La pesadilla de Maduro es la oposición en el exilio

“Donde haya un micrófono, allá estará mi voz”, dijo Antonio Ledezma desde la sala de espera del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta. También dijo que su escape desde Caracas, donde había sido recluido en prisión domiciliara desde 2015, fue “una travesía peliculesca”, un calificativo que también aplica a los últimos años de su vida política.

En 2008, Ledezma le dio a la oposición venezolana uno de sus logros más importantes en la era chavista: al mando del partido Alianza Bravo Pueblo, se convirtió en alcalde de Caracas. Un triunfo agridulce, pues el equipo con el que tendría que trabajar estaba lleno de burócratas que le debían sus contratos al oficialismo. No contento con eso, el gobierno central optó por cerrarle el flujo de recursos a la alcaldía de Ledezma. Las nóminas se dejaron de pagar mientras el régimen alargaba los contratos de los funcionarios que le eran fieles, y el descontento crecía.

Ledezma no se cruzó de brazos. Contra todo pronóstico, la huelga de hambre, la denuncia que hizo ante la OEA por el sabotaje a su administración y los meses en los que tuvo que gobernar desde su carro porque no lo dejaban entrar a su oficina, no pasaron desapercibidos, y en 2013 el electorado lo volvió a escoger para gobernar la capital, con el 51,28 % de los votos.

La dicha duró poco. El 19 de febrero de 2015, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con el rostro cubierto y fuertemente armados, sacaron a Ledezma esposado de su oficina. ¿La razón? El régimen lo acusaba de estar detrás de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Por motivos de salud, y a pesar de nunca haber tenido un juicio por los delitos de los que era acusado, Ledezma fue recluido en su casa en Caracas, la misma a la que en la mañana del viernes 17 de noviembre llegaron seis camionetas del Sebin para comprobar, con sus propios ojos, la noticia que los había puesto sobre alerta: Ledezma se fugó y estaba de paso por Colombia antes de seguir su camino a Europa.

“Ledezma no es una de las figuras pasivas de la oposición. Todo lo contrario, su línea es una línea dura y su escape, sin lugar a dudas, significa la salida de uno de los miembros más radicales de la oposición”, comentó Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Junto a María Corina Machado, Ledezma no se ha cansado de reclamar la salida inmediata de Maduro y ahora, en libertad y desde el exterior, se une a las figuras de alto perfil que trabajan para hacerle contrapeso al régimen de Maduro, como la exfiscal Luisa Ortega, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia paralelo, repartidos por Chile, Colombia y EE. UU., y el antiguo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU Diego Arria, quien esta semana llevó sus denuncias contra Maduro a la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

Aunque en su fuga Ledezma dijo haber pasado por 29 puestos entre Guardia Nacional y policía de gobierno, Rodríguez no ve en eso una posible erosión de las fuerzas policiales de Maduro: “Por el contrario, el gobierno venezolano tiene sistemas de seguridad e inteligencia que se han venido refinando en la medida en que el régimen se cierra democráticamente”.

“Estamos hablando de una frontera de 2.219 kilómetros con más de 700 pasos ilegales. Es muy fácil salir de Venezuela por tierra. El Estado venezolano no puede controlar una frontera tan porosa e incluso le cuesta trabajo controlar otros tipos de salida, como ocurrió con la fiscal (Luisa Ortega), que salió por vía marítima”, añade Rodríguez.

La fuga de Ledezma le puso punto final a una semana en la que Venezuela empezó a fallar en el pago de sus obligaciones económicas, algo que los analistas describen como una oportunidad del régimen para invertir sus fondos en medidas populistas, como la repartición de bonos navideños, para garantizar un triunfo en las elecciones municipales de diciembre.

Paradójicamente, la crisis económica también puede ser un factor crucial para que la huida de Ledezma no impacte negativamente a los opositores. Aunque por el momento están suspendidas, el Gobierno y la oposición adelantan negociaciones en República Dominicana. Allí, para proyectar una imagen benévola y a cambio de disminuir las sanciones internacionales que pesan en su contra, el régimen podría llegar a garantizarle algunas concesiones a la oposición, entre ellas la organización de elecciones limpias, o al menos con la presencia de veedores internacionales.

El problema es con figuras como Luisa Ortega, quien recientemente acusó ante la Corte Internacional de Justicia al régimen de Maduro por el homicidio de más de 2.000 personas, o como los miembros del TSJ paralelo, que anunció que el próximo lunes sentenciarán a las autoridades venezolanas por delitos relacionados con la represión desproporcionada de manifestantes. Las sanciones, por otra parte, tienen estrangulada la economía venezolana y prometen reducir todavía más la producción petrolera del vecino país. Al defender las sanciones internacionales, la oposición en el exilio podría haber encontrado el talón de Aquiles de Maduro y sus esfuerzos para aprovechar esa debilidad podrían convertirla en una pesadilla para el mandatario.

“Donde haya un micrófono, allá estará mi voz”, dijo Antonio Ledezma desde la sala de espera del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta. También dijo que su escape desde Caracas, donde había sido recluido en prisión domiciliara desde 2015, fue “una travesía peliculesca”, un calificativo que también aplica a los últimos años de su vida política.

En 2008, Ledezma le dio a la oposición venezolana uno de sus logros más importantes en la era chavista: al mando del partido Alianza Bravo Pueblo, se convirtió en alcalde de Caracas. Un triunfo agridulce, pues el equipo con el que tendría que trabajar estaba lleno de burócratas que le debían sus contratos al oficialismo. No contento con eso, el gobierno central optó por cerrarle el flujo de recursos a la alcaldía de Ledezma. Las nóminas se dejaron de pagar mientras el régimen alargaba los contratos de los funcionarios que le eran fieles, y el descontento crecía.

Ledezma no se cruzó de brazos. Contra todo pronóstico, la huelga de hambre, la denuncia que hizo ante la OEA por el sabotaje a su administración y los meses en los que tuvo que gobernar desde su carro porque no lo dejaban entrar a su oficina, no pasaron desapercibidos, y en 2013 el electorado lo volvió a escoger para gobernar la capital, con el 51,28 % de los votos.

La dicha duró poco. El 19 de febrero de 2015, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con el rostro cubierto y fuertemente armados, sacaron a Ledezma esposado de su oficina. ¿La razón? El régimen lo acusaba de estar detrás de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Por motivos de salud, y a pesar de nunca haber tenido un juicio por los delitos de los que era acusado, Ledezma fue recluido en su casa en Caracas, la misma a la que en la mañana del viernes 17 de noviembre llegaron seis camionetas del Sebin para comprobar, con sus propios ojos, la noticia que los había puesto sobre alerta: Ledezma se fugó y estaba de paso por Colombia antes de seguir su camino a Europa.

“Ledezma no es una de las figuras pasivas de la oposición. Todo lo contrario, su línea es una línea dura y su escape, sin lugar a dudas, significa la salida de uno de los miembros más radicales de la oposición”, comentó Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Junto a María Corina Machado, Ledezma no se ha cansado de reclamar la salida inmediata de Maduro y ahora, en libertad y desde el exterior, se une a las figuras de alto perfil que trabajan para hacerle contrapeso al régimen de Maduro, como la exfiscal Luisa Ortega, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia paralelo, repartidos por Chile, Colombia y EE. UU., y el antiguo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU Diego Arria, quien esta semana llevó sus denuncias contra Maduro a la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

Aunque en su fuga Ledezma dijo haber pasado por 29 puestos entre Guardia Nacional y policía de gobierno, Rodríguez no ve en eso una posible erosión de las fuerzas policiales de Maduro: “Por el contrario, el gobierno venezolano tiene sistemas de seguridad e inteligencia que se han venido refinando en la medida en que el régimen se cierra democráticamente”.

“Estamos hablando de una frontera de 2.219 kilómetros con más de 700 pasos ilegales. Es muy fácil salir de Venezuela por tierra. El Estado venezolano no puede controlar una frontera tan porosa e incluso le cuesta trabajo controlar otros tipos de salida, como ocurrió con la fiscal (Luisa Ortega), que salió por vía marítima”, añade Rodríguez.

La fuga de Ledezma le puso punto final a una semana en la que Venezuela empezó a fallar en el pago de sus obligaciones económicas, algo que los analistas describen como una oportunidad del régimen para invertir sus fondos en medidas populistas, como la repartición de bonos navideños, para garantizar un triunfo en las elecciones municipales de diciembre.

Paradójicamente, la crisis económica también puede ser un factor crucial para que la huida de Ledezma no impacte negativamente a los opositores. Aunque por el momento están suspendidas, el Gobierno y la oposición adelantan negociaciones en República Dominicana. Allí, para proyectar una imagen benévola y a cambio de disminuir las sanciones internacionales que pesan en su contra, el régimen podría llegar a garantizarle algunas concesiones a la oposición, entre ellas la organización de elecciones limpias, o al menos con la presencia de veedores internacionales.

El problema es con figuras como Luisa Ortega, quien recientemente acusó ante la Corte Internacional de Justicia al régimen de Maduro por el homicidio de más de 2.000 personas, o como los miembros del TSJ paralelo, que anunció que el próximo lunes sentenciarán a las autoridades venezolanas por delitos relacionados con la represión desproporcionada de manifestantes. Las sanciones, por otra parte, tienen estrangulada la economía venezolana y prometen reducir todavía más la producción petrolera del vecino país. Al defender las sanciones internacionales, la oposición en el exilio podría haber encontrado el talón de Aquiles de Maduro y sus esfuerzos para aprovechar esa debilidad podrían convertirla en una pesadilla para el mandatario.