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Para Luisa Ortega Díaz, al menos hasta abril de 2014, Chávez fue el “hombre más humanista que ha existido en el planeta”. Eso le dijo a la BBC. Sin embargo, en la misma entrevista defendió su independencia como fiscal general y desmintió que militara en algún partido político. El panorama de la época no la dejaba muy bien parada frente a los líderes opositores. Por ejemplo, en uno de los casos más sonados en Venezuela, acusó a los miembros de la ONG Súmate, entre ellos María Corina Machado, de conspirar contra la nación y de ayudarse con dinero extranjero para lograr sus objetivos. Luego impulsó la detención de Leopoldo López, otro de los rostros de la oposición, acusado de promover la violencia durante las movilizaciones de febrero de 2014, que dejaron 43 muertes.
Su cariño por Chávez era correspondido. Según le contaron varias fuentes a la agencia AFP, Chávez la nombró funcionaria del Ministerio Público porque le cayó bien. Lo hizo en el 2002, año en el que se vio enfrentado a un golpe de Estado. Más adelante, Ortega Díaz le demostró su fidelidad imputando cargos contra los policías involucrados en el golpe, a quienes la justicia terminó condenando.
Y aunque en efecto no ha militado con ningún partido, su marido sí. Está casada con el diputado chavista Germán Ferrer, quien perteneció a las Juventudes del Partido Comunista y participó en la guerrilla urbana contra Rómulo Betancourt, primer presidente de la etapa democrática en el período 1959-64. Esto ha generado suspicacias en algunos sectores de la oposición, quienes creen que esta es una jugada del oficialismo para demostrarle al mundo que existe equilibrio de poderes en Venezuela.
No obstante, su formación la ayudó a defenderse de las críticas. Según su perfil en la página oficial del Ministerio Público, Ortega Díaz es abogada de la Universidad de Carabobo y doctora en derecho constitucional egresada de la Universidad Santa María; especialista en derecho procesal, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, y especialista en derecho penal, y tiene otro par de títulos de universidades extranjeras.
Ortega Díaz decidió romper oficialmente su idilio con el chavismo cuando se atrevió a manifestar su desacuerdo con las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anulaban las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Esas sentencias fueron, para muchos, el comienzo del fin de la democracia en Venezuela.
Su voz resonó a nivel nacional e internacional cuando afirmó que la medida era una “ruptura del orden constitucional” y que se evidenciaba “un desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.
Varios miembros de la oposición venían haciendo la misma denuncia, pero la voz de Ortega Díaz tenía un amplificador único: ser la fiscal del Ministerio Público, la mujer que durante años respaldó, a través de sus decisiones administrativas, la estabilidad de lo que Chávez llamó la Revolución bolivariana.
De ahí en adelante no se quedó callada. Culpó a la Guardia Nacional de la muerte de un estudiante durante las protestas que no han parado en Venezuela desde el 19 de abril de este año. Con la voz quebrada, dijo que la Guardia era la responsable de medio millar de heridos.
Sus comentarios no pasaron desapercibidos para el oficialismo. Las declaraciones de Diosdado Cabello, uno de los hombres más cercanos al Gobierno, le demostraron que a éste no le gusta que lo cuestionen. “Pido disculpas a la Revolución por haber designado a Luisa Ortega Díaz como fiscal general. Traidora”, dijo Cabello.
Pero Ortega Díaz se sostiene. Esta semana presentó una “solicitud de aclaratoria” al TSJ por la convocatoria a la asamblea nacional constituyente sin necesidad de referendo. Esta vez, a Cabello le gustó aún menos. Fue más allá de llamarla traidora y amenazó la existencia de la Fiscalía al asegurar que podría desaparecer como institución de seguir estando “de espaldas al país”.
Mientras tanto, la oposición ha empezado a respaldarla. Henrique Capriles denunció el soborno de funcionarios del Ministerio Público para destituir a Ortega Díaz de su cargo. Sin embargo, varios usuarios de redes sociales creen que ella no es de fiar y muchos dudan de sus motivaciones políticas.
Cuando manifestó su inconformidad con la decisión del TSJ, dio una razón que cae muy bien en una Venezuela polarizada: “Considero que es una responsabilidad histórica”.