La pelea entre Musk y Brasil, explicada: el ecosistema de la ultraderecha se agita

Elon Musk y Brasil pasaron del amor al odio en unos meses. El año pasado, la constelación de satélites de Starlink, empresa del sudafricano, le permitió un salto a la modernidad a las comunidades de la Amazonía brasileña —aunque, cabe destacar, el acceso a Internet también trajo peligros para estas—. En octubre, una cambió en la normativa del Ministerio de Educación de Brasil sobre la conectividad le permitió a Musk dominar el mercado de Internet por satélite en la región. Todo pintaba bien entre el multimillonario y Brasilia. Hasta el pasado fin de semana.

Elon Musk y Brasil pasaron del amor al odio en unos meses. El año pasado, la constelación de satélites de Starlink, empresa del sudafricano, le permitió un salto a la modernidad a las comunidades de la Amazonía brasileña —aunque, cabe destacar, el acceso a Internet también trajo peligros para estas—. En octubre, una cambió en la normativa del Ministerio de Educación de Brasil sobre la conectividad le permitió a Musk dominar el mercado de Internet por satélite en la región. Todo pintaba bien entre el multimillonario y Brasilia. Hasta el pasado fin de semana.

La disputa inició el sábado, cuando el equipo de asuntos gubernamentales de la red X, antes Twitter, informó que la justicia de Brasil obligó a la plataforma a bloquear varias cuentas —por ahora desconocidas—, debido a su vinculación con las milicias digitales al servicio de la ultraderecha brasilera. Musk, dueño de X, no reaccionó bien a esto, y acusó a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de censurar la libertad de expresión.

“Esta censura agresiva parece violar la ley y la voluntad del pueblo de Brasil”, escribió Musk en un mensaje, “este juez ha traicionado descarada y repetidamente la constitución y el pueblo de Brasil. Debe renunciar o debe ser destituido. Vergüenza, Alexandre, vergüenza”, dijo en otro. Finalmente, remató diciendo: “¿Cómo Alexandre de Moraes se convirtió en el dictador de Brasil? Tiene a Lula amarrado”.

El juez Moraes, que también presidente el Tribunal Supremo Electoral y dirige una investigación sobre el funcionamiento de las milicias digitales de la ultraderecha y su relación con Jair Bolsonaro y el asalto al Palácio do Planalto en enero de 2023, respondió a las críticas con fuego. Advirtió que X sería sancionado con US$20.000 por cada cuenta bloqueada que sea reactivada, y ordenó, además, una investigación contra Musk por “la instrumentalización criminal” de su plataforma.

“La conducta de X constituye, en teoría, no sólo un abuso de poder económico, al tratar de impactar ilegalmente en la opinión pública, sino también una flagrante inducción e instigación al mantenimiento de diversas conductas delictivas practicadas por las milicias digitales investigadas, agravando los riesgos para la seguridad de los miembros del Tribunal Supremo —como es fácilmente apreciable en los diversos mensajes con contenido de odio realizados en apoyo de los colgados por Elon Musk— y para el propio Estado democrático de Derecho”, señaló el Tribunal Supremo de Brasil en un documento.

El lunes, Musk volvió a echar gasolina al fuego al sugerir que Moraes había amenazado con arrestar a sus empleados en Brasil y cortar el acceso a la plataforma. También dijo que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene al juez como un títere y es quien mueve los hilos detrás de la investigación. El diputado brasileño Nikolas Ferreira le pidió al millonario pruebas de sus acusaciones, a lo que este contestó que solo las entregará cuando se asegure que su equipo estará a salvo.

Estos nuevos enfrentamientos hicieron que la pelea entre Musk y Moraes se extendiera al Congreso. Por un lado, un grupo de políticos conservadores publicaron un comunicado en defensa de Musk. Por el otro, están quienes rechazan las acusaciones del millonario y piden respeto por la institucionalidad de Brasil. El presidente del Tribunal Supremo, Luis Roberto Barroso, dijo que todas las empresas que operen en Brasil deben obedecer a las autoridades.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, instó a una regulación de las plataformas digitales para luchar contra la desinformación, un pedido al que también se sumó el fiscal general, Jorge Messias, quien dijo que “no podemos convivir en una sociedad en que multimillonarios con domicilio en el exterior tengan control de redes sociales y se pongan en condiciones de violar el Estado de Derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades. La paz social no es negociable”.

Pero la idea de una regulación para las redes sociales en Brasil no parte con el pleito entre Musk y Moraes. Desde enero, el Congreso y el Ejecutivo se han movido en diferentes frentes para la regulación del entorno digital, y esto es debido a las preocupaciones de que se repita un asalto a la Plaza de los Tres Poderes por parte de los seguidores de Bolsonaro como el que se vio en 2023.

Varias investigaciones, entre ellas una de la Policía Federal de Brasil, apuntan a que figuras de la ultraderecha, como el consultor político argentino Fernando Cerimedo, actuaron en coordinación con asesores de Bolsonaro para producir contenido digital que motivara a los seguidores del expresidente a instalarse frente a las instituciones del Gobierno para impedir el ascenso de Lula da Silva. Es precisamente por el temor de que algo así vuelva a ocurrir que se ha pedido una regulación, así como la suspensión de cuentas vinculadas al supuesto complot de enero de 2023.

Tras la polémica entre Musk y Moraes, medios de ultraderecha, como La Derecha Diario, del que es dueño Cerimedo, han intentado asociar las legítimas preocupaciones sobre la seguridad de la institucionalidad de Brasil —debido a los eventos en la Plaza de los Tres Poderes— con un supuesto entramado de Lula para llevar al país al autoritarismo. Pero esta dinámica, la de acusar al gobierno de Lula de censura y autoritarismo, ya se salió de las fronteras de Brasil.

El periodista Michael Shellenberger, asociado al conservadurismo, también ha contribuido a alimentar estas teorías al publicar una denuncia titulada “Los archivos de Twitter”, que relatan un supuesto intercambio de correos en los que las autoridades brasileñas habrían presionado a los empleados de la plataforma para obtener datos confidenciales. Tales denuncias han recibido miles de vistas en redes sociales.

Varios congresistas de Brasil ligados a la ultraderecha hicieron eco de los artículos de Shellenberger, así como cuentas internacionales como la ucraniana Visegrád24, la cual ganó cientos de miles de seguidores por su cobertura de la invasión de Ucrania y que también está asociada a la ultraderecha. Desde España, el partido Vox también mostró su preocupación por lo que pasa en Brasil, así como el eurodiputado holandés, Rob Roos, de los Conservadores y Reformistas Europeos, y el líder del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura. Lo que esto demuestra, según el diario O’Globo, es que los vínculos entre el bolsonarismo y la ultraderecha en todo el mundo son fuertes.

“Los bolsonaristas vienen multiplicando sus agendas en el exterior con este objetivo. En marzo, Eduardo llegó a Estados Unidos con una veintena de parlamentarios brasileños para denunciar la escalada del autoritarismo en Brasil ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense. Los eventos que involucran a partidarios de Bolsonaro con líderes internacionales se han vuelto más comunes”, señala O’Globo.

Lo que empezó como una pelea entre Musk y la justicia de Brasil se convirtió en un agitador de todo el ecosistema de la ultraderecha a nivel global, que expone las preocupaciones de este grupo por las regulaciones sobre el entorno digital. En las redes sociales, han quedado expuestas las facilidades para producir y compartir contenido que altere a un grupo para impedir el curso de procesos democráticos, como destaca el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). El gobierno de Brasil, por su parte, sigue con sus esfuerzos para lanzar un proyecto de ley que obligue a las empresas de Internet, los motores de búsqueda y los servicios de mensajería social a denunciar material que sea peligroso para la democracia.

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