La renuncia de la ministra de Justicia chilena, una crisis en el gobierno de Boric
El gobierno Boric lleva diez meses de funcionamiento y ya atraviesa una segunda crisis. La primera de ellas la desató el rechazo a una nueva Constitución y la más reciente la detonó el escándalo por el anuncio de la concesión del indulto a 13 personas, entre ellas al antiguo guerrillero Jorge Mateluna.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este fin de semana la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, apenas una semana después de la polémica suscitada por los indultos presidenciales a 12 condenados por las revueltas sociales de 2019 y a un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura. Asimismo, el mandatario confirmó el cese de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía, un abogado especializado en derechos humanos y pueblos indígenas, que lo acompañaba desde la campaña electoral, dando paso a la segunda gran crisis de su gobierno.
Ríos y Meza-Lopehandía proceden de Convergencia Social, partido que se define como “feminista, socialista y libertario”, y que forma parte del Frente Amplio, la coalición de formaciones de la izquierda que sostiene al presidente Boric. En un breve comunicado, el mandatario argumentó que la renuncia de Ríos, con la que ya se especulaba desde la tarde del viernes, se debe a la confusión que se produjo a la hora de “ejecutar mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos”.
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“Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, zanjó desde el Palacio de La Moneda el mandatario, quien el viernes se había reunido a última hora en el mismo lugar con la propia Ríos y la ministra de Interior, Carolina Tohá, también crítica en la gestión de los indultos. En sustitución de Ríos, el abogado Luis Cordero Vega asumirá la dirección del ministerio. Él “se integrará al equipo de gobierno durante los próximos días, ya que a la fecha se encuentra fuera del país”.
Presiones de la oposición chilena
La segunda gran crisis del gobierno Boric, en apenas diez meses, estalló después de que el 30 de diciembre se anunciara la concesión del indulto a 13 personas, entre ellas el antiguo guerrillero Jorge Mateluna, y luego de que se hiciera público el currículo de uno de los detenidos por las revueltas, que acumulaba cinco condenas por delitos menores y 26 causas.
Mateluna penaba en prisión por su participación en un atraco a una sucursal bancaria, tras ser condenado en un proceso plagado de irregularidades y marcado por la insistencia del reo en que había sido confundido con otro. Tras conocerse la noticia, el partido ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), formado en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), criticó con dureza al presidente y anunció el abandono de la mesa transversal de seguridad, formada por el gobierno para buscar soluciones al tema que más preocupa a los chilenos. Un esfuerzo que lideraba la ministra de Interior, quien entró en el gobierno en septiembre tras la primera gran crisis y que representa un ala más temperada, de corte socialista.
A la presión al gobierno se sumó el partido conservador de oposición, Renovación Nacional (RN), que amenazó con presentar una acusación constitucional contra la ministra por los indultos y por los errores al anunciar los mismos. En una primera comunicación, se anunció que los indultados eran 11, diez presos del estallido y el frentista. Pero tras minutos de confusión y tensión entre La Moneda y Justicia, y con la oposición ya en armas, se corrigió el comunicado y se confirmó que los indultados eran trece, incluido el de Luis Castillo, el manifestante de las cinco condenas. La UDI reveló, por su parte, que igualmente planeaba presentar una acusación constitucional contra Boric, que dice seguir valorando pese a la renuncia de Ríos.
La segunda crisis del gobierno Boric
La primera crisis del gobierno de Boric tuvo lugar tras el triunfo del rechazo en el plebiscito para cambiar la Constitución, celebrado el 4 de septiembre, y entonces cayeron dos de sus más estrechos colaboradores, la ministra de Interior, Izkia Siches, y el de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, Giorgio Jackson. Además, supuso un giro hacia la izquierda de corte más moderado, creando las primeras fisuras en la colación de gobierno.
Una tendencia hacia el diálogo que parece ahora más dominante. ”Invito a todas las fuerzas políticas a que podamos concentrarnos en las necesidades urgentes de nuestro pueblo y legislar rápidamente el paquete de medidas económicas que presentamos, aprobar la designación de un fiscal nacional que garantice la institucionalidad para poder perseguir y combatir la delincuencia con toda la fuerza del derecho, avanzar en una reforma de pensiones que ha esperado ya demasiado tiempo”, concluyó Boric.
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este fin de semana la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, apenas una semana después de la polémica suscitada por los indultos presidenciales a 12 condenados por las revueltas sociales de 2019 y a un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura. Asimismo, el mandatario confirmó el cese de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía, un abogado especializado en derechos humanos y pueblos indígenas, que lo acompañaba desde la campaña electoral, dando paso a la segunda gran crisis de su gobierno.
Ríos y Meza-Lopehandía proceden de Convergencia Social, partido que se define como “feminista, socialista y libertario”, y que forma parte del Frente Amplio, la coalición de formaciones de la izquierda que sostiene al presidente Boric. En un breve comunicado, el mandatario argumentó que la renuncia de Ríos, con la que ya se especulaba desde la tarde del viernes, se debe a la confusión que se produjo a la hora de “ejecutar mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos”.
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“Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, zanjó desde el Palacio de La Moneda el mandatario, quien el viernes se había reunido a última hora en el mismo lugar con la propia Ríos y la ministra de Interior, Carolina Tohá, también crítica en la gestión de los indultos. En sustitución de Ríos, el abogado Luis Cordero Vega asumirá la dirección del ministerio. Él “se integrará al equipo de gobierno durante los próximos días, ya que a la fecha se encuentra fuera del país”.
Presiones de la oposición chilena
La segunda gran crisis del gobierno Boric, en apenas diez meses, estalló después de que el 30 de diciembre se anunciara la concesión del indulto a 13 personas, entre ellas el antiguo guerrillero Jorge Mateluna, y luego de que se hiciera público el currículo de uno de los detenidos por las revueltas, que acumulaba cinco condenas por delitos menores y 26 causas.
Mateluna penaba en prisión por su participación en un atraco a una sucursal bancaria, tras ser condenado en un proceso plagado de irregularidades y marcado por la insistencia del reo en que había sido confundido con otro. Tras conocerse la noticia, el partido ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), formado en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), criticó con dureza al presidente y anunció el abandono de la mesa transversal de seguridad, formada por el gobierno para buscar soluciones al tema que más preocupa a los chilenos. Un esfuerzo que lideraba la ministra de Interior, quien entró en el gobierno en septiembre tras la primera gran crisis y que representa un ala más temperada, de corte socialista.
A la presión al gobierno se sumó el partido conservador de oposición, Renovación Nacional (RN), que amenazó con presentar una acusación constitucional contra la ministra por los indultos y por los errores al anunciar los mismos. En una primera comunicación, se anunció que los indultados eran 11, diez presos del estallido y el frentista. Pero tras minutos de confusión y tensión entre La Moneda y Justicia, y con la oposición ya en armas, se corrigió el comunicado y se confirmó que los indultados eran trece, incluido el de Luis Castillo, el manifestante de las cinco condenas. La UDI reveló, por su parte, que igualmente planeaba presentar una acusación constitucional contra Boric, que dice seguir valorando pese a la renuncia de Ríos.
La segunda crisis del gobierno Boric
La primera crisis del gobierno de Boric tuvo lugar tras el triunfo del rechazo en el plebiscito para cambiar la Constitución, celebrado el 4 de septiembre, y entonces cayeron dos de sus más estrechos colaboradores, la ministra de Interior, Izkia Siches, y el de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, Giorgio Jackson. Además, supuso un giro hacia la izquierda de corte más moderado, creando las primeras fisuras en la colación de gobierno.
Una tendencia hacia el diálogo que parece ahora más dominante. ”Invito a todas las fuerzas políticas a que podamos concentrarnos en las necesidades urgentes de nuestro pueblo y legislar rápidamente el paquete de medidas económicas que presentamos, aprobar la designación de un fiscal nacional que garantice la institucionalidad para poder perseguir y combatir la delincuencia con toda la fuerza del derecho, avanzar en una reforma de pensiones que ha esperado ya demasiado tiempo”, concluyó Boric.
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