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El Tribunal Municipal de Camagüey sentenció con penas de hasta 15 años de cárcel por delitos como sedición y propaganda enemiga a 13 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de la localidad de Nuevitas, este de Cuba, en agosto de 2022.
De acuerdo con un listado proporcionado a EFE por la oenegé Justicia 11J, solo una persona -una mujer acusada de sedición- fue absuelta por falta de pruebas, mientras que el resto obtuvo sanciones de entre cuatro y 15 años de prisión.
Además de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado, el tribunal consideró probados los delitos de sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia. En total, las penas ascienden a los 138 años de cárcel. De tal forma, el dictamen cumple así con buena parte de la petición realizada originalmente por la Fiscalía, a la que obtuvo acceso EFE. La sentencia no es firme y podrá ser apelada.
El juicio -que en principio iba a tener lugar en diciembre, pero fue pospuesto- se celebró en enero, en dos sesiones de 12 horas cada una. Al interior de la sala solo pudieron acceder dos familiares por detenido, según contaron a EFE testigos presenciales. En los alrededores del tribunal se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que cerró varias calles adyacentes. Nuevitas, una ciudad costera de unos 60.000 habitantes, fue escenario en agosto de 2022 de algunas de las mayores protestas antigubernamentales de Cuba desde el 11 de julio de 2021 (11J).
ONG y activistas han denunciado en términos generales en estos juicios que, además de graves irregularidades en el debido proceso, estas sentencias tienen un carácter ejemplarizante y disuasorio. De acuerdo con el informe mensual del pasado marzo de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, en Cuba hay 1.092 personas encarceladas por razones políticas.
El caso de Mayelín Rodríguez Prado
En el grupo de personas condenadas, esta joven, que transmitió las protestas por Facebook, fue la que recibió la máxima condena: 15 años de prisión, a pedido de la Fiscalía. Aunque la entidad también había solicitado la misma pena para José Armando Torrente Muñoz, él fue condenado a 14 años de privación de libertad por los delitos de sedición, atentado y resistencia, informó el medio 14 y medio.
Conocida como La Chamaca, Prado grabó el momento en el que la Policía cubana golpeó a tres niñas durante la manifestación, así como otras escenas represivas contra los participantes de la revuelta. La joven, que tiene una hija pequeña, fue detenida en su casa, quedando incomunicada en una sede de la Seguridad del Estado.
La sentencia judicial dictada recientemente por el Tribunal Municipal de Camagüey, a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), detalla que el tribunal acordó sancionar a Prado como “autora de un delito intencional y consumado de propaganda enemiga de carácter continuado” y como “autora de un delito intencional y consumado de sedición”.
Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, le dijo al periódico español El Mundo que “estas condenas son inhumanas (...) y son un mensaje intimidatorio al cubano de a pie, protagonista de las manifestaciones públicas contra el régimen. No hay soluciones para los problemas que agobian a la gente, sino cárcel, multas y todo tipo de hostigamiento, mientras una parte de la comunidad internacional mira para otro lado”.
Algo similar le advirtió al diario El País el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex: “Mayelín fue quien dio visibilidad a las protestas y a la represión de las autoridades, por eso esta condena como una forma de castigarla. El mensaje está claro. Cualquier persona que proteste, por muy pacífico que lo haga, en cualquier parte de Cuba, será sancionada (...). El mensaje es transmitir que cualquier persona, que incluso no participe en la manifestación, pero que la grabe, haga fotos o videos, va a ser también sancionada”.
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