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La Fiscalía de Ecuador conocería quiénes ordenaron el asesinato de Villavicencio

Tras el comunicado emitido por la entidad, en el que se afirma que una declaración de un testigo dio luces sobre quiénes podrían ser los autores intelectuales del reciente magnicidio en Ecuador, el correísmo salió a desmentir supuestas acusaciones en su contra.

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09 de octubre de 2023 - 10:28 p. m.
Fotografía de archivo, fechada el 12 de junio de 2023, que muestra a Fernando Villavicencio durante la inscripción de su candidatura presidencial, en Quito, Ecuador.
Fotografía de archivo, fechada el 12 de junio de 2023, que muestra a Fernando Villavicencio durante la inscripción de su candidatura presidencial, en Quito, Ecuador.
Foto: EFE - José Jácome
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La Fiscalía de Ecuador dio a conocer a través de X, antes Twitter, que sabría quiénes son los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. A través de un comunicado del domingo, la entidad escribió: “Se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, bajo juramento, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen”.

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En su pronunciamiento público también estableció que “se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito” y dio por terminada la etapa de instrucción fiscal, tras haber destinado 90 días para recoger material probatorio relacionado con la identificación del autor del crimen.

Horas antes, el expresidente Rafael Correa escribió en X que fue informado de que el testigo que rindió su versión ante la Fiscalía el domingo lo habría inculpado en el crimen de Villavicencio. Según él, se estaría intentando crear un escenario para impedir que su candidata a la Presidencia, Luisa González, ganara los comicios, en los que se enfrenta con el empresario Daniel Noboa. “Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad”, escribió Correa.

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Por su parte, Revolución Ciudadana, su partido, calificó de “infamia” el supuesto testimonio que vincula al correísmo con el asesinato de Fernando Villavicencio y cuestionó que se intente señalarlos cuando la seguridad de Villavicencio y de los presuntos autores materiales de su homicidio, que fueron asesinados, estaba a cargo del Estado ecuatoriano. El texto dice: “Aun en contra de toda lógica, resulta que, manipulando la opinión pública, la culpa es nuestra, que dejamos de ser gobierno hace siete años (…). Rechazo enérgico a cualquier tipo de acusación malintencionada, que, carentes de pruebas y fundamentos, pretende atentar deliberadamente contra la democracia a días de las elecciones presidenciales”.

Un ecuatoriano y seis colombianos, muertos en una cárcel de Ecuador

Los seis colombianos que estaban presos como presuntos autores materiales del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fueron asesinados el viernes en una cárcel de Guayaquil. Horas después, el sábado, a más de 400 kilómetros de distancia, el cuerpo de un séptimo vinculado con el crimen, de nacionalidad ecuatoriana, fue encontrado muerto en la cárcel El Inca, de Quito. Según información obtenida por medios y expertos en seguridad, los reos fueron hallados ahorcados con sábanas.

Tras estos hechos, el gobierno de Guillermo Lasso anunció una denuncia penal contra el director subrogante de la Penitenciaría del Litoral (oficialmente Guayas 1), José Antonio M. V., a quien el domingo un juez le dictó prisión preventiva por los hechos ocurridos el 6 de octubre.

Además, Lasso, tras un consejo de seguridad que llevó a cabo luego de volver de Nueva York (en donde estaba por asuntos personales y desde donde partiría a una gira por Corea del Sur, que se vio obligado a cancelar), ordenó un remezón en la cúpula policial a raíz de los hechos. Salieron el comandante de la Policía, el jefe de investigaciones de la misma institución y el jefe de la autoridad carcelaria. Además, se ordenó el traslado de los seis detenidos vinculados con el magnicidio de Villavicencio que quedan “para resguardar su seguridad”, según un comunicado de la Presidencia.

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