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Menos de 72 horas antes del 23 de febrero, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, dos diputados venezolanos nombrados por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, comunicaron a funcionarios colombianos la idea de poner a unos militares, que ya estaban en territorio nacional, en el puente de Tienditas, para ayudar a trasladar la asistencia internacional que iba en camiones con destino a Venezuela.
La idea no le gustó al Gobierno colombiano y fue rechazada por muchos motivos. Entre ellos querían mostrar en esa jornada que se trataba de una labor humanitaria, y el tener a militares venezolanos uniformados del lado de la frontera colombiana era un obstáculo. Una fuente del Gobierno consultada por El Espectador, que prefirió reservar su identidad, señala que en medio de esas conversaciones la oposición venezolana informó de manera difusa que había militares descontentos del lado venezolano que querían salir del país, pero no dejó claro que iban a pasar como lo hicieron ese día. “Yo siento hoy que ellos ya tenían eso preparado”, dice la fuente.
En la mañana del 23 de febrero, un diputado llamó y dijo que iban a pasar con una tanqueta y a tumbar las vallas del puente internacional Simón Bolívar, porque había “un militar que va a desertar”. Los funcionarios del Gobierno colombiano se negaron a ello. Sin embargo, la tanqueta pasó, y poco a poco empezaron a cruzar los uniformados muy temprano. El Gobierno colombiano tuvo poco tiempo para reaccionar. Las autoridades migratorias comenzaron a agrupar a los uniformados que iban llegando a diversos puntos fronterizos. Tras la fatídica jornada de aquella tarde, en la que reinó el caos, se montó en 24 horas un plan más estructurado para la llegada de los militares que rompieron lazos con Maduro. Fueron decenas de llegadas en los primeros días. Migración organizó una ruta para que quienes llegaban a la frontera solicitaran refugio de una manera organizada.
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Una vez atendido el tema del registro, el problema para el Gobierno colombiano fue cómo atender a los uniformados en materia de alimentación y hospedaje. Las organizaciones internacionales dijeron en su momento que no podían hacer nada por tratarse de militares. Algunas, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), señalan que su labor es “proporcionar asistencia técnica y asesoramiento al Estado colombiano, y a otros en la región, sobre la aplicación de la normativa en materia de refugio”. En respuesta a este diario, la oficina de Acnur en Colombia aseguró que “esto incluye la necesidad de asegurar de forma irrestricta el respeto al carácter civil y humanitario del asilo, particularmente en la gestión de las solicitudes de asilo de exmilitares que han manifestado la voluntad de renunciar a las actividades relacionadas con su profesión, así como a los familiares que los acompañan”.
El Gobierno insistió desde el principio en que no lo podían dejar solo en esta situación. Los uniformados entregaban sus uniformes, armas y dotaciones a las autoridades colombianas y firmaban un compromiso en el que decían que cesaban temporalmente sus actividades militares. Más tarde eran ubicados en hoteles de Cúcuta, principalmente en el municipio de Villa del Rosario, en donde residen unos 300.
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Pronto, el Gobierno identificó un fenómeno: no todos los militares que llegaron de Venezuela lo hicieron durante o después de la jornada del 23F. Algunos lo hicieron antes. Según funcionarios del gobierno de Guaidó, algunos de ellos serían infiltrados revoltosos que buscaban dañar la operación de salida de militares de Venezuela, y Colombia tenía la culpa de dejarse infiltrar.
Pese a las circunstancias y el afán, el improvisado plan de las autoridades colombianas salió adelante y la situación se controló durante unos días. Los uniformados siguieron llegando por decenas y fueron llevados a hoteles. En un momento, las autoridades migratorias los dividieron en dos grupos: los que estaban solos, que se quedaron en Villa del Rosario, y los que cruzaron con familiares. El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, ha denunciado que el turismo de la zona se ha visto afectado por la situación. Sin embargo, y pese a que es la zona más delicada por el tema, esto no se ha probado. También, un senador de la República dijo que los militares estaban siendo entrenados, y en redes corría el rumor de que escondían armas.
Desde su llegada, los militares han permanecido bajo control, con alimentación y hospedaje, salvo pequeñas excepciones, como cuando tuvieron que quedarse un día por fuera del hotel por falta de recursos. Esta semana se realizó un allanamiento para encontrar las presuntas armas, pero la Policía no encontró nada más que un chaleco de la Guardia Nacional y un mapa, que está siendo estudiado por “personal de inteligencia”, según las autoridades. “Todo iba bien. Aquí nadie puede decir que el Gobierno no ha respondido”, dice la fuente. El tema dejó de ocupar las primeras planas hasta mediados de marzo, cuando estalló el escándalo del abandono.
La periodista Audrey Carrillo reveló que un grupo de militares denunciaba que el Gobierno colombiano y Guaidó los habían dejado en el olvido y se sentían abandonados. Desde entonces, el abandono ha estado sobre la mesa. En una reunión del Gobierno en Cúcuta con el senador estadounidense Tim Kaine, apareció el capitán del Ejército venezolano Jean Marchena Castillo a decir que todo estaba de maravilla y que se encontraba agradecido con las autoridades estadounidenses y colombianas. Ese individuo habría sido convocado por diputados opositores del gobierno de Guaidó para calmar las asperezas respecto al tema del abandono, una exposición que no les gustó a las autoridades colombianas, según la fuente del Gobierno.
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El 16 de marzo, Carrillo difundió un video en el que Luis González Hernández, sargento segundo del Ejército de Venezuela, en compañía de otros uniformados refugiados, denunciaba que la Acnur los quería correr del hotel donde se hospedaban y les daba $350.000, una colchoneta y un mapa para defenderse. “Nosotros queremos soluciones, ya que éramos sustento de hogar de nuestras familias en Venezuela, y estamos aquí sin generar nada… Acnur supuestamente se hace cargo de nosotros. No les quieren dar soluciones a ellos (a militares), ya no hay recursos para ellos. Estamos a la deriva prácticamente, no tenemos apoyo de nadie”, dijo González. Además manifestaron su disgusto porque Guaidó no había hablado con ellos. La situación se agravó de nuevo.
Una fuente del Gobierno consultada dice que una de las agencias de cooperación ofreció esa alternativa (la de brindar efectivo, colchoneta y un mapa) a cuatro uniformados por el desespero de no tener recursos y querer reubicar a los militares, pero no fue una orden sino una opción. La bola se regó por la zona y esas circunstancias, describe la fuente, fueron usadas por funcionarios de Maduro para generar inconformismo hacia el discurso de Guaidó y evitar que más uniformados abandonaran las filas venezolanas. “Basta mirar el Twitter de Vladimir Padrino o de Diosdado Cabello para darse cuenta”, confiesa. Desde sus redes sociales, ambos han comunicado que Juan Guaidó abandonó a su gente y hacen eco de las denuncias de presunto abandono para provocar un ambiente negativo en los militares que ahora residen en Colombia y restarle credibilidad al proceso que lidera el presidente autoproclamado.
Luego del video de los militares en la reja apareció otro más que causó polémica: un grupo de uniformados, algunos con capuchas, enviaba un mensaje de respaldo a Guaidó desde su albergue en Villa del Rosario. Esa declaración causó tanto disgusto entre las autoridades colombianas que el mismo Guaidó tuvo que llamar por Skype al hotel donde se hospedaban los protagonistas y pedirles que guardaran la calma, así como señalarles que se estaba haciendo lo posible para conseguir los recursos para mejorar sus condiciones.
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El Gobierno colombiano publicó un comunicado, a propósito de aquellos pronunciamientos, para subrayar que Colombia “no tolerará ninguna alteración del orden público o amenazas a la seguridad por parte de ningún ciudadano”, y dejar claro el mensaje de que los residentes no podían tomar esto como un juego.
La última línea de ese comunicado también brinda un panorama de lo que se viene, pero pasó inadvertida. El párrafo final especifica que el Gobierno colombiano se ha enfrentado a la crisis migratoria más compleja y desafiante de su historia, y por ello, teniendo en cuenta la magnitud, se necesita la “colaboración de la comunidad internacional y en particular de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas concernidas”. Estas palabras iban dirigidas a los otros países de la región, pues el Gobierno colombiano les ha señalado que no puede sostener solo la crisis.
La agencia de Naciones Unidas ha reservado su contribución en el desarrollo de estrategias para este problema, pues advierte que, al tratarse de militares, el asunto es más complicado, y por ello es reacia a entregar recursos. Entre tanto, otros países se preparan para recibir a los uniformados en sus territorios. Tras una reunión entre el mandatario colombiano, Iván Duque, y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, se informó que ese país acogerá a 657 de los uniformados que están en Colombia, en una operación que debía comenzar el martes de esta semana. Además de Chile, se han sostenido conversaciones con Brasil y Panamá para que también ayuden a recibir uniformados.
Los chilenos no recibieron bien la noticia y aseguran que los costos para transportar y mantener a los uniformados son muy elevados. Incluso se han difundido mensajes en redes sobre los posibles valores. Sin embargo, el aspecto de logística es lo de menos, pues en su debido caso, el Gobierno colombiano proveería un avión de la Fuerza Aérea para llevar a los uniformados a su nuevo destino, señala la fuente. El asunto clave aquí es que las autoridades de Colombia ya anunciaron que no pueden resistir el problema de la acogida de uniformados venezolanos solas, pues tienen además cientos de miles de migrantes que atender.
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Hasta el momento, respecto al caso de los uniformados, el Gobierno dice que ha hecho lo posible y especifica que “las normas legales no obligan a Colombia a prestar atención, aunque se ha hecho de la mejor forma posible para contribuir a resolver el problema”. Habrá que explorar las promesas que los uniformados dicen que se están incumpliendo y quién las hizo, y si se tejió por parte de la oposición un plan a espaldas de las autoridades colombianas para convocarlos a que cruzaran la frontera. Por ahora, el Gobierno sigue estudiando estrategias para resolver la situación.
Si bien los militares venezolanos desertores —cuyo número en Colombia asciende a 1.242, más 547 familiares, según el último reporte— representan una mínima parte de más de 1’200.000 de migrantes que han ingresado al país, son, sin lugar a dudas, el conjunto más delicado de todos, pues por ellos se encendieron alarmas en seguridad nacional tras posibles casos de espionaje, coinciden funcionarios colombianos. El costo es otro golpe para Colombia, pues aunque el dinero para mantenerlos viene de agencias de cooperación internacional, el país se encarga de proveer transporte y seguridad. Los costos de manutención van desde los US$10.000 a los US$15.000 al día.
Y aunque el flujo de desertores por las fronteras ha mermado, las horas en las que los militares venezolanos eran recibidos con júbilo en Cúcuta cuando le daban la espalda a Nicolás Maduro han quedado atrás. Ahora solo hay tiempo para las preguntas sobre el futuro de estas personas en suelo colombiano.