Las 40.000 oportunidades que ofrecen los médicos venezolanos en Colombia

A Alexánder Mendoza le aconsejaron que quitara de su hoja de vida su posgrado en ginecología y obstetricia para poder ejercer como médico general en Colombia. Lo consideraban sobrecalificado para un puesto menor. También se vio obligado a eliminar sus subespecialidades en mastología y en endocrinología ginecológica. En Venezuela dividía su tiempo siendo profesor en el Hospital Doctor Jesús Yerena y en el Hospital Universitario de Caracas, además de dar consultas privadas, pero aquí le fue difícil poder ejercer como médico, y más aún como médico especialista.

No fue sino en 2020, luego de haber pasado dos años en el país, que Mendoza firmó su primer contrato como ginecólogo obstetra en la sede de Soacha de Sanitas, pasando después por la sede de Suba Centro. En marzo pasado fue contratado en Celagem, una clínica de fertilidad y reproducción asistida, donde se dedica a hacer tratamientos de fertilidad, donación de óvulos y gestación subrogada.

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El camino ha sido largo y de varias batallas. En su memoria permanece el recuerdo de cuando Venezuela era un lugar de congregación para la formación de médicos. Era un país donde el que quisiera, sin importar cuánto dinero tuviera, podía aspirar a ser médico. La carrera era gratis y todos podían cursarla. El único requisito para entrar era tener buenas notas del bachillerato. Incluso, recuerda que los colombianos se especializaban allí, pues existían convenios para la convalidación de títulos entre los dos países. Fue en dos viajes como turista que optó por llevar a cabo todo el proceso para poder ejercer como médico general, por lo que cuando decidió venirse definitivamente al país, ese asunto ya estaba resuelto. Los problemas vinieron después.

Siendo uno de los más de 32.000 médicos venezolanos que hasta marzo de 2020 salieron de su país, según la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), lo primero a lo que se enfrentó fue a la dificultad de poder obtener un documento de identificación válido en Colombia, como la visa de migrante, que actualmente tiene. En cierto sentido fue afortunado: su hermano, que llevaba un tiempo radicado en el país por su trabajo en una empresa transnacional, fue quien le depositó dinero en una cuenta para poder demostrar que contaba con los diez salarios mínimos mensuales legales vigentes para poder aplicar a ella. A esto se sumaron los costos que llegaron después: $150.000 para los estudios de la visa, $780.000 para la visa y $200.000 para sacar la cédula de extranjería (necesaria para obtener su tarjeta profesional en ese entonces).

Su hermano y su esposa fueron su sustento y apoyo: mientras que unos amigos y colegas cercanos que estaban convalidados en Colombia trabajaban en Rappi, como domiciliarios de pizzas o como vendedores de dulces en Transmilenio, él, aunque no pudo hacer más que contribuir con las tareas del hogar, pudo esperar a que su situación progresara. Lo que estaba en sus manos, que realmente era entregar los documentos a las autoridades colombianas y repartir más de cuarenta hojas de vida diarias, de siete de la mañana a siete de la noche, de las cuales nunca obtuvo una respuesta, lo hizo. Lo demás estaba fuera de su alcance.

Su “karma”, como él mismo lo denominó, fue validar sus especialidades. Si bien trabajó como médico general domiciliario en una IPS, donde los pagos eran bajos e intermitentes, y el contrato era por prestación de servicios, y luego pasó a trabajar como médico general hospitalario en ginecología y obstetricia en una sala de partos de un hospital en Chía, no se sentía útil. Creía que estaban desperdiciando sus conocimientos, que no lo estaban aprovechando. “Me sentí humillado”, comentó. Además, los papeles con los que esperaba convalidar sus especialidades fueron rechazados. Una primera negativa lo llevó a encontrar respuestas por medio de una tutela, que, aunque falló a su favor, no sirvió de mucho. Fue el tiempo el que lo ayudó, el que se convirtió en su mejor aliado. Dejando pasar unos meses desde el envío de la primera solicitud, como se lo aconsejaron, volvió a presentar los mismos documentos y, finalmente, logró lo que tanto anhelaba: tener el reconocimiento legal para poder ejercer en Colombia como lo que es, un ginecólogo obstetra.

En los cuatro años que lleva en el país ha visto de todo: se ha encontrado con pacientes que, al escuchar su acento y decirles que es venezolano, ante la pregunta de si es costeño, han pedido que los revise otro doctor, “pues prefieren que los atienda un colombiano”. Sin embargo, también ha presenciado gestos que aún hoy lo conmueven: “Aquellos que me rechazaron, terminaron siendo devotos a mí. Algunos me ofrecieron disculpas”, afirmó. Y sí, aunque la discriminación y la xenofobia afectan a todos los migrantes, por “la creación de una matriz de opinión que hay en contra de nosotros”, según afirmó, hay unas cuestiones técnicas que también dificultan el panorama.

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Carmen Aida Faría, ginecóloga obstetra, especialista en diagnóstico prenatal y ecosonografía fetal, habló algo de eso. Desde Florida, donde dirige la fundación Manitas Amarillas, dijo que la convalidación como médica general fue tan difícil en Colombia, pues gastó casi dos años y medio en eso, que optó por no seguir el mismo camino para su especialidad. Teniendo sus estudios válidos en España y Estados Unidos, decidió asentarse en este último país, sin perder contacto con las necesidades de la población venezolana, especialmente con el gremio médico, en Colombia. Y es gracias a esa cercanía que se atreve a decir que las barreras con las que se encuentran sus colegas en el país son más de forma que de fondo.

“A nosotros se nos exigen unos documentos a medida. Aunque se han ido flexibilizando algunos aspectos, antes veíamos que a algunos les devolvían el certificado del servicio social obligatorio, lo que equivale al rural aquí, sin importar que tuviera el respaldo del Ministerio de Salud venezolano y la debida apostilla, sabiendo lo difícil y costoso que es lograr eso en Venezuela”.

Faría cuenta que aquí se les exigía que el documento tuviera ciertas fechas y frases que el papel emitido desde Caracas no tenía, a pesar de que el contenido era el mismo. Pero eso no es todo: en Venezuela, si bien el grado de médico puede ser en diciembre y el servicio social puede empezar en enero, el acto de grado puede tardar meses. Esa diferencia de tiempo puede hacer que en Colombia no sea válido el certificado y, en consecuencia, algunos doctores no pueden obtener el aval del Colegio de Médicos, que es el encargado de emitir la tarjeta profesional para ejercer en el país.

Y ahí hay unas necesidades latentes: no es solo que los médicos venezolanos tienen cómo ayudar en la atención a los migrantes a nivel nacional, sino que también cuentan con la posibilidad de incidir en política pública, como efectivamente lo han hecho. Manitas Amarillas, que ha llevado a cabo jornadas de atención en salud, viendo cómo los venezolanos que llegaban a Colombia padecían de enfermedades crónicas no controladas, que las mujeres embarazadas cruzaban los límites fronterizos sin controles prenatales y que los niños dejaban su país sin el esquema de vacunación completo, optó por ejercer presión en materia de políticas públicas a favor de la integración. Su recomendación de que los profesionales de la salud pudieran ejercer en Colombia usando el Estatuto Temporal de Protección como medio de identificación fue acogida, y dentro de la política del Permiso por Protección Temporal (PPT) quedó plasmada esta solicitud. Ahora bien, la batalla continuó.

“Aunque eso quedó escrito, dicho y aprobado, los colegios de médicos seguían sin aceptar el estatuto, pues decían que era temporal. Empezamos a hablar con la Defensoría y creamos un grupo de WhatsApp con los médicos que ya tenían su título convalidado, pero que no contaban con una identificación aceptada por el Colegio de Médicos. Nos unimos y creamos un canal de comunicación entre los doctores, la Defensoría y el Ministerio de Salud, logrando que este último presionara por los canales regulares a los colegios profesionales para que aceptaran el PPT. Esta barrera ya no existe”, afirmó Faría.

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El doctor Roque Vera, desde el municipio Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, es ejemplo de ello. “Esto es una lucha que se venía gestando desde el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Estábamos buscando la forma de estrechar los lazos académicos y de integrarnos al ámbito laboral de forma legal. Cuando se implementó el Permiso por Protección Temporal, empezamos a hacer más fuerte esta lucha”. Recuerda que el gremio médico venezolano creó en WhatsApp el grupo Rethus Venezuela y unió fuerzas con abogados de algunas organizaciones no gubernamentales para lograr el reconocimiento del Colegio Médico.

Así, Manitas Amarillas, Unión Internacional para los Derechos Humanos (de la cual es director para asuntos de salud), otras ONG y sus colegas se reunieron varias veces a través de Zoom, agotando todos los recursos jurídicos posibles, hasta alcanzar a la Defensoría del Pueblo. Porque si bien el PEP le sirvió para hacer su servicio social obligatorio en Filadelfia (Caldas), ese documento no lo pudo usar a la hora de solicitar la tarjeta profesional. Ahora su historia es diferente. “Esto permite reforzar nuestros lazos con la comunidad médica en Colombia y es una oportunidad para brindar nuestro talento como médicos venezolanos aquí. Yo aspiro incorporarme a las filas de trabajo, aportar lo que sé, lo que me dio mi país, y seguir estudiando. Me gustaría concursar para el posgrado de cirugía general y ampliar mi conocimiento”.

Como él, según datos de la Federación Médica Venezolana, unos 40.000 médicos han abandonado Venezuela y la doctora Isis Nezer de Landaeta, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, ha sido testigo de ello. Con 62 años de graduada como médica, resalta la calidad en la formación de sus colegas, la cual, a pesar de la situación política y económica del país, y de la creación por parte del gobierno venezolano de universidades que forman médicos integrales, como llaman a aquellos que cursan menos horas que los demás estudiantes de medicina, se han tratado de mantener los estándares educativos en las universidades autónomas, como la de Zulia, la de los Andes, la Central y la de Oriente. Ahora bien, le preocupa que esto pueda causar alguna confusión a la hora de llevar a cabo la convalidación de los profesionales en otros países, como Colombia, pero tiene la certeza de que la migración de sus connacionales ha mostrado la calidad humana en la atención a los pacientes.

“Nunca habíamos pensado en eso, pues nuestros médicos no se iban. Ahora que están fuera, nos damos cuentan de que son apreciados por su calidez”. Y falta ver qué pasa ahora, pues al preguntarle sobre cómo ve el panorama actual de los médicos recién egresados, dijo: “Hay algunos jóvenes que están pensando en quedarse en Venezuela, porque la misma diáspora ha generado una necesidad de especialistas aquí. Ahí hay una oportunidad”.

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A Alexánder Mendoza le aconsejaron que quitara de su hoja de vida su posgrado en ginecología y obstetricia para poder ejercer como médico general en Colombia. Lo consideraban sobrecalificado para un puesto menor. También se vio obligado a eliminar sus subespecialidades en mastología y en endocrinología ginecológica. En Venezuela dividía su tiempo siendo profesor en el Hospital Doctor Jesús Yerena y en el Hospital Universitario de Caracas, además de dar consultas privadas, pero aquí le fue difícil poder ejercer como médico, y más aún como médico especialista.

No fue sino en 2020, luego de haber pasado dos años en el país, que Mendoza firmó su primer contrato como ginecólogo obstetra en la sede de Soacha de Sanitas, pasando después por la sede de Suba Centro. En marzo pasado fue contratado en Celagem, una clínica de fertilidad y reproducción asistida, donde se dedica a hacer tratamientos de fertilidad, donación de óvulos y gestación subrogada.

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El camino ha sido largo y de varias batallas. En su memoria permanece el recuerdo de cuando Venezuela era un lugar de congregación para la formación de médicos. Era un país donde el que quisiera, sin importar cuánto dinero tuviera, podía aspirar a ser médico. La carrera era gratis y todos podían cursarla. El único requisito para entrar era tener buenas notas del bachillerato. Incluso, recuerda que los colombianos se especializaban allí, pues existían convenios para la convalidación de títulos entre los dos países. Fue en dos viajes como turista que optó por llevar a cabo todo el proceso para poder ejercer como médico general, por lo que cuando decidió venirse definitivamente al país, ese asunto ya estaba resuelto. Los problemas vinieron después.

Siendo uno de los más de 32.000 médicos venezolanos que hasta marzo de 2020 salieron de su país, según la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), lo primero a lo que se enfrentó fue a la dificultad de poder obtener un documento de identificación válido en Colombia, como la visa de migrante, que actualmente tiene. En cierto sentido fue afortunado: su hermano, que llevaba un tiempo radicado en el país por su trabajo en una empresa transnacional, fue quien le depositó dinero en una cuenta para poder demostrar que contaba con los diez salarios mínimos mensuales legales vigentes para poder aplicar a ella. A esto se sumaron los costos que llegaron después: $150.000 para los estudios de la visa, $780.000 para la visa y $200.000 para sacar la cédula de extranjería (necesaria para obtener su tarjeta profesional en ese entonces).

Su hermano y su esposa fueron su sustento y apoyo: mientras que unos amigos y colegas cercanos que estaban convalidados en Colombia trabajaban en Rappi, como domiciliarios de pizzas o como vendedores de dulces en Transmilenio, él, aunque no pudo hacer más que contribuir con las tareas del hogar, pudo esperar a que su situación progresara. Lo que estaba en sus manos, que realmente era entregar los documentos a las autoridades colombianas y repartir más de cuarenta hojas de vida diarias, de siete de la mañana a siete de la noche, de las cuales nunca obtuvo una respuesta, lo hizo. Lo demás estaba fuera de su alcance.

Su “karma”, como él mismo lo denominó, fue validar sus especialidades. Si bien trabajó como médico general domiciliario en una IPS, donde los pagos eran bajos e intermitentes, y el contrato era por prestación de servicios, y luego pasó a trabajar como médico general hospitalario en ginecología y obstetricia en una sala de partos de un hospital en Chía, no se sentía útil. Creía que estaban desperdiciando sus conocimientos, que no lo estaban aprovechando. “Me sentí humillado”, comentó. Además, los papeles con los que esperaba convalidar sus especialidades fueron rechazados. Una primera negativa lo llevó a encontrar respuestas por medio de una tutela, que, aunque falló a su favor, no sirvió de mucho. Fue el tiempo el que lo ayudó, el que se convirtió en su mejor aliado. Dejando pasar unos meses desde el envío de la primera solicitud, como se lo aconsejaron, volvió a presentar los mismos documentos y, finalmente, logró lo que tanto anhelaba: tener el reconocimiento legal para poder ejercer en Colombia como lo que es, un ginecólogo obstetra.

En los cuatro años que lleva en el país ha visto de todo: se ha encontrado con pacientes que, al escuchar su acento y decirles que es venezolano, ante la pregunta de si es costeño, han pedido que los revise otro doctor, “pues prefieren que los atienda un colombiano”. Sin embargo, también ha presenciado gestos que aún hoy lo conmueven: “Aquellos que me rechazaron, terminaron siendo devotos a mí. Algunos me ofrecieron disculpas”, afirmó. Y sí, aunque la discriminación y la xenofobia afectan a todos los migrantes, por “la creación de una matriz de opinión que hay en contra de nosotros”, según afirmó, hay unas cuestiones técnicas que también dificultan el panorama.

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Carmen Aida Faría, ginecóloga obstetra, especialista en diagnóstico prenatal y ecosonografía fetal, habló algo de eso. Desde Florida, donde dirige la fundación Manitas Amarillas, dijo que la convalidación como médica general fue tan difícil en Colombia, pues gastó casi dos años y medio en eso, que optó por no seguir el mismo camino para su especialidad. Teniendo sus estudios válidos en España y Estados Unidos, decidió asentarse en este último país, sin perder contacto con las necesidades de la población venezolana, especialmente con el gremio médico, en Colombia. Y es gracias a esa cercanía que se atreve a decir que las barreras con las que se encuentran sus colegas en el país son más de forma que de fondo.

“A nosotros se nos exigen unos documentos a medida. Aunque se han ido flexibilizando algunos aspectos, antes veíamos que a algunos les devolvían el certificado del servicio social obligatorio, lo que equivale al rural aquí, sin importar que tuviera el respaldo del Ministerio de Salud venezolano y la debida apostilla, sabiendo lo difícil y costoso que es lograr eso en Venezuela”.

Faría cuenta que aquí se les exigía que el documento tuviera ciertas fechas y frases que el papel emitido desde Caracas no tenía, a pesar de que el contenido era el mismo. Pero eso no es todo: en Venezuela, si bien el grado de médico puede ser en diciembre y el servicio social puede empezar en enero, el acto de grado puede tardar meses. Esa diferencia de tiempo puede hacer que en Colombia no sea válido el certificado y, en consecuencia, algunos doctores no pueden obtener el aval del Colegio de Médicos, que es el encargado de emitir la tarjeta profesional para ejercer en el país.

Y ahí hay unas necesidades latentes: no es solo que los médicos venezolanos tienen cómo ayudar en la atención a los migrantes a nivel nacional, sino que también cuentan con la posibilidad de incidir en política pública, como efectivamente lo han hecho. Manitas Amarillas, que ha llevado a cabo jornadas de atención en salud, viendo cómo los venezolanos que llegaban a Colombia padecían de enfermedades crónicas no controladas, que las mujeres embarazadas cruzaban los límites fronterizos sin controles prenatales y que los niños dejaban su país sin el esquema de vacunación completo, optó por ejercer presión en materia de políticas públicas a favor de la integración. Su recomendación de que los profesionales de la salud pudieran ejercer en Colombia usando el Estatuto Temporal de Protección como medio de identificación fue acogida, y dentro de la política del Permiso por Protección Temporal (PPT) quedó plasmada esta solicitud. Ahora bien, la batalla continuó.

“Aunque eso quedó escrito, dicho y aprobado, los colegios de médicos seguían sin aceptar el estatuto, pues decían que era temporal. Empezamos a hablar con la Defensoría y creamos un grupo de WhatsApp con los médicos que ya tenían su título convalidado, pero que no contaban con una identificación aceptada por el Colegio de Médicos. Nos unimos y creamos un canal de comunicación entre los doctores, la Defensoría y el Ministerio de Salud, logrando que este último presionara por los canales regulares a los colegios profesionales para que aceptaran el PPT. Esta barrera ya no existe”, afirmó Faría.

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El doctor Roque Vera, desde el municipio Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, es ejemplo de ello. “Esto es una lucha que se venía gestando desde el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Estábamos buscando la forma de estrechar los lazos académicos y de integrarnos al ámbito laboral de forma legal. Cuando se implementó el Permiso por Protección Temporal, empezamos a hacer más fuerte esta lucha”. Recuerda que el gremio médico venezolano creó en WhatsApp el grupo Rethus Venezuela y unió fuerzas con abogados de algunas organizaciones no gubernamentales para lograr el reconocimiento del Colegio Médico.

Así, Manitas Amarillas, Unión Internacional para los Derechos Humanos (de la cual es director para asuntos de salud), otras ONG y sus colegas se reunieron varias veces a través de Zoom, agotando todos los recursos jurídicos posibles, hasta alcanzar a la Defensoría del Pueblo. Porque si bien el PEP le sirvió para hacer su servicio social obligatorio en Filadelfia (Caldas), ese documento no lo pudo usar a la hora de solicitar la tarjeta profesional. Ahora su historia es diferente. “Esto permite reforzar nuestros lazos con la comunidad médica en Colombia y es una oportunidad para brindar nuestro talento como médicos venezolanos aquí. Yo aspiro incorporarme a las filas de trabajo, aportar lo que sé, lo que me dio mi país, y seguir estudiando. Me gustaría concursar para el posgrado de cirugía general y ampliar mi conocimiento”.

Como él, según datos de la Federación Médica Venezolana, unos 40.000 médicos han abandonado Venezuela y la doctora Isis Nezer de Landaeta, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, ha sido testigo de ello. Con 62 años de graduada como médica, resalta la calidad en la formación de sus colegas, la cual, a pesar de la situación política y económica del país, y de la creación por parte del gobierno venezolano de universidades que forman médicos integrales, como llaman a aquellos que cursan menos horas que los demás estudiantes de medicina, se han tratado de mantener los estándares educativos en las universidades autónomas, como la de Zulia, la de los Andes, la Central y la de Oriente. Ahora bien, le preocupa que esto pueda causar alguna confusión a la hora de llevar a cabo la convalidación de los profesionales en otros países, como Colombia, pero tiene la certeza de que la migración de sus connacionales ha mostrado la calidad humana en la atención a los pacientes.

“Nunca habíamos pensado en eso, pues nuestros médicos no se iban. Ahora que están fuera, nos damos cuentan de que son apreciados por su calidez”. Y falta ver qué pasa ahora, pues al preguntarle sobre cómo ve el panorama actual de los médicos recién egresados, dijo: “Hay algunos jóvenes que están pensando en quedarse en Venezuela, porque la misma diáspora ha generado una necesidad de especialistas aquí. Ahí hay una oportunidad”.

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