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El pasado 3 de enero, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció con bombos y platillos que las autoridades pudieron desmantelar una célula que estaría preparando un atentado terrorista como el que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. El vocero presidencial, Manuel Adorni, no tardó en felicitar el “buen trabajo” de la funcionaria. Pero a los pocos días, los medios argentinos, como Página 12, empezaron a reportar inconsistencias en la historia. Este martes, una jueza terminó de desmontar lo que la prensa califica como “un show”.
Las autoridades habían detenido a tres ciudadanos: Naem Chatay Chassan, de 67 años, de orígen sirio-libanés; Juan Manuel Ledesma, quien decía ser “mercenario” y “periodista”; y Ramón Alberto Domínguez, quien también era, supuestamente, sirio-libanés. Los tres, decía la acusación, estaban planeando un ataque contra la comunidad judía en Buenos Aires.
En estos casos de denuncias de tramas de terrorismo internacional, la recomendación es que las autoridades sean reservadas, según destaca el periodista Raúl Kollman en Página 12. Si la denuncia era legítima, una salida apresurada podría generar que otros tentáculos de la célula terrorista se escondan, por lo que la amenaza no estaría controlada. Sin embargo, este no era el caso.
La jueza María Eugenia Capuchetti emitió un fallo de 22 páginas en las que expone que “no hay pruebas” que sustenten la denuncia de un complot terrorista que hizo Bullrich, por lo que ordenó poner en libertad a los tres ciudadanos implicados en la historia. Sin embargo, les prohibió la salida del país hasta que se encuentren todos los detalles de lo que ocurrió.
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¿Cuál es la verdadera historia?
Juan Manuel Ledesma confesó que se había inventado una historia: el conserje amigo de un hotel le comentó que al país viajaba un sirio-libanés que además tenía pasaporte colombiano. Este era Naem Chatay Chassan, quien vivió en Venezuela y, al estallar la crisis en 2018, se mudó a Colombia. De inmediato se le despertó la “imaginación narrativa”. Ledesma le contó a un amigo policía sobre el viaje de Chatay Chassan, exagerando los detalles sobre el peligro de lo que esto representaba: no era ninguna amenaza.
Luego de esto, Ledesma fue a cortarse el pelo y le escuchó a la dueña del lugar que un joven, quien vendría a ser Domínguez en la historia, estaba metido en un gran problema, pues lo estaban presionando para recibir un paquete procedente de Yemen y no quería recibirlo.
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Con todos estos detalles y personajes, Ledesma habría llamado a las autoridades y a la Embajada de Israel, de manera anónima, para alertar de una trama de terrorismo. Sobre esta denuncia, Bullrich armó todo un “espectáculo”, como lo calificó Kollman, y se ordenó la captura de los personajes.
Ledesma le confesó a la jueza Capuchetti todo, excepto la parte de la llamada. Domínguez, quien es un peluquero de Avellaneda, también contó que empezó a escribirle a una mujer que decía ser estadounidense, y que le dijo que le iba a enviar un regalo, pero que para reclamarlo debía pagar US$900. Este regalo era el citado paquete en la historia de Ledesma. Las autoridades de aduanas dijeron sobre la historia del paquete que era un clásico modelo de estafa del que podía ser víctima Domínguez.
Aunque quedan cabos sueltos, como el detalle de cómo Chatay Chassan consiguió obtener el pasaporte colombiano, la trama de supuestos planes para ejecutar un atentado terrorista fue desmontada por la jueza Capuchetti.
Bulrrich y compañía habrían cometido un error garrafal al no investigar los detalles de la historia a fondo. Como dice Kollman, en estos casos de denuncias de terrorismo, si la historia termina siendo falsa, puede desencadenar consecuencias inesperadas, como deteriorar la confianza de la ciudadanía en la práctica de denunciar actividades sospechosas.
Para el reportero, el objetivo de la ministra era claro: instalar la cuestión del terrorismo en la narrativa sobre las urgencias para la cartera de seguridad a nivel nacional. Bullrich busca que los militares se desplieguen en las ciudades para enfrentar los actuales desafíos de seguridad. Estos planes han despertado temores de los defensores de derechos humanos, pues implicaría que también vigilarían tareas como las respuestas a las protestas, para las que no están entrenadas estas fuerzas. De fondo, que la historia de la trama de terroristas fuera real o no, no le importaba a la ministra, según la prensa local.
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