La Fiscalía busca la pena de prisión para Cristina Fernández, ¿de qué la acusan?
La vicepresidenta de Argentina puede enfrentarse a una pena de hasta 16 años de cárcel, así como a la inhabilidad política, frente a un caso de defraudación del Estado. Pero para que la sentencia sea ejecutada, esta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas del 2023.
La Fiscalía se dispone a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.
Ella, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019, junto con otras doce personas, en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos. En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” para defraudar al Estado, mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
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“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra, de manera contundente, las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final. La causa abarca también el período de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
¿Qué ha dicho la vicepresidenta?
Fernández de Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya terminó. “Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del Estado de Derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, declaró el abogado.
Anteriormente, ella había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como la del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Los delitos por los que se acusa a Fernández de Kirchner (liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado) implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilidad política. Pero para que la sentencia sea ejecutada, esta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas del 2023.
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Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene diez días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia finales de año.
Los seguidores de Fernández de Kirchner dicen que hay una persecución en su contra
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denunciaron una persecución. Una carta pública, firmada el domingo por más de medio millar de alcaldes, respaldó a Fernández de Kirchner, a quien consideraron “víctima de una persecución judicial”. También, algunos diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales, lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo”, aseveró la semana pasada.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
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La Fiscalía se dispone a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.
Ella, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019, junto con otras doce personas, en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos. En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” para defraudar al Estado, mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
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“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra, de manera contundente, las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final. La causa abarca también el período de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
¿Qué ha dicho la vicepresidenta?
Fernández de Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya terminó. “Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del Estado de Derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, declaró el abogado.
Anteriormente, ella había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como la del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Los delitos por los que se acusa a Fernández de Kirchner (liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado) implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilidad política. Pero para que la sentencia sea ejecutada, esta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas del 2023.
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En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denunciaron una persecución. Una carta pública, firmada el domingo por más de medio millar de alcaldes, respaldó a Fernández de Kirchner, a quien consideraron “víctima de una persecución judicial”. También, algunos diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales, lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo”, aseveró la semana pasada.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
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