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Cientos de familias salvadoreñas buscan en centros de detención y cárceles a las casi 6.000 personas que han sido arrestadas desde el pasado 27 de marzo en el país, fecha en la que entró en vigor el estado de emergencia que decretó el Gobierno de Nayib Bukele en el marco de su renovada guerra contra las pandillas. Los detenidos están acusados de pertenecer a las llamadas maras de El Salvador, aunque las autoridades no presentan pruebas de ello.
“Toman a los justos por pecadores. Es bueno que la policía haga su trabajo, pero es injusto que también se lleven a los trabajadores y, peor aún, que los traten como animales”, le dijo Carmen Rodríguez, una mujer que vio cómo arrestaban a su esposo, a su hermano y a su sobrino, al diario The Guardian.
El presidente salvadoreño sostiene que los arrestos son la ruta para combatir a las pandillas, a quienes acusa de ser las responsables del aumento de la ola de violencia y del aumento de homicidios en el país. El Salvador vivió el pasado 26 de marzo su jornada más sangrienta desde el fin de la guerra civil en 1992, con 62 asesinatos en un solo día.
Bajo el estado de emergencia, los derechos constitucionales en El Salvador, como la presunción de inocencia, han quedado suspendidos. Mientras Bukele ha dicho que todas las personas arrestadas pertenecen a las pandillas salvadoreñas, las familias de los detenidos dicen que sus seres queridos son inocentes y que lo que están haciendo las autoridades es ilegal.
“Yo pienso que el presidente lo único que quiere es poner números ahí, nada más para que la gente lo aplauda. Pero allí adentro hay gente inocente, gente que no ha hecho nada. Sí es cierto que también han sacado pandilleros, no se lo voy a negar. Pero la gran mayoría que está allí son gente inocente”, le dijo María del Carmen Murcia, madre de uno de los detenidos, al medio independiente Democracy Now.
No es la primera vez que un gobierno salvadoreño busca resolver el problema de la violencia de las pandillas, que surgió en la década de los 80, con mano dura, aunque las políticas en esta línea han demostrado ser poco efectivas. Pero la postura cada vez más combativa de Bukele ha dejado claro que, más que perseguir a las pandillas y buscar erradicar la violencia, lo que quiere el presidente es acorralar a quienes pueden cuestionarlo mientras extiende su autoritarismo.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Open Society de George Soros, que financian medios independientes, han sido asociadas con las pandillas por el mandatario. Los periodistas son sometidos a intervenciones de sus comunicaciones, así como los políticos de la oposición. Aquel que piense diferente a Bukele ya está en el radar del mandatario.
Tales señalamientos han alarmado a organizaciones como Amnistía Internacional, que ha declarado que “el discurso de confrontación del presidente Bukele estigmatiza y ataca a defensores de derechos humanos, oenegés internacionales y medios independientes por expresar sus preocupaciones sobre dichas medidas”.
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El decreto del estado de excepción, que le permite a las autoridades registrar los teléfonos de los civiles, podría extenderse luego de los 30 días si es que la Asamblea Legislativa, controlada por aliados del presidente, lo aprueba.
Según Human Rights Watch, en El Salvador ya no hay instituciones independientes que puedan controlar a Bukele. La organización que defiende los derechos humanos teme que la situación empeore y que la población se encuentre en riesgo.
“El gobierno debería abordar la violencia de las pandillas en El Salvador, pero debería hacerlo respetando los derechos. Y en lugar de proteger a las personas a través del estado de emergencia, que es extremadamente amplio, solo está poniendo en riesgo sus derechos y vemos las consecuencias con estas redadas”, indicó HRW.
Además del preocupante aumento de la represión, las detenciones masivas reviven un problema de larga data en el país: la sobrepoblación en las cárceles. El Salvador es una de las naciones con más hacinamiento en las cárceles, según el World Prison Brief. A Bukele, sin embargo, estas cifras lo tienen sin cuidado. Para enfrentar la crisis carcelaria, el mandatario ha comunicado su intención de racionar la comida de los pandilleros para alimentar a los nuevos reclusos.
“Desde el domingo, la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol”, escribió el mandatario.
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La política de encarcelamiento a todas las personas relacionadas que se consideren cercanas a las pandillas promete que, como otras campañas de línea dura, no resolverá la ola de violencia en El Salvador. Según El Faro, el incremento de los asesinatos tiene solo una razón de fondo: las pandillas, con las que Bukele ha negociado en secreto, según este medio y Estados Unidos, le están exigiendo al Gobierno “algo que no les han dado”.
“La baja en la cifra de homicidios estaba centrada en el poder de las pandillas de abrir y cerrar a voluntad la válvula de los homicidios y esa ha sido su moneda en la negociación bajo la mesa con Bukele. Todo parece indicar que el horror del fin de semana es el fracaso de esas negociaciones. Setenta y cuatro muertos en 48 horas. Fin del engaño del Plan Control Territorial”, indicó el diario en su editorial del 28 de marzo.
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