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La imagen de decenas de migrantes con overoles blancos y en estrictas filas camino a un avión de la Fuerza Aérea de Chile empezó a causar polémica desde principios del mes de febrero, cuando se llevó a cabo la primera expulsión masiva de migrantes en la que 86 extranjeros, provenientes de Colombia y Venezuela, fueron embarcados en un vuelo de vuelta a sus países.
Más de cuatro meses después, las autoridades chilenas ya han expulsado, bajo esta modalidad, a más de 400 inmigrantes, en medio de las críticas de organismos internacionales como ACNUR y de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que califican como arbitrario este mecanismo.
Desde finales de febrero el Ministerio del Interior de Chile anticipó que estaba en un proceso de licitación para que los inmigrantes que fueran deportados, por vía administrativa, lo hicieran en vuelos privados y no de la Fuerza Aérea, una opción que se había tomado debido a la pandemia y a las restricciones de las operaciones aéreas durante el 2020.
Lucrativo negocio de expulsión
En los últimos días se revelaron los detalles de este convenio firmado entre el Gobierno chileno y la aerolínea SKY para realizar al menos 15 vuelos con hasta 180 pasajeros a bordo. Esto, con el fin de concretar la expulsión de cerca de 2.700 migrantes durante este año, con lo que compañía recibirá más de 750 dólares por cada extranjero expulsado en un contrato que supera los 2 millones de dólares.
Para Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita de Migrantes, estas cifras reflejan un objetivo perverso de haber transformado el proceso de control migratorio en una carrera por cumplir las metas de expulsiones trazadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.
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“El contrato hay que ejecutarlo y por tanto las expulsiones hay que hacerlas. En el fondo lo importante pasa a ser cumplir con ellas y no el cumplir con el análisis de cada situación individual. ¿Es realmente esto prioritario, con las necesidades que tiene el país en pandemia, destinar estos fondos a una expulsión?”, cuestiona Rodríguez en diálogo con la Agencia Anadolu.
Sin embargo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó al diario La Tercera que no fue una decisión económica sino un mecanismo apegado a la ley. “Porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”, señaló Galli.
El drama de la separación familiar
A la comuna norteña de Iquique a diario llegan decenas de migrantes, en su gran mayoría provenientes de Venezuela y Colombia, huyendo de las crisis humanitarias y económicas que viven en sus países. Sin embargo, al entrar a Chile por pasos irregulares, se enfrentan al drama de las expulsiones masivas.
“Hubo un caso reciente en el que al papá lo expulsaron y a la mamá, que estaba embarazada, se le adelantó el parto por el trauma de la expulsión de su pareja. Terminó naciendo el bebé de ocho meses, y ella quedó sola aquí con tres menores y un recién nacido”, relata a la Agencia Anadolu Victoria Cardemil, coordinadora del programa de refugio FASIC en la región, quien asegura que este es solo un caso de los cientos que reflejan el quiebre de las familias migrantes.
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Cardemil dirige la iniciativa de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) con la que se busca la asistencia a los inmigrantes, a quienes se ayuda con arriendos temporales a su llegada al país y se les presta asesoría jurídica para tratar de regularizar sus documentos.
“Nadie llega a un país caminando por voluntad propia. Siempre es un acto forzado por vivir en amenaza constante a su propia vida en el país de origen el que impulsa a cruzar la frontera con la familia completa. Por eso se debe analizar desde el plano humanitario y no ejecutivo o administrativo, como se está haciendo”, señala Cardemil.
Organizaciones de defensa de inmigrantes en Chile denuncian que la falta de acción de las autoridades pone a los extranjeros en situación de vulnerabilidad frente a coyotes y narcotraficantes que les ofrecen una salida a su crisis económica al vincularlos a redes de microtráfico.
Críticas nacionales e internacionales
La actuación del Gobierno chileno incluso ha provocado la preocupación de expertos de las Naciones Unidas quienes, el mes pasado, pidieron detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes, al asegurar que tienen derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país, que debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Las deportaciones de migrantes no pueden ser efectuadas en forma sumaria, sino que se requiere una determinación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, señaló en mayo el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
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El pasado 24 de junio se registró la más reciente expulsión masiva de más de 72 extranjeros argentinos y colombianos, entre los cuales más de la mitad tenía antecedentes judiciales y el resto tenía causales administrativas, hecho que causó la convocatoria de una sesión especial en el Senado chileno para discutir la problemática migratoria que enfrenta el país.
Parlamentarios de oposición denunciaron, en esta instancia, que el Gobierno de Sebastián Piñera no está siguiendo el debido proceso y que las expulsiones administrativas podrían estar siendo arbitrarias e ilegales.
“Como legisladores nos preocupa no solo el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile. Sobre todo, los derechos de quienes han venido a nuestro país con la intención de salir adelante o huyendo de situaciones precarias y de crisis”, aseguró el senador José Miguel Insulza, jefe de la bancada Socialista y exsecretario de la Organización de Estados Americanos.
Incluso la misma Corte Suprema de Chile ha señalado que las expulsiones deben ser razonables y ha pedido revisar uno a uno los casos de los inmigrantes para evitar conductas arbitrarias y contrarias a las leyes. “La decisión administrativa debe atender a circunstancias personales y familiares de la persona, y satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de un acto no arbitrario”, señaló Gloria Ana Chevesich, ministra vocera de la Corte Suprema.Expertos coinciden en que con las expulsiones masivas Chile está vulnerando la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el país, además de normas internas como la Ley de Refugio y la Convención para la protección de trabajadores migrantes y sus familiares, que obligan a analizar cada caso, ya que en lo que va del año cerca de 400 extranjeros han sido devueltos a sus países.