La migración venezolana, más allá del cerco diplomático

Ya son 1’408.000 inmigrantes venezolanos, un número de alrededor de 400.000 colombianos retornados, casi 400.000 personas en tránsito al sur del continente en lo que va del 2019 y una migración pendular diaria de aproximadamente 45.000 ciudadanos del lado venezolano que dependen del paso en la zona de frontera, según los últimos datos oficiales.

En una entrevista previa, cuando le preguntaron al presidente Iván Duque por las cifras del desempleo no tardó en utilizar el argumento de su ministro de Hacienda y aludió a la presión del tema migratorio en la economía colombiana. Argumento que hasta el momento ni el presidente ni el ministro han respaldado con datos y que, en cambio, alimenta una percepción negativa de la migración. Suele ser una herramienta discursiva de los gobiernos en el mundo transferir la responsabilidad de los problemas a la migración, lo cual sorprendió de un gobierno que ha tenido solidaridad con los migrantes.

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“Los colombianos saben que el presidente Duque ha tomado la decisión de hacerle frente a la migración con sentido humanitario, con sentido de solidaridad”, repite el canciller, Carlos Holmes Trujillo en foros internacionales. No se pueden negar las presiones sociales que llegan con el fenómeno migratorio y más en un país con graves problemas estructurales, con un solapado conflicto armado y una deuda histórica con más de siete millones de desplazados.

Cada vez que le preguntan al primer mandatario por el tema migratorio, enarbola el argumento del cerco internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro y la imperiosa necesidad de atacar la causa de la diáspora de los 4’054.870 venezolanos que han tenido que dejar su país. Un discurso que se mueve entre dos postulados: una postura dura contra el gobierno de Maduro y la solidaridad con los migrantes.

No obstante, en la víspera de terminar su primer año de mandato las palabras del presidente Duque se están quedando en el discurso. Respecto a la salida de la dictadura de Maduro por medio del cerco diplomático la estrategia se concentró en el cómo y se quedó sin un para qué. Colombia es el gran ausente de las negociaciones adelantadas por Noruega y el Grupo de Contacto, como principal afectado por el deterioro de Venezuela: con la mayor cantidad de población migrante y una vecindad de compleja interdependencia, tendría que estar en la mesa para coordinar, por ejemplo, la participación política en una eventual salida electoral de la crisis. Pero la postura dura del Gobierno colombiano lo ha autoexcluido.

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Mientras que Angela Merkel se ha convertido en un ejemplo europeo de liderazgo en el abordaje del tema migratorio, construyendo una política equilibrada con el apoyo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y asumiendo con entereza los costos políticos, el presidente Duque parece que se orienta más por el “estado de opinión” del Centro Democrático y está perdiendo la oportunidad de construir un verdadero liderazgo regional en el manejo del tema migratorio. Ya hay algunas voces dentro del partido del expresidente Uribe que tienen expresiones en contra de la migración y que valoran posturas delirantes para resolver la crisis venezolana.

El reto que significa el tema migratorio no es menor. No es fácil reconocer públicamente que no existen infinitos recursos de la comunidad internacional para la asistencia del fenómeno y que los modestos apoyos que reciba Colombia serán devorados por la crisis humanitaria. La cercanía cultural, una de nuestras mayores fortalezas en el proceso de integración de la migración venezolana, también es una de las causas para que los recursos internacionales para las migraciones sean destinados a otras latitudes con mayores dificultades en la materia, incluso la misma Europa o Estados Unidos. El país quizá tenga que pedir prestado para financiar la integración.

El Gobierno debe asumir un liderazgo interno e internacional en la materia, el presidente Duque puede asumir una postura como la de Merkel y apropiarse de la conducción de uno de los retos más grandes que tiene el país, por encima del costo político.

Sin embargo, no ha sido así. Desde el 1° de octubre del año pasado se anunciaron proyectos de ley migratoria y de fronteras, como parte del marco legal para hacerle frente al reto. Si bien una ley no es la solución al problema, sí establece los marcos mínimos para que las autoridades, sobre todo locales, puedan abordar el fenómeno.

Igualmente, la ley puede ayudar a coordinar las acciones de la sociedad civil para el manejo del tema migratorio, pues hasta el momento son las ONG y las organizaciones religiosas, sobre todo la Iglesia católica, las que han administrado y atendido la parte más dramática de la crisis. Pero se requiere organizar ese gran esfuerzo y preparar a las comunidades receptoras y a los migrantes para el proceso de integración.

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Los debates en el Congreso serán fundamentales para conocer lo que piensan los colombianos sobre el tema, identificar las tensiones y líneas rojas que lleven los representantes de la sociedad al foro político, donde se discuta si estamos dispuestos a tratar a los venezolanos como quisiéramos que trataran a nuestra propia diáspora. No podemos olvidar que entre cinco y ocho millones de nuestros hermanos, amigos e hijos son migrantes en otros países, como hoy lo son los venezolanos en el nuestro. ¿El Gobierno estará dispuesto a decir cuál es la dirección o guardará silencio, como lo hizo el pasado 20 de julio? La ausencia de una política migratoria es ya una respuesta.

En este contexto y antes de que inicie el debate en el Congreso se requiere educación para la migración. Es por ello que el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, el Gobierno y la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y medios de comunicación aliados como El Espectador, ponemos en consideración de la sociedad colombiana artículos que nos ayuden a entender el tema.

Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario @ronalfrodriguez