Ha pasado poco más del primer mes de vigencia de la ley SB-1718, el proyecto que aprobó el Senado de Florida y firmó Ron DeSantis, gobernador y precandidato republicano, con el fin de poner un freno en seco a la migración en el estado.
Se trata de un proyecto que causó gran expectativa por los diversos frentes a los que apunta para poner trabas a los migrantes irregulares: la movilidad vehicular, el empleo y los servicios de salud. Ataca varios flancos básicos para que una persona se establezca en un territorio, necesidades ya complicadas de solventar para las personas que llegan a un país como Estados Unidos de forma irregular.
Por ejemplo, las compañías con una plantilla de más de 25 empleados deben comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de la plataforma E-Verify y, en caso de que algún empleado no cuente con un estatus migratorio adecuado, deben informar a las autoridades estatales al respecto.
Además, la legislación contempla sanciones como la revocación de la licencia para contratar trabajadores para aquellos empleadores que estén al tanto de que sus empleados no tienen un estatus migratorio válido y aun así les proporcionen trabajo.
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El sector del Medicaid, que es el sistema de salud para personas de bajos recursos en Estados Unidos, también se ve afectado por estas nuevas normas. Los proveedores de atención médica deben preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio al completar los formularios de ingreso. Esta información debe ser reportada a las autoridades para su seguimiento.
En cuanto a la movilidad dentro de Florida, los conductores que sean sorprendidos transportando migrantes irregulares en sus vehículos enfrentarán multas considerables, que pueden llegar a los US$5.000 por cada persona transportada, así como hasta cinco años de prisión, ya que se considera un delito de tercer grado.
También se ha implementado el requisito de invalidar las licencias de conducir emitidas en estados distintos a Florida para los migrantes. Aquellos que no puedan demostrar que su estatus migratorio era válido al obtener la licencia no podrán conducir en el estado.
Sin embargo, desde el principio la expectativa contrastó con los posibles efectos adversos, por ejemplo, para la economía del estado.
En los meses previos a la entrada en vigor se hicieron muchas advertencias. Expertos señalaban, por ejemplo, que se podría generar una diáspora de migrantes, que en buena parte componen la fuerza laboral (se calcula que unas 770.000 personas indocumentadas trabajan), lo que encarecería las contrataciones.
Según Jennifer Piscopo, profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Occidental de Los Angeles (California), “muchos de los migrantes instalados en Florida están viajando a Nueva York, Vermont, Virginia y otros estados donde no hay esa política. Entonces, yo creo que en Florida va disminuyendo la cantidad de gente latina de largo plazo y quizá también la cantidad de recién llegados. No obstante, los migrantes siguen llegando a otros estados donde hay un clima de bienvenida, incorporación y apoyo”.
Justo en este contexto, durante las últimas semanas ha llamado la situación en Nueva York, en donde cientos de migrantes, sobre todo de origen africano y latinoamericano, han estado durmiendo en las calles esperando un refugio. Según algunos medios, incluso se ha llegado a contemplar la posibilidad de instalar campamentos en Central Park para alojar a estas personas.
La “capital del mundo” alberga a 107.900 personas en 194 albergues municipales y hoteles habilitados, según datos citados por The New York Times. “De ellos, 56.200 son solicitantes de asilo, de los más de 95.600 llegados a la ciudad en el último año, la mayoría venezolanos y centroamericanos”.
Sin embargo, para Piscopo también es normal que el efecto de la legislación de Florida se vea a largo plazo, ya que seguirán llegando aquellos que ya tenían planeado hacerlo y quienes están considerando salir son quienes ya estaban viviendo allí desde hace tiempo.
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En este contexto, también habría que tener en cuenta los efectos del fin del Título 42, la política de Estados Unidos que bajo argumentos sanitarios permitía la expulsión exprés de migrantes. Después del fin de su vigencia, en mayo, los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos han disminuido a niveles del 2021, pero varias voces ponen en duda que esto sea sostenible, pues la migración por Centroamérica, hacia el norte, continúa, y empieza desde el Tapón del Darién, en donde se han roto récords de cruces de migrantes.
Por el momento, según la Deutsche Welle (DW), el pronóstico es que Florida pierda aproximadamente el 10 % de la fuerza laboral por la diáspora que cause la ley. “Algunas personas dicen que la ley está dormida, pero en realidad no es así. Aquí en Homestead, la gente se mueve con cuidado y con temor porque no sabe a qué hora el enemigo los va a atacar con esta famosa ley”, afirma a Voz de América (VOA) Andrés Villa, activista mexicano de la organización WeCount.
Sobre este miedo, la DW recoge el testimonio anónimo de una migrante irregular que tiene una hija con problemas médicos complicados, quien afirma que “tengo que llevarla cada mes al médico porque ella padece de los riñones y me da no sé, malestar porque, como yo la tengo que llevar, de repente me vayan a detener también en el camino que yo la lleve al hospital. Pues a mí me está afectando bastante porque yo salgo de mi casa con el temor de que me vayan a detener”.
Piscopo afirma que ese miedo puede que no solo esté presente en los usuarios del Medicaid, sino en los oficiales y prestadores de servicio obligados a prestar la ley, pues su interpretación y aplicación pueden ponerlos también en aprietos.
Sobre la interpretación también recae el agravante de que la ley habla de chequear el estatus migratorio en hospitales, pero otro tipo de centros médicos como clínicas también están aplicando esta ley.
“Según la letra de la ley, tienen que hacer esa pregunta. Sin embargo, los oficiales en las clínicas están interpretando la ley de una manera más amplia y también están formulando la pregunta a los pacientes que llegan. Esto puede deberse a que algunos de ellos tienen una intención maliciosa y quieren seguir discriminando a los migrantes. Otros pueden no tener una intención maliciosa, pero tienen miedo de que si no hacen la pregunta, la clínica pueda enfrentar una investigación por parte del Estado que resulte en la revocación de su licencia. Si la ley dice solamente en los hospitales, pero todos los servicios médicos empiezan poniendo la pregunta en los pacientes, van a llegar menos personas que necesitan atención médica”, sentencia Piscopo.
VOA recoge que muchos de los legisladores de Florida que ayudaron a DeSantis a dar trámite a la ley estaban seguros de que es una iniciativa difícil de aplicar, pero esperaban que el miedo fuera suficiente para poner freno a la migración irregular que se vive en todo el estado.
“Se supone que este proyecto de ley tiene que asustar al 100 %. Los agricultores están muy enojados. (Los migrantes) se han comenzado a mudar a Georgia y a otros estados, por lo que es urgente que hablen con su gente para convencerlos de que tienen recursos”, afirmó a VOA Rick Roth, representante estatal de Florida.
Y este enojo no se quedó en palabras. Entre las consecuencias tangibles está una demanda interpuesta por activistas contra el gobernador DeSantis por considerar la ley inconstitucional y xenófoba. La demanda fue presentada por Southern Poverty Law Center y la Unión Americana de Libertades Civiles.
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Como recoge la agencia EFE, el documento se centra en “disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como ‘inspección’”.
Para los demandantes, esta política expone a miles de personas que viven en Florida y otros estados, sin importar si son ciudadanos o no, a ser arrestadas, acusadas y procesadas por un delito grave simplemente por traer a personas a Florida bajo ciertas condiciones “vagamente definidas”, como se lee en el documento.
Esta querella también es apoyada por varias asociaciones de agricultores y empresarios de otras industrias como la construcción, que, según Piscopo, cuentan con gran parte de empleados migrantes, específicamente latinos.
“Hay algunos cortes de trabajadores en esas industrias, y los empleadores están diciendo que no tienen trabajadores. Creo que eso va a tener un efecto económico en el estado muy serio, a partir de los efectos humanitarios. Pero no solamente estamos hablando de gente que trabaja para empresas grandes, hay gente que tiene su propia empresa y la está dejando, tratando de moverla a otros estados. Es muy complicado para las familias”, afirma.
La profesora Piscopo afirma también que DeSantis está motivado a aplicar esta ley tan severa por motivos políticos. Al presentarla dijo que era una estrategia para contrarrestar los supuestos efectos migratorios del fin del Título 42, una maniobra del gobierno de Joe Biden, actual presidente y, al igual que el gobernador, precandidato a las elecciones de 2024, pero en el bando opuesto, con el Partido Demócrata.
Según Piscopo, DeSantis intenta dar una imagen conservadora a escala nacional recogiendo las banderas antiinmigrantes y, si se quiere, antilatinas que instauró el expresidente Donald Trump durante su mandato (2016-2021).
Aquí cabe recordar que Trump también está en la carrera republicana con DeSantis para ser el candidato presidencial el año que viene. Pese a sus tres imputaciones legales por delitos presuntamente cometidos con relación a su estadía en la Casa Blanca (uno por pagos irregulares en campaña a una actriz de películas para adultos para ocultar una relación extramatrimonial, otra por extraer documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago y un último por interferir en las elecciones de 2020), Trump lidera la intención de voto republicana con un 54 % frente a un 17 % de DeSantis, según la última encuesta publicada por New York Times-Siena College.
Es en esta lucha en la que, según Piscopo, DeSantis busca “tomar la bandera de Trump y posicionarse él, no a Trump, como el más antiinmigración, como el más firme en la postura de criminalizarla y disminuirla. Entonces, eso es el juego político, lamentablemente es un juego en el que juegan con las vidas de la gente, pero eso es el juego político”.
Que más de la mitad de los republicanos tengan la intención de votar por Trump después de un mes de que DeSantis promoviera esta ley puede traducirse en que los fines políticos que mueven al gobernador parecen no haber tenido en este corto plazo el efecto esperado.
El resultado de las primarias republicanas será determinante para el futuro de esta ley y, lo más importante, para el futuro de las personas que la sufren. Si DeSantis fracasa en su aspiración presidencial, Piscopo asegura: “Puede empezar a recibir presión por parte del mundo empresarial del estado. Pueden ser donantes importantes en el estado, del Partido Republicano. Es posible que reciba presión suficiente para cambiar un poco esa ley”. Pero sentencia que esto solo puede pasar si deja la campaña presidencial. De lo contrario, las consecuencias reales pueden comenzar a vivirse en décadas.
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