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Las protestas que estallaron en el 2018 dejaron una huella imborrable en la sociedad nicaragüense. Las heridas fueron muchas, pero la libertad de prensa en Nicaragua “ha experimentado un franco deterioro desde que las manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional”, alertó en un informe la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra esta semana su reunión semestral.
Desde entonces, señaló la SIP en un informe presentado en su reunión de medio año que se han encarcelado a periodistas, enjuiciado a otros, hostigado y robado equipos a reporteros, embargos a medios de comunicación críticos al Gobierno de Daniel Ortega, y aprobado leyes que buscan controlar a la prensa.
“Aquella represión incluyó a los periodistas independientes, dos de ellos estuvieron presos por seis meses y decenas salieron al exilio. Muchos espacios, sitios de internet y un canal de televisión por cable fueron cerrados y permanecen de esa manera desde entonces”, puntualizó la SIP.
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Asedio a periodistas
Sostuvo que “continúa el estado de sitio” en Nicaragua, que no se permiten “reuniones de tres personas en público”, y “los periodistas son atacados, sus equipos robados y los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir” por cubrir actividades contrarias al Ejecutivo sandinista. “La Policía, el brazo represor del régimen que en muchas ocasiones se apoya en parapolicías para reprimir, tiene como principal tarea vigilar y asediar a opositores y a periodistas independientes”, denunció la SIP en el informe.
Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo, aprobó a finales del año pasado tres leyes que “afectan la libertad de prensa, la primera parece diseñada para reprimir a los políticos y eliminar candidatos”.
La ley de Regulación de Agentes Extranjeros, bautizada como “Ley Putin” por la oposición, además de controlar las operaciones financieras y las actividades que realizan asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras bajo el argumento de que se pone así fin a la injerencia extranjera, “perjudica a los medios de comunicación que reciben ayuda de diferentes fundaciones”.
“La Ley exige inscribirse como “agente extranjero” y declarar con anterioridad cualquier donación para ser aprobada por el Ministerio de Gobernación”, apuntó.
En enero pasado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación, recordó.
Una polémica ley
En tanto, la Ley Especial de Ciberdelitos, presentada y aprobada por los diputados sandinistas, “sin mayor consulta”, establece castigos de entre dos a cuatro años de prisión a “quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia”, continuó.
Según la SIP, esa ley tiene definiciones imprecisas y obligará a los periodistas a autocensurarse ante el temor de ser judicializados y condenados.
El documento también hace referencia al embargo al Canal 12 y que la subasta de los bienes “obligaría al cierre” de la televisora. También que las “instalaciones del canal 100 % Noticias y de Confidencial, tomadas por la Policía y cerradas por el Gobierno en diciembre de 2018, fueron entregadas al Ministerio de Salud en diciembre de 2020, sin que mediara acusación ni resolución judicial”.
“La presión en contra de los medios independientes continúa” en Nicaragua, advirtió la SIP, que reportó asedios contra los periodistas Kalúa Salazar, jefa de prensa de la radio La Costeñísima, Anibal Toruño, director de Radio Darío, y David Quintana, director de la plataforma Boletín Ecológico.