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En la gestión del gobierno saliente coinciden el fracaso de la estrategia del cerco diplomático en la relación bilateral con Venezuela y el éxito de la audaz política de regularización del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), lo que compromete al presidente electo, Gustavo Petro, a trabajar para corregir la relación en las dimensiones fronteriza, consular y diplomática, y en el caso de la población en condición de movilidad humana pasar de la etapa de registro a la efectiva integración e inclusión de más de 2,3 millones de venezolanos en Colombia.
En la zona de frontera convergen los dos temas, sobre todo en el área de Norte de Santander y Táchira, por donde pasa la recuperación de la relación con Venezuela y la administración de los fenómenos de movilidad humana presentes en el área, lo que abre una ventana de oportunidad para el nuevo gobierno.
Si bien la frontera estaba “abierta unilateralmente” por Colombia desde el 2 de junio de 2021, la falta de coordinación entre las autoridades aduaneras y migratorias, así como la falta de voluntad política por parte de ambos gobiernos, han convertido el área de Norte de Santander y el Táchira en un punto de honor sacrificando el interés y bienestar de la población. La frontera dista mucho de ser lo que fue antes de la crisis, que inició el 19 de agosto de 2015, con la expulsión y salida masiva de nuestros compatriotas por la persecución del régimen venezolano, después de casi siete años la frontera cambió, la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, la consecuente crisis migratoria y la respuesta del Estado colombiano apoyado por la comunidad internacional han transformado el área limítrofe.
Un ejemplo del cambio en la frontera es la demanda de servicios sociales, según los datos del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP, para 2021 unos 52.769 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban matriculados en instituciones educativas de preescolar, básica y media en Norte de Santander, y de ellos 20.778 en la ciudad de Cúcuta. En otras palabras, el 3,21 % de la población total del departamento y el 2,63 % de la ciudad son población venezolana en proceso de formación que depende del sistema educativo y sus servicios conexos, ante la crisis educativa que vive Venezuela.
Un número importante de esos niños, niñas y adolescentes viven en territorio venezolano y deben cruzar la frontera todos los días para poder asistir a clase, cuando se cierran los pasos formales se les obliga a pasar por las trochas, dejándolos expuestos en áreas donde convergen el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el reclutamiento forzado, estas tres últimas crecieron exponencialmente durante los últimos tres años por el cierre y la ruptura de relaciones.
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En materia de salud la situación no es diferente, desde la ruptura de relaciones en 2019 en Norte de Santander se han realizado 1′100.038 atenciones en salud a población venezolana y de ellas en Cúcuta unas 789.869 atenciones. Un número indeterminado de estas personas cruzaron la frontera para acceder al servicio de salud que no provee Venezuela. Población que igualmente queda expuesta a las aproximadamente 15 organizaciones criminales venezolanas, las Gao y guerrilla transnacional que dominan los pasos irregulares.
Sin olvidar que en el área de frontera no solo transitan ciudadanos del hermano país, porque muchos de nuestros connacionales que hicieron de Venezuela su hogar aún permanecen en dicho territorio, a pesar del deterioro y de la crisis humanitaria compleja, y cruzan la frontera al igual que los venezolanos para acceder a bienes y servicios, incluso tras la ruptura de relaciones consulares deben cruzar para acceder a sus derechos, lo cual fue evidente en las pasadas elecciones, el potencial electoral de los colombianos en Venezuela para las presidenciales era de 184.421 ciudadanos, pero participaron en la segunda vuelta solo 3.263, apenas el 1,76 %, lo que afecta sin lugar a duda los derechos políticos de esta población, si bien se habilitaron 34 puestos de votación en los “consulados” dispuestos en la zona de frontera, es insuficiente sobre todo para los que viven en Caracas o el centro del país vecino, que no se podían desplazar hasta la frontera para votar.
Si bien el país se ha convertido en un referente global en el abordaje y manejo del tema migratorio, la regularización de la población migrante proveniente de Venezuela, la cual ha acogido a 2′384.500 ciudadanos que finalizaron el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), y otorgado el Permiso por Protección Temporal (PPT) a 1′355.329 hasta la fecha. Aún falta mucho trabajo en la administración de la migración pendular y en la protección de nuestros nacionales en Venezuela, así como la regularización y el apoyo a nuestros retornados.En la zona de frontera se requiere fortalecer la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), con el objeto de proteger la población en condición de movilidad humana, especialmente la que depende del paso constante para el abastecimiento de bienes y servicios. Asimismo, organizar y hacer más seguro el tránsito con una TMF, que recolecte información y dar acceso a servicios sociales en Colombia.
El Estado colombiano ha recorrido un camino importante en los procesos de regularización de los migrantes con vocación de permanencia gracias al Estatuto y cuenta con legitimidad social en la recolección, manejo y uso de la información, lo que permitirá adelantar procesos de sociocaracterización con los migrantes pendulares de cara a hacer un proceso de paso más ordenado y seguro.
Pero también debería implicar dar acceso a derechos, como: si la TMF es aceptada por el Estado colombiano como un documento de identidad válido para el acceso a servicios financieros, con el objetivo de trasladar las operaciones que hoy se desarrollan en la informalidad y en efectivo al sistema financiero, limitando la instrumentalización que hacen los actores criminales y dejando trazabilidad. O permitir el registro en el sistema de salud contributivo o subsidiado a la población pendular, que puedan realizar aportes, incluso si fueran subsidiados saldría mucho más barato que la atención que hoy se hace por urgencias.
Frente al tema bilateral, urge reinstitucionalizar la relación con el Estado venezolano y los detentadores del poder real. En la zona de frontera entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, la diplomacia local adelantada desde la gobernación y la diplomacia ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil y los gremios son el punto de partida. El trabajo del secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, desde la administración departamental; el liderazgo de la profesora Socorro Ramírez coordinando a las diversas organizaciones de la sociedad civil congregadas en puentes ciudadanos colombo-venezolanos, y la construcción de un tejido de confianza entre los actores económicos y gremios de ambos lados de la frontera de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, presidida por Germán Umaña, abonan el trabajo para la recuperación de la relación bilateral.
*Ronal Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria de la Fundación Konrad Adenauer y el Observatorio de Venezuela.
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