La pugna por la financiación de la universidad pública en Argentina, explicada

La inflación es uno de los grandes problemas estructurales que padece la economía argentina, pero el objetivo del presidente Javier Milei es situarla en el 1 % mensual antes de que finalice el año. Una de las medidas para lograrlo fue vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes y personal no docente, quienes, en su mayoría, aseguran estar por debajo de la línea de pobreza.

La inflación es uno de los grandes problemas estructurales que padece la economía argentina, pero el objetivo del presidente Javier Milei es situarla en el 1 % mensual antes de que finalice el año. Una de las medidas para lograrlo fue vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes y personal no docente, quienes, en su mayoría, aseguran estar por debajo de la línea de pobreza.

En Argentina la carrera docente de universidades públicas está integrada por las categorías de profesor titular, jefe de trabajos prácticos (JTP), ayudante de primera y ayudante de segunda. Por ejemplo, un JTP, encargado de dirigir a los alumnos en las actividades prácticas conforme a las instrucciones impartidas por el profesor, con 15 años de experiencia y, al menos, un doctorado gana mensualmente 143.619 pesos argentinos brutos (US$146.44), según datos de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires.

Pero los gastos en la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), serían de 136.399 pesos argentinos para una persona. Según el mismo informe, un grupo familiar de tres integrantes precisa de 335.542 pesos mensuales para no ser considerado pobre.

A pesar de la presión ejercida por las masivas movilizaciones del pasado 2 de octubre en distintas ciudades de Argentina en defensa de las universidades públicas, y que se sigue manifestando en protestas como las vistas este miércoles, hace dos semanas 84 diputados decidieron respaldar el veto de Milei justificando que, si se hubiera aprobado, habría afectado el equilibrio fiscal.

De acuerdo con Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, el argumento es correcto “en el sentido de que la Ley hubiera aumentado el nivel de gasto y obligado al gobierno a recortar en otro lugar”. Sin embargo, esto es “algo más profundo que la política económica. Para Milei, la cuestión del gasto público es central para su imagen de ser un anticasta”, detalló el docente.

En marzo, Milei anunció un “paquete de leyes anticasta”, que, según el propio presidente, terminaría “con los privilegios de la política y sus amigos”.

“Desde las promesas que hizo en su campaña Milei dijo ‘vamos a sufrir, pero tenemos que hacer esto porque la clase política ha sido irresponsable’. Bajo su administración, la universidad pública va a sufrir en términos de restricción de presupuesto, caída de salarios para los profesores y de los recursos para el manejo de la universidad. Pero esto tiene que ver con la batalla cultural contra el peronismo, es decir, desizquierdizar la universidad pública en Argentina”, explicó Franchini.

En Argentina. la enseñanza universitaria es reconocida por ser gratuita y de calidad. Hay 115 universidades y en las 63 públicas estudia el 80 % de los 2,5 millones de estudiantes, según los datos oficiales del Departamento de Información Universitaria. Según el ranquin CWUR 2024, que destaca las 2.000 mejores universidades del mundo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) figura en el puesto 390 y es la cuarta a nivel de América Latina. Los cinco premios nobel argentinos se educaron allí.

En un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación, la ley habría costado al Ejecutivo 0,14 puntos del producto interno bruto (PIB). El mensaje, según Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, es que “para este gobierno la educación superior es un privilegio para unos pocos y un gasto para el Estado”, escribió en la red social X.

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del salario al 6,8 % por decreto para el personal docente y no docente universitario. Sin embargo, de acuerdo con la explicación de Yacobitti, “la recomposición propuesta se plantea sobre una actualización del 1 % mensual, cuando el IPC viene a un ritmo del 4 %. Es decir, continúa deteriorándose todos los meses el salario en relación con la inflación”, detalló.

Según fuentes universitarias, a los 10 años de dedicación los profesores tienen un sueldo un 50 % más alto que el día que empezaron, mientras que a los 25 años de docencia (cerca de la antigüedad máxima) pueden cobrar hasta un 125 % más que el básico.

“Reconocemos la importancia del equilibrio fiscal como una política central y la Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave para preservarlo al detener la Ley de Financiamiento Universitario”, escribió en su cuenta de X Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación Argentina, a cargo de la Secretaría de Educación. “Seguimos comprometidos con una educación pública de calidad, por eso consideramos esencial auditar las universidades y asegurar un uso responsable de los recursos públicos”, detalló.

Milei ha centrado su postura en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades. En este aspecto, David Lugo, un colombiano que estudia en la UBA, considera que es lo correcto. “Si el gobierno pone cierto dinero en las universidades, estas tienen que ser claras con cada peso que llega”, dijo.

Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias, pero ahora la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control interno del Ejecutivo, hará una externa.

Según el director de la entidad, Miguel Blanco, “el alcance de SIGEN es fundamentalmente ver el sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos. No revisamos las cosas que tienen que ver con la autonomía de la universidad, designación de autoridades o de carreras de profesores, ese no es nuestro alcance”, aclaró para El Clarín.

Por ahora, el presidente argentino, Javier Milei, dijo que la universidad pública seguirá siendo gratuita, pero afirmó que no cederá a los reclamos por más presupuesto cuando se multiplican las protestas estudiantiles. Para 2025, el gobierno presupuestó la mitad de los fondos que los rectores manifestaron necesario para garantizar el funcionamiento. Algunos expertos advierten que lo perjudicial sería, por ejemplo, una fuga de cerebros.

Según Diego Winocur, profesor de Ciencias Geológicas de la UBA, “ya hay una deserción de docentes en varias facultades porque su salario no les alcanza. Vendrá gente menos experimentada y de esa manera la calidad educativa se va perdiendo”. También, habrá un vacío en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, advirtió el docente.

Las universidades volverán a parar este jueves 17 de octubre por 24 horas y apoyadas por las tomas estudiantes en edificios de distintas universidades del país planean una tercera Marcha Federal Universitaria.

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