La semana de 2024 más mortífera en el Darién: en 72 horas hubo 16 muertos

La semana del 22 al 26 de julio ha sido registrada como la más mortífera para los migrantes que intentan cruzar el Tapón del Darién, la peligrosa selva que divide Colombia y Panamá y por la que en lo que va del año más de 200 mil personas han caminado. En un lapso de 72 horas, 16 personas perdieron la vida en su intento de cruzar esta región inhóspita.

Así, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, hasta la fecha han muerto 34 migrantes mientras intentaban cruzar la selva o el mar de manera ilegal.

Los últimos decesos se registraron por la crecida de un río dentro de la comarca indígena de Guna Yala, cerca de la frontera con Colombia. Según dijo en una rueda de prensa el presidente panameño, José Raúl Mulino, al final fueron 16 personas luego de que la policía fronteriza panameña (Senafront) informara que los migrantes muertos eran 10. Sus nacionalidades no han sido informadas.

Para frenar el número de cruces, Jorge Luis Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras, explicó que se han colocado alambres de púas en la frontera entre Panamá y Colombia con el objetivo de canalizar el flujo migratorio a través del sector de Cañas Blancas y evitar que el crimen organizado se beneficie económicamente del paso de migrantes.

Pero Senafront afirmó esta semana que “la delincuencia organizada trasnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas”.

“Ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada”, afirmó Mulino. “No es que la ruta controlada sea la panacea [...], pero por lo menos está vigilada, está más protegida”, añadió.

En semanas recientes el gobierno panameño cerró varios senderos utilizados por migrantes en la jungla del Darién y abrió un “corredor humanitario” para controlarlos y evitar que sean atacados por bandas criminales.

Las autoridades panameñas desconocen el número exacto de personas que mueren en esta travesía por lo inaccesible de la selva y porque a veces los cuerpos son devorados por animales.

En 2023 más de medio millón de migrantes cruzaron esta jungla, de 575.000 hectáreas, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. La mayoría son venezolanos, aunque también destacan los ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos.

Como parte de esta estrategia de control, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo el 1 de julio mediante el cual Washington se compromete a financiar con US$6 millones la deportación y expulsión de las personas que crucen el Darién.

Durante una la llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional no dieron detalles del programa, por ejemplo, de los países a los que las personas serían expulsadas ni cuántas deportaciones planean hacer, si bien dijeron que los vuelos comenzarán pronto.

Sin embargo, aclararon que las personas deportadas no serán las que “tengan necesidad de protección internacional u otros requisitos legales” para permanecer en Panamá.

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Así, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, hasta la fecha han muerto 34 migrantes mientras intentaban cruzar la selva o el mar de manera ilegal.

Los últimos decesos se registraron por la crecida de un río dentro de la comarca indígena de Guna Yala, cerca de la frontera con Colombia. Según dijo en una rueda de prensa el presidente panameño, José Raúl Mulino, al final fueron 16 personas luego de que la policía fronteriza panameña (Senafront) informara que los migrantes muertos eran 10. Sus nacionalidades no han sido informadas.

Para frenar el número de cruces, Jorge Luis Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras, explicó que se han colocado alambres de púas en la frontera entre Panamá y Colombia con el objetivo de canalizar el flujo migratorio a través del sector de Cañas Blancas y evitar que el crimen organizado se beneficie económicamente del paso de migrantes.

Pero Senafront afirmó esta semana que “la delincuencia organizada trasnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas”.

“Ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada”, afirmó Mulino. “No es que la ruta controlada sea la panacea [...], pero por lo menos está vigilada, está más protegida”, añadió.

En semanas recientes el gobierno panameño cerró varios senderos utilizados por migrantes en la jungla del Darién y abrió un “corredor humanitario” para controlarlos y evitar que sean atacados por bandas criminales.

Las autoridades panameñas desconocen el número exacto de personas que mueren en esta travesía por lo inaccesible de la selva y porque a veces los cuerpos son devorados por animales.

En 2023 más de medio millón de migrantes cruzaron esta jungla, de 575.000 hectáreas, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. La mayoría son venezolanos, aunque también destacan los ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos.

Como parte de esta estrategia de control, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo el 1 de julio mediante el cual Washington se compromete a financiar con US$6 millones la deportación y expulsión de las personas que crucen el Darién.

Durante una la llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional no dieron detalles del programa, por ejemplo, de los países a los que las personas serían expulsadas ni cuántas deportaciones planean hacer, si bien dijeron que los vuelos comenzarán pronto.

Sin embargo, aclararon que las personas deportadas no serán las que “tengan necesidad de protección internacional u otros requisitos legales” para permanecer en Panamá.

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