La lucha por los derechos de las mujeres en la política brasileña
La frágil representación femenina en Brasil está amenazada. Este mes se votará una reforma política que cuestiona el poco avance en la participación de las mujeres en los parlamentos.
Débora Thomé/Latinoamérica21
Para los movimientos a favor de más mujeres en la política, el mes de junio en Brasil fue intenso. Con una reforma política en curso que cuestiona el reducido avance de la participación de las mujeres en los parlamentos, prevista para ser votada el mes siguiente, y bajo la coordinación de una diputada, era necesario afrontar el hecho de que la ya débil representación femenina en Brasil está amenazada.
A pesar de varios avances en cuanto a los espacios ocupados por las mujeres, el país oscila entre el último y el penúltimo lugar en América Latina cuando se trata de la representación femenina.
Logros y retos de la representación política
A pesar de que el sufragio femenino está garantizado por ley desde 1932 -por lo tanto, a punto de cumplir 90 años de historia- y con cuotas constitucionales desde 1995 para los puestos legislativos (excepto el Senado), el país no ha superado hasta ahora la marca del 15% de diputadas federales, lo que lo sitúa en posiciones poco honrosas en los rankings internacionales, como el de la Unión Interparlamentaria. Según el mapa 2020 de la participación de las mujeres en la política, elaborado por esta última organización en colaboración con ONU-Mujeres, Brasil ocupa el puesto 142 de 193 naciones en el ranking de representación femenina en el Parlamento.
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La razón de esta ausencia puede explicarse por varios motivos, entre ellos, el diseño de las cuotas, la votación de listas abiertas y el elevado coste de la financiación de las campañas. Por otro lado, el sistema proporcional y nuestro intenso multipartidismo, con 33 partidos en liza, serían aspectos que impulsarían la participación y la elección de las mujeres.
En este contexto, con el imlpulso de países vecinos como México y Argentina, los grupos que luchan por los derechos políticos de las mujeres comenzaron a ensayar movimientos hacia la paridad.
Proyectos de ley como el 5250/2019, por ejemplo, prevén la paridad de género en las candidaturas al Senado. También en 2019 se presentó una propuesta, bautizada como “proyecto Marielle Franco” (concejala asesinada en 2018 en Río de Janeiro), para garantizar el 50% de escaños para las mujeres en todos los parlamentos brasileños.
Aunque el escenario brasileño nunca ha sido propicio para la aprobación de estas propuestas, nunca se habría esperado semejante reducción de los espacios. Dos años después, en junio de 2021, se discute el riesgo de aprobar el voto por distritos, con un cambio crucial para las mujeres: la garantía del 15% de los escaños en los parlamentos.
El absurdo del 15% para las mujeres en la política puede entenderse desde varios puntos de vista. Para empezar, este es ya el porcentaje actual de mujeres en el Congreso Federal. El bajísimo porcentaje es inferior al ya alcanzado en las elecciones locales. Después de las elecciones de 2020, las mujeres pasaron a ser, en promedio, el 16% de los concejales de las ciudades brasileñas.
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Un segundo punto por destacar es que las reservas se convierten en techos, es decir, por experiencia, incluso con las cuotas, ya sabemos que, cuando no hay incentivos claros y bien establecidos para el cambio, los partidos mantienen sus ciclos de poder en torno a los líderes que ya están en el cargo. Reservar el 15% de las vacantes es condenar nuestro destino a mantener -y no ampliar- la presencia de las mujeres en la política.
Amenaza a los derechos ya conquistados
Finalmente, la decisión puede amenazar el avance obtenido recientemente por la coalición de diferentes movimientos de mujeres en la política, diputadas electas y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En 2018, actuando en conjunto, se garantizó el 30% de la financiación pública de las campañas para las mujeres candidatas (en Brasil, las campañas políticas son financiadas por el Estado). Si hay algún cambio debido a la reforma política, este avance institucional, que fue responsable de parte del aumento observado en el número de diputadas electas en las elecciones de 2018 -pasaron del 10% de la Cámara Federal al 15%- puede verse amenazado.
El grupo de mujeres del Congreso, cuyo perfil es más conservador, siempre se ha caracterizado por no aliarse con las agendas de derechos sexuales y reproductivos, es decir, con el derecho al aborto. Ante esta imposibilidad en las últimas décadas, la labor del movimiento feminista, en gran parte, tuvo que volcarse a evitar una regresión en las permisiones legales para la interrupción del embarazo.
Sin embargo, tres agendas fueron más convergentes dentro de la bancada de mujeres: la garantía de la igualdad salarial; la prioridad y urgencia de combatir la violencia contra las mujeres (aunque con entendimientos distintos sobre las políticas públicas de contención y reducción) y, finalmente, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los espacios políticos de poder. Esto último está estrechamente relacionado con las dificultades que encuentran las mujeres al ver cuestionado su poder simbólico en un entorno tan dominado por los hombres.
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Hasta ahora se entendía que, en estos tres ámbitos, era posible establecer un diálogo convergente entre las diputadas conservadoras y progresistas que componen la bancada femenina. Sin embargo, el último movimiento, con la posibilidad de una reforma política que amenaza los reducidos y lentos avances logrados por las mujeres en casi un siglo de voto femenino, apoyado por varios de los conservadores, hizo necesario que el movimiento femenino caminara en otra dirección.
Una vez más, en lugar de dedicar horas a pensar en las estrategias más eficientes para recabar apoyos y conseguir votos que permitan alcanzar la paridad en el Congreso, fue necesario readaptar la estrategia a la contención, que en este caso significa evitar la reducción de espacios para las mujeres en la política, en disputa con las propias congresistas.
Académicos, congresistas, representantes del tercer sector, una vez más, tuvieron que reunirse con la nada fácil tarea de frenar un posible retraso. Mientras nosotros secamos el hielo, el progreso y la paridad siguen esperando, allá en el futuro que nadie sabe cuándo llegará.
Investigadora asociada a LabGen-UFF, doctora en Ciencias Políticas, escritora y activista feminista. Fue becaria visitante en la Universidad de Columbia y es profesora de la Red de Liderazgo Femenino de Columbia. Es autora del libro “Mujeres y Poder” (con Hildete Pereira de Melo, Editora FGV).
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
Para los movimientos a favor de más mujeres en la política, el mes de junio en Brasil fue intenso. Con una reforma política en curso que cuestiona el reducido avance de la participación de las mujeres en los parlamentos, prevista para ser votada el mes siguiente, y bajo la coordinación de una diputada, era necesario afrontar el hecho de que la ya débil representación femenina en Brasil está amenazada.
A pesar de varios avances en cuanto a los espacios ocupados por las mujeres, el país oscila entre el último y el penúltimo lugar en América Latina cuando se trata de la representación femenina.
Logros y retos de la representación política
A pesar de que el sufragio femenino está garantizado por ley desde 1932 -por lo tanto, a punto de cumplir 90 años de historia- y con cuotas constitucionales desde 1995 para los puestos legislativos (excepto el Senado), el país no ha superado hasta ahora la marca del 15% de diputadas federales, lo que lo sitúa en posiciones poco honrosas en los rankings internacionales, como el de la Unión Interparlamentaria. Según el mapa 2020 de la participación de las mujeres en la política, elaborado por esta última organización en colaboración con ONU-Mujeres, Brasil ocupa el puesto 142 de 193 naciones en el ranking de representación femenina en el Parlamento.
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La razón de esta ausencia puede explicarse por varios motivos, entre ellos, el diseño de las cuotas, la votación de listas abiertas y el elevado coste de la financiación de las campañas. Por otro lado, el sistema proporcional y nuestro intenso multipartidismo, con 33 partidos en liza, serían aspectos que impulsarían la participación y la elección de las mujeres.
En este contexto, con el imlpulso de países vecinos como México y Argentina, los grupos que luchan por los derechos políticos de las mujeres comenzaron a ensayar movimientos hacia la paridad.
Proyectos de ley como el 5250/2019, por ejemplo, prevén la paridad de género en las candidaturas al Senado. También en 2019 se presentó una propuesta, bautizada como “proyecto Marielle Franco” (concejala asesinada en 2018 en Río de Janeiro), para garantizar el 50% de escaños para las mujeres en todos los parlamentos brasileños.
Aunque el escenario brasileño nunca ha sido propicio para la aprobación de estas propuestas, nunca se habría esperado semejante reducción de los espacios. Dos años después, en junio de 2021, se discute el riesgo de aprobar el voto por distritos, con un cambio crucial para las mujeres: la garantía del 15% de los escaños en los parlamentos.
El absurdo del 15% para las mujeres en la política puede entenderse desde varios puntos de vista. Para empezar, este es ya el porcentaje actual de mujeres en el Congreso Federal. El bajísimo porcentaje es inferior al ya alcanzado en las elecciones locales. Después de las elecciones de 2020, las mujeres pasaron a ser, en promedio, el 16% de los concejales de las ciudades brasileñas.
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Un segundo punto por destacar es que las reservas se convierten en techos, es decir, por experiencia, incluso con las cuotas, ya sabemos que, cuando no hay incentivos claros y bien establecidos para el cambio, los partidos mantienen sus ciclos de poder en torno a los líderes que ya están en el cargo. Reservar el 15% de las vacantes es condenar nuestro destino a mantener -y no ampliar- la presencia de las mujeres en la política.
Amenaza a los derechos ya conquistados
Finalmente, la decisión puede amenazar el avance obtenido recientemente por la coalición de diferentes movimientos de mujeres en la política, diputadas electas y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En 2018, actuando en conjunto, se garantizó el 30% de la financiación pública de las campañas para las mujeres candidatas (en Brasil, las campañas políticas son financiadas por el Estado). Si hay algún cambio debido a la reforma política, este avance institucional, que fue responsable de parte del aumento observado en el número de diputadas electas en las elecciones de 2018 -pasaron del 10% de la Cámara Federal al 15%- puede verse amenazado.
El grupo de mujeres del Congreso, cuyo perfil es más conservador, siempre se ha caracterizado por no aliarse con las agendas de derechos sexuales y reproductivos, es decir, con el derecho al aborto. Ante esta imposibilidad en las últimas décadas, la labor del movimiento feminista, en gran parte, tuvo que volcarse a evitar una regresión en las permisiones legales para la interrupción del embarazo.
Sin embargo, tres agendas fueron más convergentes dentro de la bancada de mujeres: la garantía de la igualdad salarial; la prioridad y urgencia de combatir la violencia contra las mujeres (aunque con entendimientos distintos sobre las políticas públicas de contención y reducción) y, finalmente, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los espacios políticos de poder. Esto último está estrechamente relacionado con las dificultades que encuentran las mujeres al ver cuestionado su poder simbólico en un entorno tan dominado por los hombres.
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Hasta ahora se entendía que, en estos tres ámbitos, era posible establecer un diálogo convergente entre las diputadas conservadoras y progresistas que componen la bancada femenina. Sin embargo, el último movimiento, con la posibilidad de una reforma política que amenaza los reducidos y lentos avances logrados por las mujeres en casi un siglo de voto femenino, apoyado por varios de los conservadores, hizo necesario que el movimiento femenino caminara en otra dirección.
Una vez más, en lugar de dedicar horas a pensar en las estrategias más eficientes para recabar apoyos y conseguir votos que permitan alcanzar la paridad en el Congreso, fue necesario readaptar la estrategia a la contención, que en este caso significa evitar la reducción de espacios para las mujeres en la política, en disputa con las propias congresistas.
Académicos, congresistas, representantes del tercer sector, una vez más, tuvieron que reunirse con la nada fácil tarea de frenar un posible retraso. Mientras nosotros secamos el hielo, el progreso y la paridad siguen esperando, allá en el futuro que nadie sabe cuándo llegará.
Investigadora asociada a LabGen-UFF, doctora en Ciencias Políticas, escritora y activista feminista. Fue becaria visitante en la Universidad de Columbia y es profesora de la Red de Liderazgo Femenino de Columbia. Es autora del libro “Mujeres y Poder” (con Hildete Pereira de Melo, Editora FGV).
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