La crisis migratoria no se resolverá con la salida de Maduro

Las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana en los últimos 20 años no sólo han causado una emergencia humanitaria compleja y la crisis migratoria que hoy impacta a Colombia y a la región. Venezuela se ha convertido en un país problema: el cambio en los temas de seguridad, las concesiones que han desarticulado el monopolio de la fuerza, la pérdida del dominio territorial y la permisividad con actores ilegales se convierten en un riesgo para sus vecinos, especialmente para Colombia con quien comparte su única frontera viva.

La violencia fue una de las primeras causas de la migración de los venezolanos, sobre todo al inicio de la diáspora. Como la violencia contra los sectores opositores era abalada por el oficialismo, aquellos ciudadanos que disentían del gobierno y no podían costearse seguridad privada se vieron obligados a salir del país ante la imposibilidad de contar con la protección del Estado o tener acceso a la justicia.

En la zona de frontera convergen las distorsiones causadas por el chavismo en materia de seguridad con los problemas estructurales que se desprenden del conflicto armado colombiano. La falta de comunicación y desconfianza existente entre las autoridades nacionales y locales de ambos países dan lugar a un ecosistema de criminalidad, el cual se presta para delitos como: el contrabando de combustibles y alimentos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la falsificación de papel moneda, el proxenetismo y explotación sexual de mujeres, jóvenes, niños y niñas, y ahora con la crisis migratoria, está creciendo rápidamente la trata y el tráfico de personas.

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Se suele pensar que con la caída del régimen de Nicolás Maduro los problemas migratorios se resolverán, que todos los venezolanos regresarán a reconstruir su país y que los riesgos de seguridad que hoy implica la hegemonía chavista desaparecerán de la frontera. Pero la dimensión de la crisis venezolana no sólo se restringe a la gestión de un mal gobierno, su tendencia político-ideológica, tampoco se limita a la pérdida del sistema democrático o la imposición de una dictadura que se autodenomina de izquierda. La crisis venezolana implica el desmonte del Estado como parte de una estrategia de supervivencia de un proyecto político fallido y de un liderazgo nocivo, con los riesgos y amenazas que ello conlleva para la región, sus vecinos y Colombia.

Por ello la salida de Maduro, y la élite chavista, no representa una solución en el corto plazo. Por el contrario, la transformación en los factores de seguridad y la proliferación de actores hacen el caso venezolano una caja de pandora. Es fundamental entender que la ruptura del Estado complejiza la transición a la democracia, y que se puede pasar de una convivencia parasitaria entre actores cuestionables a un desgobierno total. La amenaza chavista se fundamenta en advertir que ante la eventual salida traumática de la Revolución Bolivariana estarían dispuestos a llevar al país a un conflicto armado prolongado, y buscar legitimarse con un capítulo bélico. Lo que para muchos son las palabras desesperadas de un régimen en sus últimos extractores no pueden ser subestimadas.

Cualquier proceso de reconstrucción en Venezuela estará amenazado por los intereses de las organizaciones armadas legales e ilegales que han adquirido importantes cuotas de poder en los últimos años, que se han apropiado de espacios lucrativos, incluso llegando a tener verdadero dominio territorial, a todo lo cual no están dispuestos a renunciar fácilmente.

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La reconfiguración de las relaciones de seguridad, en Venezuela, complejizan las relaciones con Colombia por los niveles de articulación de esta nueva realidad con los problemas estructurales que se desprenden del conflicto armado colombiano y la reacomodación de actores producto del posacuerdo con las Farc, todo lo cual converge en la zona de frontera.

La respuesta colombiana ante esta nueva situación, de la cual los flujos de movilidad humana son una de sus principales consecuencias, se deben plantear a largo plazo. Ello implica considerar y entender que el Estado venezolano es un Estado frágil y que los pactos sociales entre los ciudadanos con dicho Estado y entre ellos se encuentran seriamente dañados. En otras palabras, la reconstrucción de Venezuela no será rápida y estará plagada de amenazas de actores criminales. Tanto la futura ley migratoria como la futura ley de fronteras deben plantearse como instrumentos para enfrentar dicha realidad en el largo plazo. El Estado Colombiano, gobierno y legislativo, deben aceptar que el movimiento humano no es un fenómeno temporal y que se requerirá una respuesta articulada de la cual el marco legal es la base.

*Coordinador del proyecto “Edificando Consensos para la Migración” del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer Stiftung. @ronalfrodriguez​

Las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana en los últimos 20 años no sólo han causado una emergencia humanitaria compleja y la crisis migratoria que hoy impacta a Colombia y a la región. Venezuela se ha convertido en un país problema: el cambio en los temas de seguridad, las concesiones que han desarticulado el monopolio de la fuerza, la pérdida del dominio territorial y la permisividad con actores ilegales se convierten en un riesgo para sus vecinos, especialmente para Colombia con quien comparte su única frontera viva.

La violencia fue una de las primeras causas de la migración de los venezolanos, sobre todo al inicio de la diáspora. Como la violencia contra los sectores opositores era abalada por el oficialismo, aquellos ciudadanos que disentían del gobierno y no podían costearse seguridad privada se vieron obligados a salir del país ante la imposibilidad de contar con la protección del Estado o tener acceso a la justicia.

En la zona de frontera convergen las distorsiones causadas por el chavismo en materia de seguridad con los problemas estructurales que se desprenden del conflicto armado colombiano. La falta de comunicación y desconfianza existente entre las autoridades nacionales y locales de ambos países dan lugar a un ecosistema de criminalidad, el cual se presta para delitos como: el contrabando de combustibles y alimentos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la falsificación de papel moneda, el proxenetismo y explotación sexual de mujeres, jóvenes, niños y niñas, y ahora con la crisis migratoria, está creciendo rápidamente la trata y el tráfico de personas.

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Se suele pensar que con la caída del régimen de Nicolás Maduro los problemas migratorios se resolverán, que todos los venezolanos regresarán a reconstruir su país y que los riesgos de seguridad que hoy implica la hegemonía chavista desaparecerán de la frontera. Pero la dimensión de la crisis venezolana no sólo se restringe a la gestión de un mal gobierno, su tendencia político-ideológica, tampoco se limita a la pérdida del sistema democrático o la imposición de una dictadura que se autodenomina de izquierda. La crisis venezolana implica el desmonte del Estado como parte de una estrategia de supervivencia de un proyecto político fallido y de un liderazgo nocivo, con los riesgos y amenazas que ello conlleva para la región, sus vecinos y Colombia.

Por ello la salida de Maduro, y la élite chavista, no representa una solución en el corto plazo. Por el contrario, la transformación en los factores de seguridad y la proliferación de actores hacen el caso venezolano una caja de pandora. Es fundamental entender que la ruptura del Estado complejiza la transición a la democracia, y que se puede pasar de una convivencia parasitaria entre actores cuestionables a un desgobierno total. La amenaza chavista se fundamenta en advertir que ante la eventual salida traumática de la Revolución Bolivariana estarían dispuestos a llevar al país a un conflicto armado prolongado, y buscar legitimarse con un capítulo bélico. Lo que para muchos son las palabras desesperadas de un régimen en sus últimos extractores no pueden ser subestimadas.

Cualquier proceso de reconstrucción en Venezuela estará amenazado por los intereses de las organizaciones armadas legales e ilegales que han adquirido importantes cuotas de poder en los últimos años, que se han apropiado de espacios lucrativos, incluso llegando a tener verdadero dominio territorial, a todo lo cual no están dispuestos a renunciar fácilmente.

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La respuesta colombiana ante esta nueva situación, de la cual los flujos de movilidad humana son una de sus principales consecuencias, se deben plantear a largo plazo. Ello implica considerar y entender que el Estado venezolano es un Estado frágil y que los pactos sociales entre los ciudadanos con dicho Estado y entre ellos se encuentran seriamente dañados. En otras palabras, la reconstrucción de Venezuela no será rápida y estará plagada de amenazas de actores criminales. Tanto la futura ley migratoria como la futura ley de fronteras deben plantearse como instrumentos para enfrentar dicha realidad en el largo plazo. El Estado Colombiano, gobierno y legislativo, deben aceptar que el movimiento humano no es un fenómeno temporal y que se requerirá una respuesta articulada de la cual el marco legal es la base.

*Coordinador del proyecto “Edificando Consensos para la Migración” del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer Stiftung. @ronalfrodriguez​