La encrucijada de las políticas penitenciarias en América Latina

Debido al aumento de la violencia en varios países de América Latina, la respuesta de los Gobiernos ha sido el endurecimiento de los sistemas de justicia penal y el incremento de las penas. Esto se debe a que los sistemas políticos adoptan como estrategia de legitimación el estandarte de iniciativas legislativas populistas. Esto ha dado lugar a que las tasas de población carcelaria hayan aumentado de forma constante durante las últimas décadas. De esta manera, se reproducen los modelos basados en la inocuización y neutralización del individuo en las prisiones, como el modelo de Nayib Bukele que tiene al 2 % de la población de El Salvador tras las rejas.

En la actualidad existe una disyuntiva dialéctica sobre los sistemas penitenciarios, entre los modelos resocializadores y aquellos que se basan en la limitación de los derechos humanos y el castigo de las personas privadas de libertad. Ante esta dualidad, existe una serie de elementos fundamentales que deben ser considerados al momento de la creación de una política penitenciaria que fomente la reinserción, la protección de la sociedad y la disminución de reincidencia delictiva, como lo establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son conocidas desde 2015 como Reglas Nelson Mandela (regla 4).

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En América Latina, cuando se recorren diferentes prisiones, se puede constatar que en prácticamente todas las regiones se evidencia un abuso y violación de los derechos que garantizan una vida digna a las personas que se encuentran en prisión. La sobreocupación y el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias se debe a la combinación de diferentes factores, entre otros, de un sistema de justicia que ha privilegiado durante décadas el empleo de la pena privativa de la libertad sobre el resto de las opciones existentes.

En el 2022, formé parte del grupo que elaboró el informe sobre la disminución de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas. El informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo de expertos del Sistema de Justicia Penal, que se efectuó a principios de año y en la cual, especialistas, académicos, jueces y operadores de los sistemas penitenciarios de todas las regiones del mundo colaboramos mediante la presentación de experiencias y evaluación de prácticas prometedoras y sus resultados.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para considerar en el momento de identificar medidas, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva? ¿Y qué estrategias debemos utilizar para la elaboración de una política penitenciaria basada en evidencia empírica? Estas opciones pueden ser proporcionadas como una estrategia práctica y flexible, y no de carácter prescriptivo, en el contexto de las circunstancias específicas de cada nación, y ser consideradas como alternativas para la prevención del delito y la justicia penal.

De manera general, las conclusiones mencionan los esfuerzos para disminuir la reincidencia a partir de “un enfoque global y multisectorial que incluya no solo las medidas dentro del sistema de justicia penal, sino también las medidas externas”. Es imprescindible, con miras a reducir la reincidencia, “abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género”.

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En relación con el sistema de justicia penal, es fundamental, para reducir la reincidencia, el uso efectivo de medidas no privativas de libertad, las políticas de imposición de penas, el tratamiento en las prisiones, la rehabilitación efectiva y los programas de reinserción social. También es clave la elaboración de “programas de justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tanto como medida de remisión como alternativa o complemento a las intervenciones de la justicia penal existentes en todas las fases del proceso de justicia penal”.

La falta de políticas penitenciarias basadas en evidencia empírica, el empleo de modelos que se fundamentan exclusivamente en la inocuización y el castigo extremo, la ampliación y prolongación de las penas, la eliminación del debido proceso durante la prisión y la suplantación de auténticos sistemas de rendición de cuentas han sido las características de la mayor parte de los sistemas penitenciarios en la región.

Por ello, más allá de estas medidas, y de la necesidad de proteger al sistema penitenciario y su administración de la corrupción y el oportunismo, es necesario fomentar un compromiso político y hacer nuevas estrategias de cooperación interinstitucional entre la administración penitenciaria y los organismos externos.

El objetivo es reducir el uso discursivo de los modelos de reinserción y fomentar el compromiso de llevar a cabo una verdadera transformación de los sistemas penitenciarios. El aumento de la inequidad en el ejercicio de derechos en las cárceles ha causado y exacerbado el incremento de la violencia durante años, lo cual solo se podrá superar mediante la aplicación de los principios del Estado de derecho en la vida cotidiana de las prisiones.

* Aarón Sánchez es administrador público y criminólogo, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Ciudad de México. Vicepresidente del Colegio de Penitenciaristas del Valle de México.

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Debido al aumento de la violencia en varios países de América Latina, la respuesta de los Gobiernos ha sido el endurecimiento de los sistemas de justicia penal y el incremento de las penas. Esto se debe a que los sistemas políticos adoptan como estrategia de legitimación el estandarte de iniciativas legislativas populistas. Esto ha dado lugar a que las tasas de población carcelaria hayan aumentado de forma constante durante las últimas décadas. De esta manera, se reproducen los modelos basados en la inocuización y neutralización del individuo en las prisiones, como el modelo de Nayib Bukele que tiene al 2 % de la población de El Salvador tras las rejas.

En la actualidad existe una disyuntiva dialéctica sobre los sistemas penitenciarios, entre los modelos resocializadores y aquellos que se basan en la limitación de los derechos humanos y el castigo de las personas privadas de libertad. Ante esta dualidad, existe una serie de elementos fundamentales que deben ser considerados al momento de la creación de una política penitenciaria que fomente la reinserción, la protección de la sociedad y la disminución de reincidencia delictiva, como lo establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son conocidas desde 2015 como Reglas Nelson Mandela (regla 4).

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En el 2022, formé parte del grupo que elaboró el informe sobre la disminución de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas. El informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo de expertos del Sistema de Justicia Penal, que se efectuó a principios de año y en la cual, especialistas, académicos, jueces y operadores de los sistemas penitenciarios de todas las regiones del mundo colaboramos mediante la presentación de experiencias y evaluación de prácticas prometedoras y sus resultados.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para considerar en el momento de identificar medidas, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva? ¿Y qué estrategias debemos utilizar para la elaboración de una política penitenciaria basada en evidencia empírica? Estas opciones pueden ser proporcionadas como una estrategia práctica y flexible, y no de carácter prescriptivo, en el contexto de las circunstancias específicas de cada nación, y ser consideradas como alternativas para la prevención del delito y la justicia penal.

De manera general, las conclusiones mencionan los esfuerzos para disminuir la reincidencia a partir de “un enfoque global y multisectorial que incluya no solo las medidas dentro del sistema de justicia penal, sino también las medidas externas”. Es imprescindible, con miras a reducir la reincidencia, “abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género”.

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En relación con el sistema de justicia penal, es fundamental, para reducir la reincidencia, el uso efectivo de medidas no privativas de libertad, las políticas de imposición de penas, el tratamiento en las prisiones, la rehabilitación efectiva y los programas de reinserción social. También es clave la elaboración de “programas de justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tanto como medida de remisión como alternativa o complemento a las intervenciones de la justicia penal existentes en todas las fases del proceso de justicia penal”.

La falta de políticas penitenciarias basadas en evidencia empírica, el empleo de modelos que se fundamentan exclusivamente en la inocuización y el castigo extremo, la ampliación y prolongación de las penas, la eliminación del debido proceso durante la prisión y la suplantación de auténticos sistemas de rendición de cuentas han sido las características de la mayor parte de los sistemas penitenciarios en la región.

Por ello, más allá de estas medidas, y de la necesidad de proteger al sistema penitenciario y su administración de la corrupción y el oportunismo, es necesario fomentar un compromiso político y hacer nuevas estrategias de cooperación interinstitucional entre la administración penitenciaria y los organismos externos.

El objetivo es reducir el uso discursivo de los modelos de reinserción y fomentar el compromiso de llevar a cabo una verdadera transformación de los sistemas penitenciarios. El aumento de la inequidad en el ejercicio de derechos en las cárceles ha causado y exacerbado el incremento de la violencia durante años, lo cual solo se podrá superar mediante la aplicación de los principios del Estado de derecho en la vida cotidiana de las prisiones.

* Aarón Sánchez es administrador público y criminólogo, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Ciudad de México. Vicepresidente del Colegio de Penitenciaristas del Valle de México.

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