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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción por 60 días en cinco provincias costeras del país debido al “incremento de hostilidades” atribuidas a bandas del crimen organizado, contra las que mantiene declarado el “conflicto armado interno”.
La declaración se fundamenta en “el incremento de hostilidades, y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados” en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, señala el decreto difundido en el portal de la presidencia.
El decreto agregó que en esas provincias se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá a las fuerzas armadas y policía realizar inspecciones, allanamientos y requisas con miras a capturar “personas pertenecientes a los grupos armados organizados”.
Este nuevo estado de excepción se dio a menos de un mes de que finalizara otra medida similar a escala nacional que Noboa mantuvo en vigor entre el 8 de enero y el 7 de abril pasado para aplacar una escalada de la violencia criminal que en los últimos años ha llevado al país a estar entre los primeros de Latinoamérica en homicidios per cápita.
Con esa medida, dada ante una oleada de atentados y acciones violentas que se sucedieron de forma paralela a una serie de motines carcelarios, Noboa militarizó las cárceles, que eran epicentros de la crisis de violencia al estar controladas muchas de ellas por las organizaciones criminales.
Pese a haber finalizado ese anterior estado de excepción, Noboa mantuvo la declaración de “conflicto armado interno” en el país, con el que declaró a las bandas criminales que operan en el país como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Además, los militares mantuvieron las operaciones en las cárceles del país, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuya rivalidad había dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Tras meses de intervención militar en la seguridad interna, el Gobierno había anticipado una bajada en los indicadores del crimen, pero un repunte de la violencia, sobre todo en la región costera, ha vuelto a encender las alertas en el país.
Para estimular la lucha, por iniciativa del presidente Noboa, se celebró el 21 de abril una consulta popular en la que los ecuatorianos dijeron sí al apoyo de los militares y la Policía para combatir el crimen organizado, permitir la extradición e incrementar las penas a delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato, y también que la fuerza pública pueda usar de forma inmediata las armas que incaute de los grupos ilegales.
Días antes de la consulta popular, fueron asesinados dos alcaldes de poblados mineros del sur país, con lo que van al menos una docena de políticos asesinados desde 2023.
El mismo día de la votación también fue asesinado el director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, capital de la costera provincia de Manabí.
La tasa de homicidios en el país en 2023 trepó al récord de 43 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2018 era de 6, según cifras oficiales.
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