La crisis del fentanilo divide a los republicanos y demócratas

“Perder a Logan fue como una bomba que explotó en medio de nuestra familia (…). Ninguna familia es inmune a este peligro. Esto podría pasarle a la suya. El fentanilo no discrimina”, afirmó Erin Rachwal, mamá de Logan Rachwal, un joven de 19 años que murió en su dormitorio en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, el 14 de febrero de 2021. Un informe de toxicología encontró tres formas diferentes de fentanilo en su cuerpo.

“Perder a Logan fue como una bomba que explotó en medio de nuestra familia (…). Ninguna familia es inmune a este peligro. Esto podría pasarle a la suya. El fentanilo no discrimina”, afirmó Erin Rachwal, mamá de Logan Rachwal, un joven de 19 años que murió en su dormitorio en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, el 14 de febrero de 2021. Un informe de toxicología encontró tres formas diferentes de fentanilo en su cuerpo.

Ella testificó en una audiencia del subcomité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 1° de marzo, y no ha sido la única que lo ha hecho: Rebecca Kiessling perdió a sus hijos Caleb y Kyler por una sobredosis de fentanilo en 2020. “Tenemos un globo meteorológico de China cruzando nuestro país, nadie murió y todos están enloquecidos por eso (...). No se está haciendo lo suficiente. Los números suben, no bajan”, comentó ante los congresistas el pasado 28 de febrero.

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En 2021, más de 100.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, un poco más de 70.000 fallecieron por el consumo excesivo de fentanilo, que fue más frecuente en ciertos estados que en otros. Por ejemplo, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Virginia Occidental tuvo la tasa más alta de muertes por sobredosis de fentanilo: 66 fallecidos por cada 100.000 individuos. En comparación, Dakota del Sur tuvo 3,7 muertes.

“Es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás”, dijo la administradora de la Agencia de Control de Drogas, Anne Milgram, en una audiencia en el Senado el 15 de febrero. “El fentanilo está en todas partes. Desde las grandes áreas metropolitanas hasta las zonas rurales de Estados Unidos, ninguna comunidad está a salvo de este veneno”, agregó.

El país ha llevado a cabo varios esfuerzos para restringir el ingreso de narcóticos del extranjero: desde 2007 Washington le ha proporcionado a México más de $3 mil millones en ayuda para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, a través de la Iniciativa Mérida. Adicionalmente, desde 2000 y hasta 2016, le dio a Colombia casi $10 mil millones en un programa similar. La DEA también ha coordinado esfuerzos con China, que ha sido por varios años la principal fuente de fentanilo para el país norteamericano.

“Antes de 2018 China era el principal distribuidor directo de fentanilo en Estados Unidos. Frente a una intensa diplomacia estadounidense, Beijing procedió a regular fentanilos análogos y dos de sus precursores, pero la cooperación ha sido limitada. El deterioro en la relación geopolítica y bilateral reduce el interés de China en la cooperación antinarcótica con Estados Unidos”, se lee en el informe “China y las drogas sintéticas: la geopolítica triunfa sobre la cooperación antinarcóticos”, publicado por el Instituto Brookings.

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En 2019, Beijing prohibió todos los tipos de fentanilos, algo que en su momento se consideró como una medida que podría frenar su suministro, y los puso bajo un régimen regulatorio controlado. Sin embargo, según se lee en el artículo escrito por Vanda Felbab-Marrón, analista de Brookings sobre delitos, conflictos y amenazas de seguridad no tradicionales, esas restricciones provocaron “efectos disuasorios”: si bien el fentanilo ya no se envía directamente a Estados Unidos, la mayor parte del contrabando se está haciendo a través de México, teniendo a los carteles de la droga como intermediarios.

Otras estrategias también se han puesto en práctica: aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza a aproximadamente 20.000, enjuiciar a las personas involucradas en la prescripción excesiva y el tráfico, aprobar leyes que limiten las recetas de opioides, demandar a las compañías farmacéuticas, alegando que exageraron los beneficios de los opioides recetados y ocultaron los riesgos (como lo hicieron varios estados, como Mississippi, Nueva Jersey, Ohio y Oklahoma), y encarcelar para disuadir el uso y el tráfico de drogas.

Ahora bien, según como se lee en el artículo “La epidemia de opioides en EE. UU.”, publicado en el Consejo de Relaciones Exteriores, en los últimos años los funcionarios federales y estatales han optado por escoger la vía de la prevención y el tratamiento. Por ejemplo, Barack Obama instauró nuevos tribunales de drogas, que ya se habían implementado en la administración de George H. W. Bush y han sido considerados como una alternativa al sistema de justicia penal, al ofrecer servicios de supervisión y rehabilitación en lugar de tiempo en prisión.

Donald Trump, por su parte, liberó algunos fondos para disminuir las restricciones en el acceso al tratamiento y bajo su administración, tras un acuerdo bipartidista, se promulgó la Ley de Apoyo a los Pacientes y las Comunidades. Con eso se buscó ampliar el acceso al tratamiento de adicciones y aumentar la investigación sobre los analgésicos alternativos. Finalmente, Joe Biden, tras su primer año de gobierno, lanzó la Estrategia Nacional de Control de Drogas, que también busca priorizar el acceso a tratamientos, entre otras cosas.

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Lo cierto es que los demócratas y republicanos están de acuerdo en que la epidemia de opioides en Estados Unidos, incluida la muerte por sobredosis del fentanilo, es una crisis nacional. De hecho, el mandatario estadounidense abordó el tema en su discurso del Estado de la Unión. En él hizo referencia a Doug, un papá de New Hampshire que les escribió a él y a su esposa Jill sobre la muerte de su hija a causa de una sobredosis de fentanilo.

“Al describir los últimos ocho años sin ella, Doug dijo: ‘No hay peor dolor’ (…). Sin embargo, su familia ha convertido dicho dolor en propósito, trabajando para acabar con el estigma y cambiar las leyes (…). Nos dijo que quiere ‘comenzar el viaje hacia la recuperación de Estados Unidos’”. Después de afirmar “Doug, estamos contigo”, Biden agregó: “Lancemos un gran esfuerzo para detener la producción, venta y tráfico de fentanilo con más máquinas de detección de drogas para inspeccionar la carga y detener las pastillas y el polvo en la frontera”.

No obstante, el tema ha sido motivo de división entre los congresistas. Por ejemplo, el republicano Troy Nehls, de Texas, defendió la mano dura en una sesión que el Congreso llevó a cabo el pasado 1° de marzo. Dijo que es partidario de “convertir la venta y distribución de fentanilo en un delito capital, y del uso de la pena de muerte”, aunque eso no resuelva el problema. Por esa misma línea, según se lee en AFP, Derek Maltz, un exagente de la agencia antidrogas estadounidense, comentó: “Los narcoterroristas en México están destruyendo nuestro país. Deben rendir cuentas, aunque eso signifique usar nuestro ejército”. Por su parte, el demócrata Jerrold Nadler, representante de Nueva York, concluyó que la cárcel no es la solución última porque “se atrapa a traficantes de bajo nivel”. Cree que la solución a la crisis está en abordar el tema como una cuestión de salud pública.

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