 millones de dólares), de los que solo 150 fueron entregados hasta ahora.