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A la luz del último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una de las premisas que se exige para reconocer a una democracia, como es contar con un sistema judicial independiente en el marco de un régimen con separación de poderes, simplemente no existe en Venezuela.
El informe de Naciones Unidas, dado a conocer el pasado 16 de septiembre, refleja una auténtica casa de los horrores a la hora de analizar el sistema judicial venezolano y señala que ha jugado un “papel esencial” en la represión estatal. La presidente de la Misión, Marta Valiñas, no ha dudado en indicar que “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada”, una situación que a su juicio pone en peligro “su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”.
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Las conclusiones del informe de 200 páginas elaborado por un equipo de tres investigadores que realizaron 177 entrevistas, incluidos abogados y ex jueces, además de miles de páginas de archivos de casos y un análisis de 183 detenciones de opositores al Gobierno, alimentan los argumentos para que continúe el caso contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), en la medida en que cobra fuerza la tesis de que en Venezuela no existe ni la institucionalidad jurídica ni la voluntad para investigar ni juzgar las graves denuncias de violación de los derechos humanos a partir de 2014. Determinar esto último es fundamental para que el tribunal internacional, con sede en Ginebra, decida finalmente juzgar al sucesor de Hugo Chávez.
El régimen venezolano ha tomado buena nota de los peligros que para su supervivencia acarrea la constatación por parte de entes independientes de la aberrante situación judicial venezolana. La demostración de ello es que el mismo día en que se dio a conocer el informe de Naciones Unidas, la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control absoluto del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aprobó de manera “express” la reforma a cinco leyes vinculadas al ámbito judicial, sin cumplir con la previsión constitucional que establece un periodo de consulta con “otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos”, consultas que deben ser de «carácter público y previa difusión del material pertinente”, extremo que tampoco se cumplió.
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Las reformas a las leyes orgánicas del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), del Código Orgánico Penitenciario y del Código Orgánico de Justicia Militar, así como a las leyes de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales y del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, pretenden precisamente tratar de demostrar –por lo demás de forma tardía y muy burda- la supuestas garantías que existirían en el país para proteger los derechos humanos y castigar a quienes los violan, algo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha demostrado taxativamente que no es así.
Al respecto, el informe de Naciones Unidas afirma que, como consecuencia de presiones políticas, los fiscales y jueces “han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores, supuestos o reales”. Es decir, el sistema judicial ha sido utilizado como parte del sistema de represión, en vez de ser un garante de esos derechos.
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En este sentido, en la investigación se afirma que “los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”. Como resultado de ello, según el investigador Francisco Cox Vial, “la abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del Gobierno, no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables”. La instrumentalización de la justicia y la impunidad están a la orden del día.
La tortura, considerada como un acto que agravia a la humanidad en cuanto destruye lo más preciado de las personas como es su integridad humana, también es objeto del interés de esta investigación donde se indica que “fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba contra las personas acusadas”, con el agravante de que en algunos de los casos examinados, los jueces “tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas – que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura – hacer la denuncia ante el tribunal”.
En la nueva ronda de negociaciones en Ciudad de México, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, está previsto que se discuta precisamente el punto relacionado con el “Respeto del Estado Constitucional de Derecho”, una oportunidad de oro para medir la voluntad de las autoridades venezolanas de superar la vergonzosa situación en que se encuentra el sistema de justicia, a través de los acuerdos que se puedan alcanzar para restablecer el respeto a la institucionalidad constitucional y allanar así el camino a la restitución plena de la democracia en Venezuela.