La OEA debate el caso de Nicaragua, ¿qué han dicho los países miembros?
Ocho países presentaron ante la Asamblea General de la OEA un proyecto de resolución frente a la situación en Nicaragua. Si bien esto no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados, la evaluación colectiva puede resultar en la activación de este instrumento.
Ocho países de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsaron un proyecto de resolución “sobre la situación en Nicaragua” para ser debatido durante la Asamblea General virtual, con la pandemia y el calentamiento global como telón de fondo.
Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre, así como en el de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda, para pedir al Consejo Permanente que realice “una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”. El texto pasa a la comisión general, que lo debate, y se votará el jueves o el viernes. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir 18 de 35.
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Daniel Ortega ganó las elecciones del domingo frente a cinco candidatos derechistas desconocidos acusados de colaborar con el gobierno y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.
Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados, pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”. En junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.
En el texto, los ocho países declaran que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática”. Reiteran el llamamiento “para la liberación de todos los candidatos y presos políticos” y el fin “de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
Desde junio, las autoridades nicaragüenses ilegalizaron tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, que se suman a los 120 opositores presos que quedan desde las protestas que en 2018 pedían la dimisión de Ortega, y que se saldaron con cientos de muertos.
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Parte de la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, considera que los comicios nicaragüenses fueron una farsa. En un diálogo con las delegaciones de los observadores permanentes de la OEA, España insistió en que “junto con el resto de la Unión Europea no reconoce los resultados de los comicios”. El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega, al que Washington considera una “dictadura”.
Managua se defiende
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, respondió a las críticas diciendo que “se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”. El diplomático pidió a la OEA mirar hacia el futuro y no “hacia el pasado con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas”.
Son contadas las excepciones dentro de la comunidad internacional que respaldan a Nicaragua. Dentro de ellas destacan Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela.
La situación en Venezuela
En el diálogo también salió a relucir la situación en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro desde 2013, sumida en una crisis política, económica y social que, según la ONU, llevó a la migración de más de 5 millones de personas.
Si se tambalea la democracia en un país toda la región se resiente, estimó Colombia. “No podemos desfallecer denunciando estas desviaciones, los atropellos y desafueros de la dictadura de Maduro”, dijo la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, María Carmelina Londoño.
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La OEA, integrada por 35 países -aunque Cuba no es un miembro activo y la propia Venezuela está representada por un delegado del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países-, considera que el gobierno de Maduro es un “régimen ilegítimo” desde su reelección en 2018.
Acceso a las vacunas
La asamblea general, que se prolonga hasta el viernes, se desarrolla por segundo año de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19.
El 48% de la población de América Latina y el Caribe está inmunizada completamente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero existen muchas desigualdades entre los países en el acceso a la vacunación. “Hay que lanzar un plan internacional de acceso equitativo a vacunas y vacunación”, insistió Almagro.
Bajo el lema “Por una América renovada”, la asamblea de la OEA abordará, asimismo, la reactivación económica para atacar las causas estructurales de la migración, según Guatemala, país anfitrión del cónclave, así como la conservación del medioambiente y la erradicación del hambre.
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Ocho países de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsaron un proyecto de resolución “sobre la situación en Nicaragua” para ser debatido durante la Asamblea General virtual, con la pandemia y el calentamiento global como telón de fondo.
Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre, así como en el de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda, para pedir al Consejo Permanente que realice “una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”. El texto pasa a la comisión general, que lo debate, y se votará el jueves o el viernes. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir 18 de 35.
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Daniel Ortega ganó las elecciones del domingo frente a cinco candidatos derechistas desconocidos acusados de colaborar con el gobierno y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.
Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados, pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”. En junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.
En el texto, los ocho países declaran que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática”. Reiteran el llamamiento “para la liberación de todos los candidatos y presos políticos” y el fin “de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
Desde junio, las autoridades nicaragüenses ilegalizaron tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, que se suman a los 120 opositores presos que quedan desde las protestas que en 2018 pedían la dimisión de Ortega, y que se saldaron con cientos de muertos.
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Parte de la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, considera que los comicios nicaragüenses fueron una farsa. En un diálogo con las delegaciones de los observadores permanentes de la OEA, España insistió en que “junto con el resto de la Unión Europea no reconoce los resultados de los comicios”. El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega, al que Washington considera una “dictadura”.
Managua se defiende
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, respondió a las críticas diciendo que “se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”. El diplomático pidió a la OEA mirar hacia el futuro y no “hacia el pasado con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas”.
Son contadas las excepciones dentro de la comunidad internacional que respaldan a Nicaragua. Dentro de ellas destacan Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela.
La situación en Venezuela
En el diálogo también salió a relucir la situación en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro desde 2013, sumida en una crisis política, económica y social que, según la ONU, llevó a la migración de más de 5 millones de personas.
Si se tambalea la democracia en un país toda la región se resiente, estimó Colombia. “No podemos desfallecer denunciando estas desviaciones, los atropellos y desafueros de la dictadura de Maduro”, dijo la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, María Carmelina Londoño.
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Acceso a las vacunas
La asamblea general, que se prolonga hasta el viernes, se desarrolla por segundo año de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19.
El 48% de la población de América Latina y el Caribe está inmunizada completamente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero existen muchas desigualdades entre los países en el acceso a la vacunación. “Hay que lanzar un plan internacional de acceso equitativo a vacunas y vacunación”, insistió Almagro.
Bajo el lema “Por una América renovada”, la asamblea de la OEA abordará, asimismo, la reactivación económica para atacar las causas estructurales de la migración, según Guatemala, país anfitrión del cónclave, así como la conservación del medioambiente y la erradicación del hambre.
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