La posibilidad de un proceso democrático en Venezuela disminuye, dice Bachelet

En su nuevo informe sobre la situación en Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que hay un deterioro las condiciones que permiten con proceso electoral “creíble y democrático”.

El pasado 12 de junio, el Tribunal Supremo de Venezuela designó por vía rápida nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión ampliamente criticada por la oposición y ahora por la oficina de Bachelet.

Ese nombramiento de rectores del CNE sin el consenso de todas las fuerzas políticas perjudica el curso de las elecciones, pues interfieren en la organización interna de las fuerzas políticas de oposición ya que “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles”.

El pasado miércoles, 1 de julio, se hicieron evidentes los primeros efectos de esta decisión. El CNE convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre, pero la oposición se negó a participar de los comicios con las actuales condiciones.

La crisis en Venezuela, según un documento presentado por Bachelet, se ha agravado durante la pandemia y se han registrado nuevos ataques a los parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Según documenta la Oficina de la Alta Comisionada, desde enero las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro han bloqueado el acceso a la Asamblea Nacional a los parlamentarios que apoyan al líder opositor Juan Guaidó. También se les ha retirado la inmunidad a 28 asambleístas opositores y se han detenido a familiares y ayudantes de Guaidó sin un proceso justo.

Pero no solo los miembros de la esfera política han sufrido una obstaculización del Gobierno de Maduro para manifestar su oposición. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, más de 2.500 personas han reclamado derechos civiles y políticos por las restricciones a la libertad de opinión y expresión que se presentan en el país y que continúan siendo documentadas.

El derecho a la integridad física ha sido uno de los ejes que más preocupan a los observadores internacionales. Se han documentado casos de tortura a los presos políticos y un paupérrimo trato por parte del Estado. Los miles de reclusos que se encuentran en el país se enfrentan a un acceso a alimentación y enfermería limitado. Además, los retrasos de los procedimientos judicial perjudican los procesos de las personas detenidas en los tribunales de justicia.

Las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información y a la vida han persistido, según documentó la Oficina de Bachelet, así como la detención de líderes políticos, periodistas y funcionarios opositores al gobierno.

“El Gobierno informó de que entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio30. En ese mismo período, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad, de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su fase intermedia y 13 en juicio; el perpetrador fue condenado por homicidio en un caso”, destacó el documento presentado por Bachelet.

Por todo esto, la oficina de la expresidenta chilena presentará un informe más amplio sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país el próximo 15 de julio.

La Oficina de Bachelet también destaca que los venezolanos continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los salarios bajos y a los elevados precios de alimentos y la carencia de un buen sistema de servicios públicos como la salud.

“Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, aumentar los salarios y mantener la cobertura de los programas sociales han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, destaca el informe.

Vea también: Venezuela da marcha atrás y suspende expulsión de embajadora de Naciones Unidas

La Alta Comisionada le recomendó al Gobierno de Maduro que restablezca las funciones de la Asamblea Nacional, cese las detenciones arbitrarias por parte de los servicios de inteligencia y revise sus políticas de seguridad y que garantice una respuesta a gran escala, liderada por Naciones Unidas, a la emergencia humanitaria que se vive en el país.

Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas por parte del gobierno interino conformado por Juan Guaidó, destacó la importancia del informe de Bachelet para dejar en claro que “Venezuela no será una crisis olvidada”.

“En el medio del momento difícil para la comunidad internacional, Venezuela está nuevamente en el centro de la discusión. Venezuela nuevamente vuelve a ser parte de la discusión del Consejo de Derechos Humanos… (a Maduro) se le está cerrando el último reducto de diplomacia”, dijo Pizarro.

Por otro lado, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, criticó el informe y aseguró que este excluye los progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno de Venezuela y los partidos de oposición.

“La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del viejo continente… Sorprende la flagrante subordinación de la Unión Europea a la administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump”, concluyó Valero.

Le puede interesar: Derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, víctimas de la pandemia

En su nuevo informe sobre la situación en Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que hay un deterioro las condiciones que permiten con proceso electoral “creíble y democrático”.

El pasado 12 de junio, el Tribunal Supremo de Venezuela designó por vía rápida nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión ampliamente criticada por la oposición y ahora por la oficina de Bachelet.

Ese nombramiento de rectores del CNE sin el consenso de todas las fuerzas políticas perjudica el curso de las elecciones, pues interfieren en la organización interna de las fuerzas políticas de oposición ya que “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles”.

El pasado miércoles, 1 de julio, se hicieron evidentes los primeros efectos de esta decisión. El CNE convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre, pero la oposición se negó a participar de los comicios con las actuales condiciones.

La crisis en Venezuela, según un documento presentado por Bachelet, se ha agravado durante la pandemia y se han registrado nuevos ataques a los parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Según documenta la Oficina de la Alta Comisionada, desde enero las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro han bloqueado el acceso a la Asamblea Nacional a los parlamentarios que apoyan al líder opositor Juan Guaidó. También se les ha retirado la inmunidad a 28 asambleístas opositores y se han detenido a familiares y ayudantes de Guaidó sin un proceso justo.

Pero no solo los miembros de la esfera política han sufrido una obstaculización del Gobierno de Maduro para manifestar su oposición. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, más de 2.500 personas han reclamado derechos civiles y políticos por las restricciones a la libertad de opinión y expresión que se presentan en el país y que continúan siendo documentadas.

El derecho a la integridad física ha sido uno de los ejes que más preocupan a los observadores internacionales. Se han documentado casos de tortura a los presos políticos y un paupérrimo trato por parte del Estado. Los miles de reclusos que se encuentran en el país se enfrentan a un acceso a alimentación y enfermería limitado. Además, los retrasos de los procedimientos judicial perjudican los procesos de las personas detenidas en los tribunales de justicia.

Las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información y a la vida han persistido, según documentó la Oficina de Bachelet, así como la detención de líderes políticos, periodistas y funcionarios opositores al gobierno.

“El Gobierno informó de que entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio30. En ese mismo período, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad, de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su fase intermedia y 13 en juicio; el perpetrador fue condenado por homicidio en un caso”, destacó el documento presentado por Bachelet.

Por todo esto, la oficina de la expresidenta chilena presentará un informe más amplio sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país el próximo 15 de julio.

La Oficina de Bachelet también destaca que los venezolanos continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los salarios bajos y a los elevados precios de alimentos y la carencia de un buen sistema de servicios públicos como la salud.

“Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, aumentar los salarios y mantener la cobertura de los programas sociales han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, destaca el informe.

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La Alta Comisionada le recomendó al Gobierno de Maduro que restablezca las funciones de la Asamblea Nacional, cese las detenciones arbitrarias por parte de los servicios de inteligencia y revise sus políticas de seguridad y que garantice una respuesta a gran escala, liderada por Naciones Unidas, a la emergencia humanitaria que se vive en el país.

Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas por parte del gobierno interino conformado por Juan Guaidó, destacó la importancia del informe de Bachelet para dejar en claro que “Venezuela no será una crisis olvidada”.

“En el medio del momento difícil para la comunidad internacional, Venezuela está nuevamente en el centro de la discusión. Venezuela nuevamente vuelve a ser parte de la discusión del Consejo de Derechos Humanos… (a Maduro) se le está cerrando el último reducto de diplomacia”, dijo Pizarro.

Por otro lado, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, criticó el informe y aseguró que este excluye los progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno de Venezuela y los partidos de oposición.

“La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del viejo continente… Sorprende la flagrante subordinación de la Unión Europea a la administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump”, concluyó Valero.

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