Tanques de guerra en aulas de clases. Esa ha sido la última de las respuestas que la presidenta Dina Boluarte ha ofrecido a la protesta social que está cerca de cumplir dos meses en Perú. La intervención de más de 500 efectivos de la fuerza pública, junto con tanques y helicópteros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, el pasado sábado fue el nuevo episodio en el que la sucesora de Pedro Castillo ha afrontado los reclamos sociales del país, con muestras de represión que han sido criticadas por autoritarias.
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Cerca de las 11 a. m. de ese día, un contingente de policías armados derribaba la “puerta 3″ de la universidad más antigua de Latinoamérica, en el occidente de Lima. Un helicóptero sobrevolaba la Ciudad Universitaria y vehículos blindados esperaban en las calles aledañas aguardando “liberar” la institución educativa de cerca de 300 personas que habían ingresado “ilegalmente” a las instalaciones días antes de la denominada “toma de Lima”, según afirmó el Acta de Intervención Policial. Dos horas después, “se procedió a intervenir” y capturar a 193 personas que se encontraban dentro de la Universidad. Las personas fueron arrojadas en fila hacia el suelo, requisadas y algunas de ellas fueron conducidas a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircoter); cuatro de las “personas ajenas” fueron “intervenidas por terrorismo”, aseguró la Policía. Hoy la gran mayoría se halla en libertad, sin embargo, fueron tildados de “terroristas”, según mencionó un policía que hizo parte del allanamiento.
“Los principios de proporcionalidad y legalidad han sido totalmente violados”, expone Camila Revilla, representante estudiantil de la Universidad. “El debido proceso no ha sido cumplido gracias a que no apareció un representante del Ministerio Público […] no se ha podido velar para poder tener transparencia […] ha habido certeramente una vulneración de derechos humanos”, cuenta la también estudiante de esa institución.
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De acuerdo con la Coordinadora Nacional de DD. HH. de Perú, en el ingreso de los uniformados hubo “algunos casos […] en que (la Policía) les hizo desnudarse a las mujeres […] para buscar droga en sus partes íntimas”.
La represión de Boluarte, ¿un reflejo de Fujimori?
Las medidas de Boluarte y el allanamiento de la Universidad de San Marcos recuerdan episodios de represión que el país inca ya ha vivido antes. En 1991, Alberto Fujimori dio “la orden a los militares de comenzar sus labores de limpieza” para “acabar así con la presencia subversiva en las universidades”, según detalló el diario El Comercio. En aquel entonces, el rector de la Universidad no fue consultado sobre el ingreso de militares y maquinaria de guerra dentro de la institución. En el caso del sábado pasado, la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, afirmó que autorizó el ingreso de la Policía; sin embargo, denunció que “no sabía que iba a ingresar con tanques”.
La militarización de ciertas regiones también ha sido un punto en común entre Boluarte y Fujimori, hoy condenado a 25 años de cárcel por “homicidio calificado” y un episodio en que sus tropas, aliadas con grupos paramilitares, ingresaron a la Universidad La Cantuta y cometieron una masacre que dejó 10 personas muertas. Boluarte, por su parte, militarizó el aeropuerto de Arequipa cuando manifestantes intentaron ingresar a las instalaciones el pasado jueves. De acuerdo con el medio Salud con Lupa, al menos 50 personas han sido heridas por “proyectiles de arma de fuego de alta velocidad y a corta distancia”, presuntamente de miembros de la fuerza pública, según denunció la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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“Boluarte se ha caracterizado en estos 50 días de gobierno por justificar la represión, es decir, ‘erradicar el terrorismo y el vandalismo’ […] este discurso se ha impregnado desde las pasadas elecciones. Esta es la consecuencia de toda la campaña de terror de las instituciones que han exacerbado los actos más autoritarios”, opina Valeria Rosas, representante académica de la institución.
En el corto período presidencial de Boluarte, su despacho ha emitido repetidos estados de emergencia y toques de queda para contener “hechos de violencia”. No obstante, sus decretos ejecutivos anulan garantías constitucionales para los habitantes de más de ocho de las 25 regiones del país. Entre ellos, la “inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales”. Una medida idéntica fue tomada por Alberto Fujimori en 1990 cuando cercó Lima y militarizó la capital. Para Gabriela Wiener, escritora y periodista peruana, estas medidas de Boluarte implican reactivar “el viejo gen dictatorial”, tal como escribió para El País.
Dina Boluarte cuenta con un balance que ya ha sido criticado por ONG de derechos humanos y varios países del mundo. Hay registro de al menos 50 personas muertas producto de las manifestaciones. Amnistía Internacional, WOLA, la Unión Europea e incluso el papa Francisco han manifestado su preocupación por lo que consideran el “uso desproporcionado y excesivo de la fuerza” policial peruana.
Si bien han transcurrido 30 años entre la época de Alberto Fujimori y el fugaz mandato de Boluarte, Revilla opina que “ha habido una constante en estos 50 días de Dina, la represión policial desproporcionada y la del discurso racista y discriminatorio que justifica estas medidas autoritarias […] Esto no es algo nuevo, es un mecanismo que se ha mantenido. La realidad no ha cambiado desde la época de Fujimori”.
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