La creciente persecución a la sociedad civil en Venezuela: el caso Rocío San Miguel
La defensora de DD. HH. y veedora de las Fuerzas Militares Rocío San Miguel se suma a las más de 30 personas detenidas desde enero acusadas de conspiración por el régimen de Nicolás Maduro. La persecución denunciada se ha alimentado de aprehensiones arbitrarias, actos violentos y hasta proyectos legislativos.
La detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel es el más reciente golpe del régimen de Venezuela contra la sociedad civil. Por lo menos, así lo considera la comunidad académica y defensora de derechos humanos.
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La detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel es el más reciente golpe del régimen de Venezuela contra la sociedad civil. Por lo menos, así lo considera la comunidad académica y defensora de derechos humanos.
De San Miguel, de 57 años, se perdió el rastro el viernes pasado. Horas después, entre organizaciones y medios de comunicación confirmaron su detención en el aeropuerto internacional de Maiquetía; sin embargo, ninguna autoridad daba razón de su paradero ni de los motivos de su arresto, por lo que entidades como Amnistía Internacional empezaron a alzar la voz por su desaparición forzada.
No fue sino hasta el domingo que la fiscalía general de Venezuela confirmó la detención de la directora de la organización Control Ciudadano, que hace veeduría a las acciones de las Fuerzas Armadas en ese país. ¿El motivo? Su supuesta participación en los planes para asesinar a Nicolás Maduro que él mismo ha denunciado.
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A finales de enero pasado, por cierto, las autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de “traición a la patria” por cinco presuntas “conspiraciones” para matar a Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha informado dónde se encuentra Rocío.
Su desaparición, y la de por lo menos otros cinco integrantes de su familia, incluida su hija que habría sido testigo de la detención en el aeropuerto, se da en un contexto de creciente persecución contra la sociedad civil en Venezuela. Rocío, en particular, ha visto sus derechos vulnerados desde hace por lo menos 20 años, cuando participó del referendo revocatorio contra Hugo Chávez.
En 2018, por ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a su favor y de otras mujeres denunciantes. Encontró la responsabilidad del Estado por la “violación de sus derechos a la participación política y libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación”. Además, la Corte concluyó que “el Estado es responsable por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo para tutelar los derechos de las víctimas y, en razón de la terminación arbitraria de su relación laboral, por la violación de su derecho al trabajo”.
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El primer día de este mes, el portal de Control Ciudadano informó que la Corte le “recordó, por cuarta vez, al Estado de Venezuela, que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo, de un año, para presentar el informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso San Miguel Sosa y otros vs. Venezuela, requerido en el punto resolutivo décimo tercero de la misma, sin que haya sido recibido en la Secretaría de dicha Corte”. Poco menos de dos semanas después, San Miguel fue detenida.
No hay que olvidar tampoco que en 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y de su hija a causa de las amenazas y hostigamientos de los que venían siendo víctimas a raíz del trabajo de Control Ciudadano.
Como le dijo Ligia Bolívar, coordinadora de la organización Alerta Venezuela, a este diario, se trata de un “guion ya conocido”, sobre todo para la época electoral como la de ahora. Se refiere a que en el pasado, en el marco de las elecciones parlamentarias de 2015 (desfavorables para el régimen), el gobierno también denunció supuestos planes de magnicidio contra Maduro. Bolívar recuerda que en ese momento surgió asimismo la tónica de ganar los comicios “por las buenas o por las malas”, como reiteró Maduro hace pocos días.
Fue justo después de dichas palabras que María Corina Machado, la principal candidata presidencial de la oposición, inhabilitada por 15 años, denunció un ataque violento en su contra y de sus simpatizantes en un acto de campaña cerca de Caracas. Machado acusa a colectivos chavistas, que estarían materializando la opción “por las malas”.
Para profundizar la persecución contra la sociedad civil, el régimen ha escogido en esta ocasión a una persona de alto prestigio por su defensa de los derechos humanos y su investigación rigurosa alrededor de los asuntos militares en Venezuela.
En los últimos años, “las organizaciones de la sociedad civil han asumido roles fundamentales para entender el deterioro democrático en Venezuela. Son las que han develado el verdadero estado de la economía y de los asuntos sociales. En el caso de Rocío, ella venía mostrando el estado de la Fuerza Armada Bolivariana, su dinámica y las reglas de obediencia bajo este régimen”, explica Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Para él, la “andanada de ataques y la ley que busca proscribir su trabajo quieren amedrentar esa labor, la de las organizaciones y la academia que han venido mostrando cómo se cierra la dinámica democrática, particularmente en el escenario electoral que se supone que tiene que haber este año”.
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Rodríguez se refiere al proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. La misma CIDH ha pedido no aprobarlo, pues, como parte de todo un abanico de acciones antidemocráticas, “limita arbitrariamente las actividades que pueden ser desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro y otorga a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
Para Bolívar, en pocas palabras, es el “fin de la sociedad civil independiente”.
Rodríguez concluye señalando que la agresión contra San Miguel “es un mensaje muy duro contra la academia, las organizaciones de derechos humanos, y es parte de la estrategia del régimen contra el acceso a la información cuando tiene pocas posibilidades de permanecer en el poder en el marco de un ejercicio electoral democrático y con acompañamiento internacional”.
Bolívar, por su parte, recuerda además lo “importante” que para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, son las decisiones tomadas en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, por lo que esperaría que “haga todo lo que esté a su alcance” para la liberación de San Miguel y todas las víctimas de detenciones arbitrarias, así como el cese de la persecución.
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