La Mara Salvatrucha-13: la pandilla que pretende erradicar Nayib Bukele
Uno de los grupos criminales más grandes de El Salvador se ha ido debilitando tras la declaración de Estado de Excepción, que otorga facultades extraordinarias al gobierno. Esta medida ha sido cuestionada por las organizaciones de Derechos Humanos.
El Salvador es uno de los países centroamericanos con grandes estructuras criminales que están distribuidas por sus naciones vecinas y que incluso llegan a los Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele ha intentado desarticular estas pandillas y aunque las medidas han generado resultados, también han sido rechazadas por los organizaciones de Derechos Humanos.
Uno de los grupos más grandes es la Mara Salvatrucha, con cerca de 70 mil integrantes. Se creó en California, conformada por los salvadoreños que se exiliaron a causa de la guerra civil y que luego fueron deportados por el gobierno estadounidense. Así se organizaron nuevamente en El Salvador y se robustecieron con el tiempo.
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Ha ido creciendo porque los menores de edad que tienen pocos recursos ven en estas pandillas no solo una forma de sustento, sino una familia. Se organizan en clikas, que son grupos cercanos a las 60 personas y comandados por lo que denominan ellos como “palabrero”, que es el encargado de liderar ese subgrupo.
No tienen un líder supremo, sino varios cabecillas que por lo general están recluidos en las cárceles, lugares desde donde controlan y dirigen sus operaciones, que pasan por robos, secuestros, extorciones, narcotráfico y demás actividades clandestinas.
¿Cómo se han ido debilitando?
Desde inicios este siglo, se han generado diálogos y estrategias por parte de los gobernantes, pero ninguno ha logrado extinguir la guerrilla por medio de acuerdos. El actual residente salvadoreño, Nayib Bukele, ha liderado una ofensiva en los últimos años para debilitar su estructura, que según las fuentes consultadas por el medio salvadoreño El Faro, aseguran que ha sido exitosa.
El medio publicó un artículo en el que asegura que “ni la Mara Salvatrucha-13, ni las dos facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, ni otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, operan más en las calles de El Salvador de la forma en que lo hicieron por décadas”.
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El documento está sustentado por varias fuentes oficiales y extraoficiales. Los periodistas incluso lograron entrevistar a un expandillero de la Mara, del que no le revelan el nombre por seguridad y al que le preguntan si el gobierno de Bukele logró destruir la pandilla. A lo que él responde:
“Sí, desbarató a las pandillas como las conocías. Si lo que decís es que ya no están cipotes teniendo presencia en los lugares, es cierto. Ya no están. Si lo querés ver de esa manera, así es, desbarató a las pandillas”. Además agrega que el causante de ese debilitamiento fueron las negociaciones que se venían presentando desde hace 10 años por las que los pandilleros dejaron de confiar en sus líderes presos.
Los investigadores aseguran haber visitado los barrios que anteriormente eran dominados por estos grupos a través de su presencia armada y se financiaban con “impuestos” que cobraran a comerciantes. El informe deja ver que han perdido el control de esos territorios y que incluso a esas zonas pueden ingresar servicios como domicilios y de transporte como Uber, que antes parecía imposible.
Las medidas de Bukele
El presidente salvadoreño tenía un pacto en secreto con los líderes de los Maras, que se acabó cuando los pandilleros cometieron una masacre que dejó 87 personas muertas a finales de marzo de 2022. Desde entonces Bukele declaró Estado de Excepción que permite que cualquier persona sea capturada sin necesidad de una orden judicial.
Otra de las licencias que tiene esta figura es que las comunicaciones pueden ser intervenidas sin necesidad de autorización judicial. Así mismo se ha aumentado el tiempo de captura provisional de 72 horas a 15 días. Y según las declaraciones del mismo gobierno han dejado hasta enero de 2023, unas 63 mil personas capturadas.
El escritor mexicano Federico Guzmán también planteó un análisis en su cuenta de Twitter, donde asegura que la tasa de homicidios bajó desde 2015, que registraba 103 por cada 100 mil habitantes a 7,8 en el 2022. Y el mismo Bukele publicó que la tasa ha bajado para este 2023 a 1.8.
Este Régimen de Excepción en el que se encuentra El Salvador tiene aprobación por parte de la Asamblea Legislativa que ha permitido también sus posteriores prórrogas.
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El rechazo de las ONG
Las medidas de Bukele han sido aprobadas no solo por el legislativo, sino también por seguidores del mandatario. Políticos opositores aceptan que ha debilitado a los pandilleros, sin embargo, otros sectores, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) han rechazado las acciones que ha tomado el líder salvadoreño.
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Organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch o Cristosal, han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes violentas, bajo las detenciones de este gobierno. El medio El Faro realiza un análisis en el que plantea que durante el Estado de Excepción ha habido más denuncias por abusos que en un año de guerra civil en ese país.
“Con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil: desde 1995, la Corte Suprema de Justicia recibía un promedio de 457 amparos al año, pero entre marzo y julio de 2022 se acumularon 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares”, expresa el informe.
El Salvador es uno de los países centroamericanos con grandes estructuras criminales que están distribuidas por sus naciones vecinas y que incluso llegan a los Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele ha intentado desarticular estas pandillas y aunque las medidas han generado resultados, también han sido rechazadas por los organizaciones de Derechos Humanos.
Uno de los grupos más grandes es la Mara Salvatrucha, con cerca de 70 mil integrantes. Se creó en California, conformada por los salvadoreños que se exiliaron a causa de la guerra civil y que luego fueron deportados por el gobierno estadounidense. Así se organizaron nuevamente en El Salvador y se robustecieron con el tiempo.
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No tienen un líder supremo, sino varios cabecillas que por lo general están recluidos en las cárceles, lugares desde donde controlan y dirigen sus operaciones, que pasan por robos, secuestros, extorciones, narcotráfico y demás actividades clandestinas.
¿Cómo se han ido debilitando?
Desde inicios este siglo, se han generado diálogos y estrategias por parte de los gobernantes, pero ninguno ha logrado extinguir la guerrilla por medio de acuerdos. El actual residente salvadoreño, Nayib Bukele, ha liderado una ofensiva en los últimos años para debilitar su estructura, que según las fuentes consultadas por el medio salvadoreño El Faro, aseguran que ha sido exitosa.
El medio publicó un artículo en el que asegura que “ni la Mara Salvatrucha-13, ni las dos facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios-, ni otras pandillas menores, como la Mao-Mao, La Mirada Locos o CODEMAR, operan más en las calles de El Salvador de la forma en que lo hicieron por décadas”.
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El documento está sustentado por varias fuentes oficiales y extraoficiales. Los periodistas incluso lograron entrevistar a un expandillero de la Mara, del que no le revelan el nombre por seguridad y al que le preguntan si el gobierno de Bukele logró destruir la pandilla. A lo que él responde:
“Sí, desbarató a las pandillas como las conocías. Si lo que decís es que ya no están cipotes teniendo presencia en los lugares, es cierto. Ya no están. Si lo querés ver de esa manera, así es, desbarató a las pandillas”. Además agrega que el causante de ese debilitamiento fueron las negociaciones que se venían presentando desde hace 10 años por las que los pandilleros dejaron de confiar en sus líderes presos.
Los investigadores aseguran haber visitado los barrios que anteriormente eran dominados por estos grupos a través de su presencia armada y se financiaban con “impuestos” que cobraran a comerciantes. El informe deja ver que han perdido el control de esos territorios y que incluso a esas zonas pueden ingresar servicios como domicilios y de transporte como Uber, que antes parecía imposible.
Las medidas de Bukele
El presidente salvadoreño tenía un pacto en secreto con los líderes de los Maras, que se acabó cuando los pandilleros cometieron una masacre que dejó 87 personas muertas a finales de marzo de 2022. Desde entonces Bukele declaró Estado de Excepción que permite que cualquier persona sea capturada sin necesidad de una orden judicial.
Otra de las licencias que tiene esta figura es que las comunicaciones pueden ser intervenidas sin necesidad de autorización judicial. Así mismo se ha aumentado el tiempo de captura provisional de 72 horas a 15 días. Y según las declaraciones del mismo gobierno han dejado hasta enero de 2023, unas 63 mil personas capturadas.
El escritor mexicano Federico Guzmán también planteó un análisis en su cuenta de Twitter, donde asegura que la tasa de homicidios bajó desde 2015, que registraba 103 por cada 100 mil habitantes a 7,8 en el 2022. Y el mismo Bukele publicó que la tasa ha bajado para este 2023 a 1.8.
Este Régimen de Excepción en el que se encuentra El Salvador tiene aprobación por parte de la Asamblea Legislativa que ha permitido también sus posteriores prórrogas.
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El rechazo de las ONG
Las medidas de Bukele han sido aprobadas no solo por el legislativo, sino también por seguidores del mandatario. Políticos opositores aceptan que ha debilitado a los pandilleros, sin embargo, otros sectores, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) han rechazado las acciones que ha tomado el líder salvadoreño.
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Organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch o Cristosal, han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes violentas, bajo las detenciones de este gobierno. El medio El Faro realiza un análisis en el que plantea que durante el Estado de Excepción ha habido más denuncias por abusos que en un año de guerra civil en ese país.
“Con números que no se registraban desde el fin de la Guerra Civil: desde 1995, la Corte Suprema de Justicia recibía un promedio de 457 amparos al año, pero entre marzo y julio de 2022 se acumularon 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares”, expresa el informe.