La razón detrás del creciente asedio de Daniel Ortega a opositores en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua aumentó el asedio policial y judicial contra la oposición y medios independientes, con lo que busca, según organizaciones de derechos humanos,allanar el camino a la reelección en noviembre de Daniel Ortega, quien aún no anunció oficialmente su candidatura.
La aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, con posibilidades para enfrentar una casi segura candidatura de Ortega, de forma inesperada fue vinculada por el Ministerio de Gobernación (Interior) a delitos de lavado de activos, acusación que puede dejarla fuera de la contienda electoral.
“Ortega ha ordenado fabricar ‘pruebas’ en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre [la expresidenta] Violeta Barrios de Chamorro”, dijo Cristiana en Twitter.
La opositora y periodista fue citada por el Ministerio de Gobernación para responder por supuestas “inconsistencias en los reportes financieros” de la fundación que dirigió entre 2015 y 2019, una organización promotora de la libertad de expresión.
La fundación “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (...) y se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el caso ha sido remitido al Ministerio Público [Fiscalía]” para su investigación, señala una nota del gobierno.
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En Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección.
“Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad (...) esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedir tener ese derecho”, dijo Chamorro, de 67 años, tras casi cuatro horas en oficinas de Gobernación.
La fundación, como muchas otras organizaciones en Nicaragua, debió cerrar operaciones en febrero afectada por una ley aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, que exige reportar los ingresos de fuentes externas y declararse como agente extranjero.
Cristiana Chamorro, que no milita en ningún partido, tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup. Ello la sitúa por encima de otros aspirantes a la silla presidencial.
Tras el fallido intento de unidad en la oposición, las miradas se enfocaban en ella para liderar una candidatura que enfrente a Ortega, en el poder desde 2007 y quien, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato consecutivo.
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Los precandidatos Felix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro también fueron objeto de asedio.
“Intente salir en mi vehículo pero dos patrullas obstruyeron mi paso, entonces decidí caminar y los agentes procedieron a golpearme con el garrote y sin darme explicación y por la fuerza me regresaron a la casa”, dijo Maradiaga.
Allanan medios opositores
Mientras tanto, la policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y retuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videoreportero de la AFP.
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“No nos van a callar, pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hechos algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas”, escribió Chamorro en Twitter.
El gobierno acusa a estos medios de haber impulsado las manifestaciones que pedían la salida de Ortega en 2018, y en las que murieron más de 300 personas.
El gobierno sandinista ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas opositoras. Ortega sostiene que esas manifestaciones constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Washington.
Asimismo, esta semana, el tribunal electoral, afín al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sacó de circulación a un bloque opositor liderado por el Partido Restauración Democrática (PRD), así como al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo del país.
HRW: robarse las elecciones
“Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse la elecciones presidenciales de noviembre 2021”, dijo el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
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Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) las acciones del gobierno “no tiene limites y evidencian el estado de terror al que tiene sometido al país”.
En tanto, el bloque opositor Coalición Nacional calificó los hechos de “graves violaciones a los derechos humanos y políticos (...) esto es muestra de debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por las armas y que bloquea cualquier intento de elecciones libres, competitivas y transparentes”.
La Unión Democrática Renovadora (Unamos, centro izquierda) dijo en un comunicado que el gobierno pretende infundir miedo y desesperanza” en la población que ya tomó la decisión de “ser libre y de conquistar la democracia, lo que es irrenunciable e impostergable”.
La aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, con posibilidades para enfrentar una casi segura candidatura de Ortega, de forma inesperada fue vinculada por el Ministerio de Gobernación (Interior) a delitos de lavado de activos, acusación que puede dejarla fuera de la contienda electoral.
“Ortega ha ordenado fabricar ‘pruebas’ en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre [la expresidenta] Violeta Barrios de Chamorro”, dijo Cristiana en Twitter.
La opositora y periodista fue citada por el Ministerio de Gobernación para responder por supuestas “inconsistencias en los reportes financieros” de la fundación que dirigió entre 2015 y 2019, una organización promotora de la libertad de expresión.
La fundación “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (...) y se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el caso ha sido remitido al Ministerio Público [Fiscalía]” para su investigación, señala una nota del gobierno.
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En Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección.
“Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad (...) esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedir tener ese derecho”, dijo Chamorro, de 67 años, tras casi cuatro horas en oficinas de Gobernación.
La fundación, como muchas otras organizaciones en Nicaragua, debió cerrar operaciones en febrero afectada por una ley aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, que exige reportar los ingresos de fuentes externas y declararse como agente extranjero.
Cristiana Chamorro, que no milita en ningún partido, tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup. Ello la sitúa por encima de otros aspirantes a la silla presidencial.
Tras el fallido intento de unidad en la oposición, las miradas se enfocaban en ella para liderar una candidatura que enfrente a Ortega, en el poder desde 2007 y quien, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato consecutivo.
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“Intente salir en mi vehículo pero dos patrullas obstruyeron mi paso, entonces decidí caminar y los agentes procedieron a golpearme con el garrote y sin darme explicación y por la fuerza me regresaron a la casa”, dijo Maradiaga.
Allanan medios opositores
Mientras tanto, la policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y retuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videoreportero de la AFP.
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“No nos van a callar, pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hechos algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas”, escribió Chamorro en Twitter.
El gobierno acusa a estos medios de haber impulsado las manifestaciones que pedían la salida de Ortega en 2018, y en las que murieron más de 300 personas.
El gobierno sandinista ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas opositoras. Ortega sostiene que esas manifestaciones constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Washington.
Asimismo, esta semana, el tribunal electoral, afín al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sacó de circulación a un bloque opositor liderado por el Partido Restauración Democrática (PRD), así como al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo del país.
HRW: robarse las elecciones
“Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse la elecciones presidenciales de noviembre 2021”, dijo el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
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En tanto, el bloque opositor Coalición Nacional calificó los hechos de “graves violaciones a los derechos humanos y políticos (...) esto es muestra de debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por las armas y que bloquea cualquier intento de elecciones libres, competitivas y transparentes”.
La Unión Democrática Renovadora (Unamos, centro izquierda) dijo en un comunicado que el gobierno pretende infundir miedo y desesperanza” en la población que ya tomó la decisión de “ser libre y de conquistar la democracia, lo que es irrenunciable e impostergable”.