La religión no está tan alejada de las crisis en Centroamérica

Al sacerdote claretiano Donaciano Alarcón no le dieron tiempo para nada, ni siquiera de sacar sus pertenencias de la casa cural. Los uniformados nicaragüenses le quitaron su computador personal y el celular y lo dejaron descalzo, el pasado lunes, en El Espino, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Honduras. “Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera y ahí me hicieron cruzar y me dijeron: ‘Usted está fuera del país y no puede regresar más’”, dijo el cura a Radio Hogar de la arquidiócesis de Panamá.

Al sacerdote claretiano Donaciano Alarcón no le dieron tiempo para nada, ni siquiera de sacar sus pertenencias de la casa cural. Los uniformados nicaragüenses le quitaron su computador personal y el celular y lo dejaron descalzo, el pasado lunes, en El Espino, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Honduras. “Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera y ahí me hicieron cruzar y me dijeron: ‘Usted está fuera del país y no puede regresar más’”, dijo el cura a Radio Hogar de la arquidiócesis de Panamá.

El clérigo católico llevaba un año y medio en la parroquia María Auxiliadora, en el municipio de San José de la Cusmapa, en el norte de Nicaragua, muy cerca de la frontera donde lo dejaron. Las autoridades lo detuvieron ese mismo lunes, luego de que terminó una misa, por presuntamente haber oficiado una procesión el Domingo de Ramos, pese a que el régimen de Daniel Ortega prohibió las aglomeraciones religiosas durante la Semana Santa.

Detrás hay más cosas. Aunque Alarcón asegura que no hizo ninguna procesión, en la homilía del domingo sí mencionó al obispo Rolando José Álvarez, líder de la Diócesis a la que pertenece su iglesia, a quien hace nueve meses las autoridades sandinistas capturaron y hace dos sentenciaron a 26 años de prisión al declararlo “traidor de la patria”.

Monseñor Álvarez, además de ser un reconocido crítico del gobierno de Ortega, ha salido en defensa de los derechos humanos de la opresión del Gobierno. Su captura se dio luego de que pidió respetar la libertad religiosa tras el cierre de cinco emisoras católicas en Nicaragua, cuando lo acusaron por intentar organizar grupos violentos e incitar al odio a través de noticias falsas. Él es el clérigo de más alto rango arrestado por el régimen de su país, pero no el único.

Al menos 11 religiosos fueron capturados en 2022 por el gobierno de Ortega, otros como las monjas trapenses, que salieron a finales de marzo pasado, alegaron su salida de Nicaragua “por motivos de la orden”, tras 22 años de servicio en el país centroamericano. A estos se suman por lo menos 11 clérigos que decidieron huir y casos como el de monseñor Rodrigo Urbina, a quien le impidió regresar al país el 27 de enero, por lo que terminaron siendo desterrados, mientras que religiosas como las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, de la madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas, como también hicieron con Alarcón.

Ha sido tan tensa la relación entre Ortega con la Iglesia, que en una reciente entrevista a Infobae Argentina, el papa Francisco no dudó en afirmar que el mandatario nicaragüense tiene un desequilibrio. “Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas (...) Son un tipo de dictaduras groseras”. En respuesta, Ortega no dudó en comparar a la Iglesia católica con una mafia.

Esa crisis lleva un buen tiempo, pero sin duda se ha profundizado en los últimos meses. Pese a que la Iglesia tuvo un papel mediador durante la dictadura de Somoza, en la liberación de guerrilleros y presos políticos, incluido Daniel Ortega, con los años las relaciones no fueron las mejores. De hecho, en 2018, en medio de las manifestaciones contra el Gobierno, hechos como que la Iglesia católica abriera sus puertas para atender y proteger manifestantes terminaron justificando la afirmación del Gobierno según la cual los religiosos estaban del lado de un golpe de Estado que se estaría orquestando.

Los señalamientos, restricciones y capturas realizados han sembrado el terror entre religiosos y creyentes, a tal punto que pocos de los que siguen en Nicaragua se atreven a hablar del tema, mientras que personajes como monseñor Álvarez empiezan a ser nombrados junto a otros como monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien defendió los derechos humanos en medio de la guerra civil en El Salvador y fue asesinado en medio de una prédica, o del obispo guatemalteco Juan José Gerardi, cuyo homicidio ocurrió la misma semana en que entregó un informe de violaciones a los derechos humanos en su país.

El crecimiento de los evangélicos

Una encuesta realizada por CID Gallup a finales de el año pasado evidenció que en países centroamericanos como Honduras, Nicaragua y El Salvador ya son más los creyentes evangélicos que los católicos. En parte, como lo ha venido explicando desde hace algunos años el historiador estadounidense Andrew Chesnut, el crecimiento de las iglesias pentecostales obedece a la cohesión ideológica de los evangelios, ritos más cercanos a la cultura latinoamericana, reglas menos rígidas para los pastores, redes de apoyo a comunidades marginadas y la alta capacidad de tener eco entre conservadores de clase media y alta.

A esto se suman factores como la llegada de protestantes o políticos de vertientes afines, como fue el paso de José Efraín Ríos Montt por la presidencia de Guatemala o de Jimmy Morales, quien obtuvo el poder con el apoyo del partido Frente de Convergencia Nacional, bajo la fe evangélica. En casos como el de Costa Rica, el predicador Fabricio Alvarado intentó llegar al poder con abiertas políticas en contra de la población LGBT, pero perdió en segunda vuelta en 2016, mientras que Rodrigo Chávez, actual presidente, se comprometió en campaña con pastores evangélicos a entregarles carteras como las de Educación, Salud y Relaciones Internacionales, y a cumplir propuestas controversiales como la eliminación de la “ideología de género” en el sistema educativo, a cambio de su apoyo.

En el caso de Guatemala, el presidente Giammattei sacó adelante un proyecto en el Congreso de su país que declaró el 9 de marzo, día de su cumpleaños, como el Día de la familia y la vida, en el que se “deben resaltar la importancia del respeto por la vida y la familia, no al aborto y la violencia”, indica el decreto. Sumado a esto, ordenó la exoneración de miles de iglesias evangélicas de multas ambientales interpuestas y se ha reunido abiertamente con predicadores como el evangélico Cash Luna, una de las personalidades más influyentes de Guatemala, cuya popularidad se mantuvo pese a que ha sido investigado por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por último, está Nayib Bukele, en El Salvador, quien a pesar de mostrarse neutral con las religiones, ha usado a dios como parte importante de su discurso político. Como presidente, se ha definido “un instrumento de Dios” y replica que nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para cambiar su país. Esa misma relación con un ser supremo la ha utilizado en su discurso para justificar acciones fuera de la Constitución y hasta para atacar a sus opositores: “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo: ‘Paciencia, paciencia’”, dijo en febrero de 2020, luego de que ordeno retirar la seguridad de los diputados, militarizó el parlamento y realizó una oración en el recinto.

Pese a que la religión siempre ha estado muy de cerca del poder, el viraje que está dando Centroamérica en cuanto a creencias y formas de gobierno está influyendo en el papel que ejercen los religiosos, sean católicos o protestantes. La cuestión ahora es qué tan vulneradas se puedan ver las creencias o qué tanto el conservadurismo de su fe pueda vulnerar derechos que ya se consideraban protegidos.