“Querer cambiarlo todo es lo mismo que destruirlo todo”, Vincenzo Cuoco, 1801
En México se comete en promedio un asesinato cada 15 minutos, es decir, 95 al día. 14 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encuentran en este país, según datos de 2024 de la consultora World Population Review. Tijuana y Acapulco encabezan la lista, con más de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno mexicano reportó que entre 2018 y 2024 se cometieron 180.000 asesinatos: son 30.000 más que en el sexenio de Enrique Peña, 60.000 más que durante el gobierno de Felipe Calderón y más del doble que en el gobierno de Vicente Fox. Solo en junio de 2024 se cometieron 2.673 homicidios. Seis entidades concentran el 50 % de los homicidios dolosos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
A septiembre de 2024 se calcula que en México hay 116.000 personas desaparecidas, aunque esta cifra solo se contabiliza desde 2006. En 2022 se registraron 52.000 personas fallecidas sin identificar, y actualizar las cifras es complicado, pues los servicios forenses son insuficientes. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la localización e identificación de personas desaparecidas, los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,7 % de los cuerpos no identificados.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, creada en 2017, preveía el Banco Nacional de Datos Forenses, pero no se ha concretado. Estos números son la base de una situación que podría ser peor. En 2018, unos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, en el estado de Jalisco se encontró un camión refrigerante “abandonado” con 273 cuerpos en descomposición. Al inicio se pensó que el crimen organizado lo había dejado, pero no. Resultó que el mismo gobierno del estado lo estaba utilizando, pues la morgue, con una capacidad máxima para 200 cuerpos, ya no podía albergar más.
Ante la incapacidad del estado mexicano de enfrentar este problema y detener la espiral de violencia, se han creado diversos colectivos, prácticamente todos encabezados por mujeres madres de las personas desaparecidas. Las Madres Buscadoras son más de 60 organizaciones que desde 2019 han logrado encontrar a más de 1.230 personas en fosas clandestinas y a 1.300 personas con vida en diversos estados del país e incluso en Centroamérica. Pero su actividad se ha vuelto igualmente peligrosa, pues han matado a más de diez madres buscadoras, algunas en frente de los edificios gubernamentales, y López Obrador abiertamente las ignoró durante su gobierno a pesar de su promesa de apoyarlas.
Populismo neoliberal
Durante este gobierno se crearon 14 programas sociales del “bienestar”. Siete de ellos son asignaciones directas, tales como: pensión a adultos mayores, becas para educación básica, media y superior, a personas con discapacidad y madres solteras. Entre 2019 y 2024 el gobierno erogó en estos programas 2,73 billones de pesos y, según sus propios datos, el 79 % de los hogares en el país recibe al menos uno de estos apoyos. Esto explica por qué, a pesar de los graves índices de inseguridad e impunidad, el partido oficial no tuvo voto de castigo en las últimas elecciones. Empero también explica por qué, según datos del Banco de México, el déficit fiscal es de casi el 6 % del PIB, el más alto de los últimos 35 años.
Del 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 registró el asesinato de 167 periodistas, 47 de ellos en el sexenio de López Obrador, igual número que en el sexenio de Peña Nieto. El 2022 fue el año más grave, con 13 periodistas asesinados. Reporteros sin Fronteras considera a México uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para ejercer el periodismo. El sector de las telecomunicaciones está dominado por Telmex; la radio y televisión, por Televisa; mientras que la Organización Editorial Mexicana posee 70 periódicos, 24 emisoras de radio y 44 webs informativas. Durante su gestión, López Obrador nunca compareció ante el Congreso de la Unión —salvo cuando tomó posesión—, jamás se reunió con líderes de la oposición y despreció a diversos colectivos, incluidos los de las madres de personas desaparecidas, pero siempre tuvo las puertas abiertas del Palacio Nacional para los grandes empresarios del país, sobre todo los de las empresas arriba señaladas.
Política sin Estado de Derecho
El gobierno de López Obrador reservó toda la información respecto a las obras más emblemáticas de su sexenio, como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y muchas otras políticas bajo el pretexto de seguridad nacional, con el objetivo de evadir la auditoría ciudadana. Ello explica por qué México ocupó en 2023 la posición 126 de 180 países en el índice de Transparencia Internacional, con niveles de corrupción similares a los de El Salvador, Kenia y Togo, y el peor evaluado entre los países que conforman la OCDE. Si la razón de ser del estado y del gobierno es por sobre de todas las cosas brindar seguridad a su ciudadanía para evitar los horrores del “estado de naturaleza”, podemos afirmar que esta función hace años que no existe en México, y que se agravó entre 2018 y 2024 bajo un gobierno que prometió detener la espiral de violencia con “abrazos y no balazos”.
Por donde se vea, el balance del gobierno de López Obrador es negativo, y esta es la herencia que recibirá su sucesora, Claudia Sheinbaum. Cualquiera que sea el significado que muchas personas le han dado a su triunfo como nueva Jefa de Estado y de Gobierno, queda ensombrecido por su empeño en seguir al pie de la letra lo que dice López Obrador, por no tener una agenda propia y por someterse voluntariamente a los designios de los líderes del partido Morena, para quienes su único proyecto político es demostrar quién es más abyecto ante el presidente saliente.
Pero el presidencialismo mexicano tiene unas reglas no escritas que poco han cambiado, y entre estas hay dos que son inevitables: primero, que el presidente saliente pierde poder inmediatamente, y segundo, que el nuevo, para tener éxito, debe romper con su antecesor, sobre todo si son del mismo partido. López Obrador es consciente de ello, lo que explica la presión a la que ha sometido a los nuevos legisladores de su partido para que aprueben fast track sus reformas que afectan al Poder Judicial y a los órganos autónomos, para que ninguna de estas instituciones lo persigan, ni a sus colaboradores, cuando hayan dejado el gobierno. Como dice el dicho, “el miedo no anda en burro”.
*Fernando Barrientos del Monte es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
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