La paja en el ojo ajeno

En estos días en México viene a la memoria el conocido refrán de que se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Se ha planteado como una gesta nacional la cruzada contra la ley de inmigración de Arizona que considera al inmigrante indocumentado como delincuente. Pero resulta que en este país se trata al centroamericano sin papeles con más dureza que al mexicano indocumentado en Estados Unidos.

La situación geográfica de México le da una notable singularidad. Al norte, 3.200 kilómetros de frontera con la primera potencia del mundo. Al sur, más de 1.000 kilómetros lo conectan con los más pobres del continente. El gobierno de Felipe Calderón se queja de que Estados Unidos no legaliza a millones de mexicanos sin papeles; sin embargo, los  indocumentados sufren en el territorio mexicano robos y malos tratos por parte de la policía de inmigración.

José Sanabria, hondureño, habla de cuando la policía lo “desplumó”: “Te encañonan para obligarte a bajar el pantalón, te desnudan por completo y tiran lejos la ropa. Hasta los testículos le tocan a uno. Lo registran todo. Nos destrozan los zapatos en busca de doble suela, por si hay dinero oculto”.

Cuando era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes dijo que “una de las más tristes insuficiencias nacionales es la incongruencia de exigir en la frontera norte respeto a los derechos de los indocumentados mexicanos sin ser capaces nosotros de brindarlo en la frontera sur”.

En plena campaña de boicots y sanciones contra Arizona por aprobar una ley que criminaliza al indocumentado y permite detenciones sin orden judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado el mal trato que en México se infringe al inmigrante.

En 2009, la CNDH documentó que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 9.758 secuestros de inmigrantes (67.7 por día). En el 10 % de los casos hubo complicidad de autoridades. Según la CNDH, para liberar a los cautivos los delincuentes exigen entre 1.500 y 6.000 dólares a los familiares de las víctimas, que residen en EE.UU. o en sus países de origen.

 Amnistía Internacional (AI)  recuerda que uno de cada 12 inmigrantes de los que pasan por México, es menor de edad y  seis de cada 10 mujeres “sufren violencia sexual”.

 “A las chicas nos agarran nada más para violarnos. Nos obligan a desnudarnos, dicen que nos van a hacer una revisión en busca de drogas, pero sólo pretenden abusar de nosotras”, dice con rabia Eva Sanchís, una nicaragüense que quiere llegar a Estados Unidos, donde su hermana la espera. Amnistía Internacional demanda al gobierno mexicano ser congruente en su posición en temas migratorios y le pide que resuelva el problema de los abusos cometidos en territorio nacional en contra de centroamericanos, tal como lo hace en defensa de sus connacionales  en Arizona.