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Ecuador mantiene la mirada puesta en el Parlamento que debe definir mañana, martes, si avanza o no el juicio político de censura que se tramita contra el jefe de Estado, el conservador Guillermo Lasso, sobre presunto peculado.
El domingo, el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, convocó a sesión del pleno para las 10:45 hora local de mañana, luego de que el sábado la Comisión de Fiscalización del Legislativo no lograra aprobar un informe que recomendaba el archivo del juicio.
Saquicela convocó a la sesión para conocer unos memorandos remitidos por la mencionada Comisión, en los que ratifica que no se alcanzó a aprobar el informe que preparó sobre el trámite del juicio.
El titular del Legislativo ha explicado que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que encarga al pleno de la Asamblea el conocimiento de una ley o un procedimiento parlamentario que no haya podido ser resuelto por las comisiones legislativas.
Así, como la Comisión de Fiscalización no logró el sábado aprobar el borrador del informe, los 137 legisladores deberán decidir si avanza o no. Para avanzar con el juicio de censura se necesitan 70 votos, una cifra que el analista político César Ulloa, cree que podría lograr la oposición.
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Opinó que mañana la Asamblea Nacional podría desconocer que cuatro de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización presentan un informe en el que señalan "que no hay la causal probada en temas de peculado".
"Mañana va a haber votos" para continuar el juicio, dijo Ulloa a EFE al especular que, no obstante, en la siguiente instancia, en la que Lasso debe comparecer, la oposición no lograría los 92 votos necesarios para la destitución.
Fundamenta su argumento en los movimientos dentro de los partidos de oposición: recientes desafiliaciones en el partido Social Cristiano, diferencias internas en el movimiento Pachakitik y divisiones en la Izquierda Democrática.
“Me da la sensación de que no se alcanza a los 92 votos. Es decir, van a dar paso al juicio, lo que no quiere decir, sin embargo, es que existan los votos para la destitución del presidente”, señaló.
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La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de un contrato lesivo para el Estado sobre transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y que no impidió las supuestas irregularidades una vez que ya era presidente.
En cambio, la defensa del presidente argumenta que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones de la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para mejorar las condiciones para el Estado.
Mientras la mirada está puesta en el posible juicio político a Lasso, el país “sigue en una incertidumbre completa”, y agobiado por la inseguridad, comentó Ulloa.
"El país sigue todavía sin encontrar un norte, en la medida de que mientras no se resuelva en la Asamblea este tema, la gente es como que no sabe hacia dónde van las cosas", anotó al señalar que, "mientras no exista una decisión definitiva en la Asamblea, es como que estuviéramos en el aire".
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La situación también afecta al país en temas económicos pues "la incertidumbre finalmente ahuyenta a los mercados internacionales y también nos pone en una posición muy compleja con los multilaterales de crédito, que necesitan una mínima certeza para desembolsar recursos", apuntó.
“Estamos atravesando una situación muy compleja”, subrayó al agregar que “si el presidente se salva una vez más, puede que salga reforzada su imagen pero con la exigencia de que hayan algunos cambios, sobre todo en el área social”.
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