La huella de los mercenarios colombianos en guerras ajenas
En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el Estado Islámico se ha constatado la presencia de exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad privadas. El magnicidio en Haití abre preguntas sobre quién está detrás de los mercenarios que mataron al presidente Moïse.
La Policía de Haití lo confirmó el jueves en la noche: fueron 28 personas las que participaron en el magnicidio de Jovenel Moïse; de ellas, 26 son de origen colombiano y otros dos haitianos nacionalizados en Estados Unidos. “Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho huyeron”, señaló el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó horas después que los responsables son militares retirados del Ejército. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, afirmó que “dos de las seis personas implicadas en el magnicidio fueron abatidas por la Policía de Haití, específicamente dos militares retirados”.
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La presencia de los militares retirados colombianos en conflictos ajenos no es algo nuevo. Desde hace más de una década comenzó un fenómeno en el país: soldados profesionales colombianos pedían la baja en el Ejército para vender sus servicios a empresas de seguridad privadas, así como feriaban sus conocimientos a aquellos que habían sido expulsados de las filas o ya estaban retirados.
Según explica Andrés Macías, investigador del CIPE, de la Universidad Externado, fue en los años 90, al final de la Guerra Fría, que se creó una especie de mercado transnacional de servicios militares. “Entonces se formalizaron empresas de seguridad privadas en Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y Dinamarca que ofrecían contratos legales para vender servicios de asistencia en seguridad”.
¿Qué hacían estas empresas? “Ofrecían servicios especializados relacionados con la guerra y los conflictos, incluidas las operaciones de combate, la planificación estratégica, la recopilación de inteligencia, el apoyo logístico y operativo, el entrenamiento, el suministro y mantenimiento a cambio de una retribución contractual”, según señala el Centro para el Uso Democrático de las Fuerzas Armadas, organización transnacional que se dedica al estudio de la seguridad global.
Dichas empresas pululan en el mundo, son ejércitos privados que libran guerras en las que los Estados no quieren verse directamente implicados, y muchas han salido a la luz por escándalos como G4S, DynCorp, Blackwater, entre otras. Pero el marco legal que rodea la operación de estos grupos es muy oscuro y muchas se han visto involucradas en graves matanzas, bombardeos y otras series de hechos graves.
¿Cómo llegaron los colombianos a convertirse en mercenarios? En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia, seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas (2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa había sido solo hacer tareas de vigilancia.
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Muchos colombianos terminaron participando en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Sudán, Sudán del Sur y hasta en países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Yemen, en donde ya se han presentado algunas bajas de soldados latinoamericanos (también hay chilenos, peruanos y salvadoreños). El caso más famoso de reclutamiento de militares en Colombia lo protagonizó Emiratos Árabes Unidos (EAU), que en 2015 decidió ampliar su fuerza militar y ofreció ciudadanía y una buena paga a los colombianos que se fueran a su país.
Informes de seguridad reportaban que EAU buscaba aumentar su influencia en Oriente Medio, África del Norte y el Cuerno de África, pero no contaba con soldados para hacerlo. Según The New York Times, contrató en 2011 a Reflex Response Security Consultants, administrada por el fundador de la empresa militar privada Blackwater Worldwide, Eric Prince. Se calcula que 800 latinoamericanos forman parte hoy del ejército de EAU, 450 de ellos colombianos.
¿Es legal? Macías explica que estas empresas están rodeadas de muchos vacíos, pero aclara que “no todos los exmilitares son mercenarios, muchos son contratistas que desarrollan actividades legales de seguridad dedicadas al sector del petróleo, gas, construcción o minería”.
Y agrega que “hay una convención de Naciones Unidas que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989)”, pero Colombia y muchos países no la han firmado, dejando un terreno fértil para que estas empresas contraten mercenarios, de acuerdo con la definición legal “individuos reclutados para participar en un conflicto o un acto de violencia como derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado a cambio de una retribución material”.
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El caso de Haití vuelve a poner sobre la mesa el papel de estos ejércitos privados. Analistas consultados dudan de la versión de que los colombianos detenidos hayan sido contratados por una empresa de seguridad y creen que quizá pudieron ser reclutados por grupos criminales que operan en la isla. “Este caso es muy raro, porque vulneran un esquema de seguridad, estar en el país. La pregunta es, ¿quién está detrás de la red criminal que los habría contratado y qué interés había en matar a un presidente que ya iba a salir del poder?”, se pregunta Andrés Macías.
Aunque el director de la Policía de Haití acusó a los mercenarios colombianos de ser los asesinos del presidente, hoy las dudas abundan. El periódico haitiano Le Nouvelliste señala que hay cuatro empresas de seguridad que supuestamente habrían llevado a los 26 colombianos a la isla vía República Dominicana; sin embargo, el juez investigador, Fidélito Dieudonné, precisó que los cuatro colombianos detenidos aseveran que la misión era arrestar al presidente, “no asesinarlo”.
Y dice que los mercenarios insisten en que ellos llevaron a la primera dama herida al hospital y llegaron a la residencia presidencial cuando el crimen ya había sido cometido.
Para aumentar la confusión, el senador opositor Steven Benoit dijo en el programa Panel Magic, de la televisión haitiana, que “el presidente fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron. Ellos eran contratistas del Estado haitiano”.
La Policía de Haití lo confirmó el jueves en la noche: fueron 28 personas las que participaron en el magnicidio de Jovenel Moïse; de ellas, 26 son de origen colombiano y otros dos haitianos nacionalizados en Estados Unidos. “Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho huyeron”, señaló el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó horas después que los responsables son militares retirados del Ejército. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, afirmó que “dos de las seis personas implicadas en el magnicidio fueron abatidas por la Policía de Haití, específicamente dos militares retirados”.
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La presencia de los militares retirados colombianos en conflictos ajenos no es algo nuevo. Desde hace más de una década comenzó un fenómeno en el país: soldados profesionales colombianos pedían la baja en el Ejército para vender sus servicios a empresas de seguridad privadas, así como feriaban sus conocimientos a aquellos que habían sido expulsados de las filas o ya estaban retirados.
Según explica Andrés Macías, investigador del CIPE, de la Universidad Externado, fue en los años 90, al final de la Guerra Fría, que se creó una especie de mercado transnacional de servicios militares. “Entonces se formalizaron empresas de seguridad privadas en Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y Dinamarca que ofrecían contratos legales para vender servicios de asistencia en seguridad”.
¿Qué hacían estas empresas? “Ofrecían servicios especializados relacionados con la guerra y los conflictos, incluidas las operaciones de combate, la planificación estratégica, la recopilación de inteligencia, el apoyo logístico y operativo, el entrenamiento, el suministro y mantenimiento a cambio de una retribución contractual”, según señala el Centro para el Uso Democrático de las Fuerzas Armadas, organización transnacional que se dedica al estudio de la seguridad global.
Dichas empresas pululan en el mundo, son ejércitos privados que libran guerras en las que los Estados no quieren verse directamente implicados, y muchas han salido a la luz por escándalos como G4S, DynCorp, Blackwater, entre otras. Pero el marco legal que rodea la operación de estos grupos es muy oscuro y muchas se han visto involucradas en graves matanzas, bombardeos y otras series de hechos graves.
¿Cómo llegaron los colombianos a convertirse en mercenarios? En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia, seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas (2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa había sido solo hacer tareas de vigilancia.
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Muchos colombianos terminaron participando en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Sudán, Sudán del Sur y hasta en países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Yemen, en donde ya se han presentado algunas bajas de soldados latinoamericanos (también hay chilenos, peruanos y salvadoreños). El caso más famoso de reclutamiento de militares en Colombia lo protagonizó Emiratos Árabes Unidos (EAU), que en 2015 decidió ampliar su fuerza militar y ofreció ciudadanía y una buena paga a los colombianos que se fueran a su país.
Informes de seguridad reportaban que EAU buscaba aumentar su influencia en Oriente Medio, África del Norte y el Cuerno de África, pero no contaba con soldados para hacerlo. Según The New York Times, contrató en 2011 a Reflex Response Security Consultants, administrada por el fundador de la empresa militar privada Blackwater Worldwide, Eric Prince. Se calcula que 800 latinoamericanos forman parte hoy del ejército de EAU, 450 de ellos colombianos.
¿Es legal? Macías explica que estas empresas están rodeadas de muchos vacíos, pero aclara que “no todos los exmilitares son mercenarios, muchos son contratistas que desarrollan actividades legales de seguridad dedicadas al sector del petróleo, gas, construcción o minería”.
Y agrega que “hay una convención de Naciones Unidas que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989)”, pero Colombia y muchos países no la han firmado, dejando un terreno fértil para que estas empresas contraten mercenarios, de acuerdo con la definición legal “individuos reclutados para participar en un conflicto o un acto de violencia como derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado a cambio de una retribución material”.
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El caso de Haití vuelve a poner sobre la mesa el papel de estos ejércitos privados. Analistas consultados dudan de la versión de que los colombianos detenidos hayan sido contratados por una empresa de seguridad y creen que quizá pudieron ser reclutados por grupos criminales que operan en la isla. “Este caso es muy raro, porque vulneran un esquema de seguridad, estar en el país. La pregunta es, ¿quién está detrás de la red criminal que los habría contratado y qué interés había en matar a un presidente que ya iba a salir del poder?”, se pregunta Andrés Macías.
Aunque el director de la Policía de Haití acusó a los mercenarios colombianos de ser los asesinos del presidente, hoy las dudas abundan. El periódico haitiano Le Nouvelliste señala que hay cuatro empresas de seguridad que supuestamente habrían llevado a los 26 colombianos a la isla vía República Dominicana; sin embargo, el juez investigador, Fidélito Dieudonné, precisó que los cuatro colombianos detenidos aseveran que la misión era arrestar al presidente, “no asesinarlo”.
Y dice que los mercenarios insisten en que ellos llevaron a la primera dama herida al hospital y llegaron a la residencia presidencial cuando el crimen ya había sido cometido.
Para aumentar la confusión, el senador opositor Steven Benoit dijo en el programa Panel Magic, de la televisión haitiana, que “el presidente fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron. Ellos eran contratistas del Estado haitiano”.