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Mientras se aclara el panorama político que dejaron las pasadas elecciones generales en Bolivia, en las que Evo Morales quedó elegido nuevamente como presidente del país, la población local, dividida entre oficialismo y oposición, ha caído en una ola de violencia que parece estar lejos de calmarse. La jornada de este miércoles fue la más violenta desde los comicios del pasado 20 de octubre, con 97 heridos y un muerto en Cochabamba, una región del centro de Bolivia donde se desató una ola de violencia durante gran parte del día.
Los otros dos fallecidos se produjeron el pasado 30 de octubre en la ciudad oriental de Montero, en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente del país, Evo Morales. Los afines a Morales defienden su triunfo en las urnas para un cuarto mandato consecutivo, mientras que los contrarios al presidente denuncian fraude electoral, que renuncie al poder y se convoquen nuevas elecciones.
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La mayoría de los heridos, 334, lo fueron por choques entre civiles, mientras que los otros 12 se produjeron por represión policial, de acuerdo con esta entidad. Once de las personas heridas son policías y ocho periodistas, un colectivo que en los últimos días denunció ataques durante la cobertura informativa de los incidentes.
Los datos de la Defensoría muestran que de los 220 detenidos en incidentes desde el día posterior a los comicios, son 25 los que permanecen con algún tipo de detención.
Por su parte, Naciones Unidas reiteró en esta jornada su llamado al diálogo para evitar más muertes y recuperar la paz en Bolivia. El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia condenó en un comunicado el fallecimiento de una tercera víctima "de la intolerancia y violencia que continúan en el país".
Naciones Unidas expresó su "profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia registrados el día de ayer", a la vez que exigió a la Policía, al Ministerio Público y al órgano judicial que "investiguen, procesen y sancionen a la brevedad posible a las personas responsables de estos atroces crímenes".
El organismo internacional lamentó el "trato inhumano" a la alcaldesa del municipio cochabambino de Vinto, la oficialista Patricia Arce.
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La alcaldesa fue sacada por una turba de la alcaldía, que fue incendiada, y llevada a la fuerza descalza por la calle durante kilómetros, para rociarle pintura rojiza y cortarle el pelo entre gritos de asesina, hasta que fue rescatada por la Policía.
Naciones Unidas en Bolivia instó a todos los actores políticos a "reducir de manera inmediata las tensiones políticas y desestimar completamente cualquier manifestación violenta".
Las denuncias de fraude desde la oposición y comités cívicos comenzaron cuando al día siguiente de la votación un repentino cambio de tendencia del escrutinio provisional pasó a prever el triunfo en primera vuelta de Morales, tras detenerse durante horas cuando auguraba una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa.
La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una auditoría para estudiar estas denuncias, que rechaza la oposición por estar acordada con el Gobierno boliviano sin haber contado con ellos para establecer las condiciones de la investigación.