Fiscalía de Perú niega abusos en el operativo en la casa de la presidenta Boluarte
Con orden de un juzgado, la Fiscalía declaró como legítimo el allanamiento del domicilio de la mandataria de Perú, Dina Boluarte, investigada por enriquecimiento ilícito y quien ha sido llamada a exhibir los relojes Rolex en su posesión en la declaratoria que deberá realizar el próximo viernes.
La Fiscalía de Perú negó haber actuado de forma ilegítima o abusiva en el allanamiento del domicilio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como parte de una investigación por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, y la llamó a exhibir los relojes Rolex en su posesión en la declaratoria que deberá realizar el próximo viernes.
La presidenta, no obstante, envió una carta al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para solicitar que se le tome declaración “de forma inmediata” en vista de la “turbulencia política” que se produce por la investigación en su contra.
Aún no se conoce la respuesta de la Fiscalía a esta solicitud.
En un comunicado del sábado 30 de marzo, el Ministerio Público había detallado que el allanamiento se realizó “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema” y, por tanto, descartaron que la intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
Además, se explicaron detalles para esclarecer porque tuvieron que romper la cerradura de la vivienda de Boluarte, después de esperar diez minutos desde que el hijo de la mandataria les solicitara “un momento” y este no les abriera la puerta.
A su vez, se negó que la propia institución hubiera difundido el video de cuando se rompió dicha cerradura y que circuló en redes y medios.
Por último, se aclaró que “en la referida diligencia, no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió, sin embargo, se obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Esto ocurre en respuesta a la denuncia de la mandataria quien señaló el allanamiento de su casa como una medida “arbitraria, desproporcional y abusiva”.
Durante un mensaje a la nación luego de las operaciones ordenadas en su contra, también mencionó que “viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca a la democracia, generando inestabilidad política, social y económica”.
La presidenta Boluarte es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos, conocido como el “caso Rolex”. Hasta ahora la mandataria negó tener irregularidades en su patrimonio y explicó que los bienes en cuestión (relojes de lujo) eran antiguos y fruto de su trabajo.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte, de 61 años y quien fue investida como presidenta tras la destitución de Pedro Castillo (de quien era vicepresidenta) en 2022, solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
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La Fiscalía de Perú negó haber actuado de forma ilegítima o abusiva en el allanamiento del domicilio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como parte de una investigación por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, y la llamó a exhibir los relojes Rolex en su posesión en la declaratoria que deberá realizar el próximo viernes.
La presidenta, no obstante, envió una carta al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para solicitar que se le tome declaración “de forma inmediata” en vista de la “turbulencia política” que se produce por la investigación en su contra.
Aún no se conoce la respuesta de la Fiscalía a esta solicitud.
En un comunicado del sábado 30 de marzo, el Ministerio Público había detallado que el allanamiento se realizó “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema” y, por tanto, descartaron que la intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
Además, se explicaron detalles para esclarecer porque tuvieron que romper la cerradura de la vivienda de Boluarte, después de esperar diez minutos desde que el hijo de la mandataria les solicitara “un momento” y este no les abriera la puerta.
A su vez, se negó que la propia institución hubiera difundido el video de cuando se rompió dicha cerradura y que circuló en redes y medios.
Por último, se aclaró que “en la referida diligencia, no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió, sin embargo, se obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Esto ocurre en respuesta a la denuncia de la mandataria quien señaló el allanamiento de su casa como una medida “arbitraria, desproporcional y abusiva”.
Durante un mensaje a la nación luego de las operaciones ordenadas en su contra, también mencionó que “viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca a la democracia, generando inestabilidad política, social y económica”.
La presidenta Boluarte es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos, conocido como el “caso Rolex”. Hasta ahora la mandataria negó tener irregularidades en su patrimonio y explicó que los bienes en cuestión (relojes de lujo) eran antiguos y fruto de su trabajo.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte, de 61 años y quien fue investida como presidenta tras la destitución de Pedro Castillo (de quien era vicepresidenta) en 2022, solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
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