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El australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se hizo famoso en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos secretos estadounidenses que dejaron al descubierto sus prácticas en las guerras de Irak y Afganistán. Para julio de ese año, la prensa mundial publicó 70.000 documentos confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán, difundidos por WikiLeaks. En octubre se publicaron 400.000 informes sobre la invasión estadounidense de Irak y, un mes después, el contenido de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses.
Así, a partir del 18 de noviembre de 2010, comenzó una carrera de acusaciones en su contra, incluyendo una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres suecas, a lo que él respondió que fueron relaciones consensuadas. Por su parte, Estados Unidos lo ha acusado de 18 cargos, incluyendo espionaje, sumados a la acusación de “piratería informática”. En medio de ello, por la difusión en línea de documentos no editados, que dejaron al descubierto nombres de informadores, Washington lo ha acusado de poner vidas en peligro con su irresponsabilidad.
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¿Cómo ha sido su proceso de detención?
Assange, que estaba en Londres cuando se desató la cadena de acusaciones, se entregó a las autoridades británicas el 7 de diciembre de 2010. Luego, en febrero de 2011, un tribunal londinense validó la solicitud de extradición a Suecia, pero por el temor de ser entregado desde allí a Estados Unidos y de enfrentarse a la pena de muerte, optó por refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres, solicitando asilo político. Si bien Rafael Correa, el entonces presidente del país latinoamericano, se lo concedió, y pidió a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de WikiLeaks pudiera viajar a Quito, quedando encerrado en la embajada durante casi siete años, en 2019, el gobierno de Lenín Moreno afirmó que Assange había violado el acuerdo sobre sus condiciones de asilo y se lo retiró.
¿Y la extradición?
Para enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser, al emitir su dictamen en la corte penal londinense de Old Bailey, aseguró que estaba “demostrado” que el australiano presentaba riesgos de suicidio y podría quitarse la vida si era procesado en Estados Unidos.
Según información de agencias, para ese entonces, los argumentos respaldando la protección de la salud mental del acusado pesaron más que aquellos dados por la misma defensa, entre los cuales resaltaron los supuestos alegatos de que los cargos en su contra tenían “motivaciones políticas” y de que no tendría un juicio justo en Estados Unidos. Frente a los argumentos dados desde Londres para no extraditar a Julian Assange, Estados Unidos solicitó evaluar su salud mental.
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Finalmente, se conoció que la justicia británica dio vía libre para que Julian Assange pueda ser extraditado a Estados Unidos, pues se concluyó que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental. Esto, dado que ante la apelación de Washington, se argumentó que Baraitser no había dado suficiente importancia a otros testimonios de expertos sobre el estado mental del detenido, además de que se garantizó al tribunal que no se mantendrá al australiano, de 50 años, en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado.
Entre tanto, dado que las publicaciones de WikiLeaks expusieron crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán, así como archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y abusos de derechos humanos en el mundo, hay quienes defienden a su fundador. En algunas manifestaciones organizadas a su favor, conforme avanzaba su caso, se pudieron leer algunas pancartas que decían: “No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen”, “Liberen la verdad, excarcelen a Assange” o “Paren el juicio espectáculo de Julian”.
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