Las armas ilegales desangran a Latinoamérica

Los recientes juicios contra dos de los más conocidos traficantes de armas, el ruso Víktor Bout —alias El Mercader de la Muerte— en Tailandia (pendiente de extradición a EE.UU. para agosto) y el sirio Monser al Kassar (condenado en febrero a 30 años de prisión en Nueva York), han revelado lo sencillo que es meter armas ilegalmente en América Latina, el papel crucial que desempeña Centroamérica, en especial Nicaragua, en este negocio, y la amenaza que supone que un país como Venezuela fabrique sus propios fusiles y municiones.

Para detener a Bout y Al Kassar, la agencia antidroga estadounidense alegó que ambos intentaron vender lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La ruta prevista para ambas operaciones era similar: las armas partían desde Rumania o Bulgaria y entraban por Nicaragua. Desde el país centroamericano eran arrojadas con paracaídas sobre territorio colombiano.

“No hay pruebas de que el gobierno de Ortega sea cómplice del tráfico, pero sin duda el país tiene enormes lagunas legales que facilitan el tráfico ilegal”, dice Roberto Orozco, experto nicaragüense del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. “Es verdad que no se puede afirmar que Managua esté directamente involucrada, pero hay que recordar que Ortega ha dado cobijo a narcoterroristas de las Farc”, replica el colombiano Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia en Bogotá.

Los puertos nicaragüenses están entre los mayores coladeros de armas en la región, según fuentes de Defensa de EE.UU. “En especial el puerto de Corinto”, apunta Orozco. “Es el único de aguas profundas y está controlado por el ejército y la policía, que se hacen los de la vista gorda. No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de barcos que atracan allí, pero no hay que pensar en veinte o treinta, con dos o tres bien cargados es suficiente para abastecer al mercado de miles de armas”, añade.

Hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina, según el Centro para la Información de Defensa (CID) de Washington. Cualquier criminal, hasta el más imbécil, tiene acceso a una pistola y hasta a un fusil. Ni hablar de las narcoguerrillas y el crimen organizado, éstos se hacen con un lanzacohetes como cualquier español con una barra de pan.

Los datos son brutales. La tasa de homicidios —140.000 al año, según el Banco Mundial— es más del doble del promedio global. Varios países tienen un índice de crímenes por cada 100.000 habitantes más que alarmante: Brasil, 28; Colombia, 65; El Salvador, 45; Guatemala, 50; Venezuela, 35. La violencia también golpea a la economía latinoamericana. El coste de esta lacra se calcula en un 14,2% del PIB regional según el informe Crimen y Violencia en el Desarrollo del Banco Mundial.

El problema suramericano

El tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico. En Perú, hace unos meses, saltaron todas las alarmas cuando el Ejército comprobó que los resquicios de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, hoy dedicada a la producción y venta de cocaína, tenían en su poder lanzacohetes RPG-7, ametralladoras pesadas y fusiles Kaláshnikov, todos de origen ruso. El rearme senderista ya ha costado la vida a medio centenar de soldados peruanos en 12 meses.

El ejército peruano se resiste a revelar las rutas de abastecimiento de armas de los senderistas, pero no se atreve a negar que el puerto amazónico de Iquitos es un agujero negro para la seguridad del país. A esta ciudad estaban destinados los 50.000 Kaláshnikov que Vladimiro Montesinos, el siniestro ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el gobierno de Fujimori, compró en Jordania. Sin embargo, 10.000 de esas armas acabaron en manos de las Farc. El resto nunca se entregó porque Ammán detuvo la operación.

Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil, el golfo de Urabá, que une a Colombia con Panamá, el triple límite entre Paraguay, Brasil y Argentina —zona donde Hizbulá tiene una fuerte influencia—, son algunos de los principales puntos de contrabando en la región. Sin embargo, Centroamérica y, en especial, Guatemala y Nicaragua, han adquirido en los últimos años especial relevancia como puerta de entrada de los cargamentos.

Rangel recuerda que así como Nicaragua ya es clave en el comercio ilegal, Venezuela desempeña un papel relevante. Como buena parte de las armas que acaban en el mercado negro proceden de la policía y el ejército —robadas o vendidas por los propios agentes o militares—, hay serios temores de que parte de los 100.000 Kaláshnikov que Caracas compró a Rusia acaben en manos de los ‘narcos’. Sin embargo, el mayor peligro, apunta Rangel, lo constituirá la fábrica venezolana, bajo licencia, de armas y municiones rusas.

Mientras que las armas abundan en la zona, las municiones escasean. El calibre 7,62mm, que usan los fusiles rusos AK-103 adquiridos por Venezuela, es el más deseado por la región y en especial por las Farc, que aún poseen cerca de 5.000 armas que necesitan esta munición. Hoy se consigue en Perú y Bolivia, pero en poca cantidad. La fabricación de este calibre en Venezuela ofrecerá a las narcoguerrillas una fuente ilimitada de municiones dentro del continente.

Aparte de los canales de tráfico de armas que se remontan a la época de auge de las guerrillas, en los setenta y ochenta, se han afianzado en la región aquellos controlados por el crimen organizado. Los intercambios de droga por armas que los carteles de la droga colombianos inauguraron a mediados de los noventa con la mafia rusa han proliferado. Así como la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren el mismo camino en sentido contrario.

Adelaida Vásquez y Carolina Gabea son testigos casi a diario de este tráfico. Ambas son fiscales de Ciudad del Este, la urbe paraguaya pegada a Brasil y Argentina y uno de los mayores focos de contrabando de armas de Suramérica y paso del tráfico desde Brasil hacia Perú y Colombia. Tienen una queja común: pocos recursos y el enemigo en casa. “La policía nacional no sólo no nos ayuda, nos boicotea. Tenemos un grupo de agentes especiales, pero son pocos ante tanto delito”, explica Vázquez, que sobre drogas y armas lo ha visto todo. “Una vez confiscamos una ametralladora antiaérea a unos ‘narcos’... no me lo podía creer”, añade. Vázquez es de Ciudad del Este, pero Gabea lleva en la ciudad cuatro años, es de Asunción. “Es peligroso ser legal y trabajar acá, pero ¿sabe qué?, si uno se mantiene limpio el ‘narco’ no suele meterse con uno. Es parte del juego”, dice Gabea.

Los recientes juicios contra dos de los más conocidos traficantes de armas, el ruso Víktor Bout —alias El Mercader de la Muerte— en Tailandia (pendiente de extradición a EE.UU. para agosto) y el sirio Monser al Kassar (condenado en febrero a 30 años de prisión en Nueva York), han revelado lo sencillo que es meter armas ilegalmente en América Latina, el papel crucial que desempeña Centroamérica, en especial Nicaragua, en este negocio, y la amenaza que supone que un país como Venezuela fabrique sus propios fusiles y municiones.

Para detener a Bout y Al Kassar, la agencia antidroga estadounidense alegó que ambos intentaron vender lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La ruta prevista para ambas operaciones era similar: las armas partían desde Rumania o Bulgaria y entraban por Nicaragua. Desde el país centroamericano eran arrojadas con paracaídas sobre territorio colombiano.

“No hay pruebas de que el gobierno de Ortega sea cómplice del tráfico, pero sin duda el país tiene enormes lagunas legales que facilitan el tráfico ilegal”, dice Roberto Orozco, experto nicaragüense del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. “Es verdad que no se puede afirmar que Managua esté directamente involucrada, pero hay que recordar que Ortega ha dado cobijo a narcoterroristas de las Farc”, replica el colombiano Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia en Bogotá.

Los puertos nicaragüenses están entre los mayores coladeros de armas en la región, según fuentes de Defensa de EE.UU. “En especial el puerto de Corinto”, apunta Orozco. “Es el único de aguas profundas y está controlado por el ejército y la policía, que se hacen los de la vista gorda. No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de barcos que atracan allí, pero no hay que pensar en veinte o treinta, con dos o tres bien cargados es suficiente para abastecer al mercado de miles de armas”, añade.

Hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina, según el Centro para la Información de Defensa (CID) de Washington. Cualquier criminal, hasta el más imbécil, tiene acceso a una pistola y hasta a un fusil. Ni hablar de las narcoguerrillas y el crimen organizado, éstos se hacen con un lanzacohetes como cualquier español con una barra de pan.

Los datos son brutales. La tasa de homicidios —140.000 al año, según el Banco Mundial— es más del doble del promedio global. Varios países tienen un índice de crímenes por cada 100.000 habitantes más que alarmante: Brasil, 28; Colombia, 65; El Salvador, 45; Guatemala, 50; Venezuela, 35. La violencia también golpea a la economía latinoamericana. El coste de esta lacra se calcula en un 14,2% del PIB regional según el informe Crimen y Violencia en el Desarrollo del Banco Mundial.

El problema suramericano

El tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico. En Perú, hace unos meses, saltaron todas las alarmas cuando el Ejército comprobó que los resquicios de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, hoy dedicada a la producción y venta de cocaína, tenían en su poder lanzacohetes RPG-7, ametralladoras pesadas y fusiles Kaláshnikov, todos de origen ruso. El rearme senderista ya ha costado la vida a medio centenar de soldados peruanos en 12 meses.

El ejército peruano se resiste a revelar las rutas de abastecimiento de armas de los senderistas, pero no se atreve a negar que el puerto amazónico de Iquitos es un agujero negro para la seguridad del país. A esta ciudad estaban destinados los 50.000 Kaláshnikov que Vladimiro Montesinos, el siniestro ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el gobierno de Fujimori, compró en Jordania. Sin embargo, 10.000 de esas armas acabaron en manos de las Farc. El resto nunca se entregó porque Ammán detuvo la operación.

Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil, el golfo de Urabá, que une a Colombia con Panamá, el triple límite entre Paraguay, Brasil y Argentina —zona donde Hizbulá tiene una fuerte influencia—, son algunos de los principales puntos de contrabando en la región. Sin embargo, Centroamérica y, en especial, Guatemala y Nicaragua, han adquirido en los últimos años especial relevancia como puerta de entrada de los cargamentos.

Rangel recuerda que así como Nicaragua ya es clave en el comercio ilegal, Venezuela desempeña un papel relevante. Como buena parte de las armas que acaban en el mercado negro proceden de la policía y el ejército —robadas o vendidas por los propios agentes o militares—, hay serios temores de que parte de los 100.000 Kaláshnikov que Caracas compró a Rusia acaben en manos de los ‘narcos’. Sin embargo, el mayor peligro, apunta Rangel, lo constituirá la fábrica venezolana, bajo licencia, de armas y municiones rusas.

Mientras que las armas abundan en la zona, las municiones escasean. El calibre 7,62mm, que usan los fusiles rusos AK-103 adquiridos por Venezuela, es el más deseado por la región y en especial por las Farc, que aún poseen cerca de 5.000 armas que necesitan esta munición. Hoy se consigue en Perú y Bolivia, pero en poca cantidad. La fabricación de este calibre en Venezuela ofrecerá a las narcoguerrillas una fuente ilimitada de municiones dentro del continente.

Aparte de los canales de tráfico de armas que se remontan a la época de auge de las guerrillas, en los setenta y ochenta, se han afianzado en la región aquellos controlados por el crimen organizado. Los intercambios de droga por armas que los carteles de la droga colombianos inauguraron a mediados de los noventa con la mafia rusa han proliferado. Así como la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren el mismo camino en sentido contrario.

Adelaida Vásquez y Carolina Gabea son testigos casi a diario de este tráfico. Ambas son fiscales de Ciudad del Este, la urbe paraguaya pegada a Brasil y Argentina y uno de los mayores focos de contrabando de armas de Suramérica y paso del tráfico desde Brasil hacia Perú y Colombia. Tienen una queja común: pocos recursos y el enemigo en casa. “La policía nacional no sólo no nos ayuda, nos boicotea. Tenemos un grupo de agentes especiales, pero son pocos ante tanto delito”, explica Vázquez, que sobre drogas y armas lo ha visto todo. “Una vez confiscamos una ametralladora antiaérea a unos ‘narcos’... no me lo podía creer”, añade. Vázquez es de Ciudad del Este, pero Gabea lleva en la ciudad cuatro años, es de Asunción. “Es peligroso ser legal y trabajar acá, pero ¿sabe qué?, si uno se mantiene limpio el ‘narco’ no suele meterse con uno. Es parte del juego”, dice Gabea.