Que las elecciones presidenciales en un país tengan que formar parte de un acuerdo entre gobierno y oposición con mediación internacional, tal y como ocurrió en el caso venezolano con los acuerdos de Barbados de octubre de 2023 que llevaron a la convocatoria de los comicios para el 28 de julio, es ya una primera muestra del deterioro democrático que vive Venezuela.
En los países con democracias establecidas las convocatorias electorales están reguladas por normativas jurídicas que se cumplen puntualmente. En los regímenes presidencialistas latinoamericanos, como sucede en Colombia, todo el mundo sabe en qué año y en qué día exactamente se celebrarán las próximas elecciones. Este no es el caso de Venezuela.
Esta anormalidad no es la única que se está presentando en las elecciones convocadas para elegir presidente de Venezuela en menos de dos meses. Se trata de una competencia electoral llena de irregularidades cuya última expresión se pudo apreciar el pasado 22 de mayo en un pequeño pueblo de 486 habitantes del estado Guárico, en lo más profundo de los Llanos venezolanos.
Ese día la líder opositora venezolana María Corina Machado pasaba por la población de Carazo Pando con sus colaboradores en dirección al estado Apure donde tenía pautados varios actos de masas para respaldar la candidatura unitaria del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Se pararon en un humilde establecimiento de comidas con el fin de comprar 14 empanadas para desayunar y continuaron su camino.
Al poco tiempo llegó una comisión del organismo tributario venezolano conocido como SENIAT y tras revisar todos los papeles del negocio multaron a las dueñas y ordenaron su cierre por no contar con máquina registradora.
Esta acción dirigida a dificultar la campaña electoral de la oposición ha sido una constante y también se produjo días atrás con el cierre de los hoteles donde María Corina Machado se hospedó en los estados Zulia y Falcón, en el occidente de Venezuela. Incluso los miembros del equipo que montaron el sistema de sonido en el mitin realizado en Maracaibo fueron detenidos tras la celebración de este.
María Corina Machado tiene prohibido por el gobierno abordar aviones, por lo que sus traslados en la campaña tiene que hacerlos en vehículos por carretera. En la reciente gira por Apure las autoridades cerraron el puente que da acceso a este estado desde Guárico para impedirle llegar, lo que obligó a que la dirigente tuviera que tomar una lancha aportada por los vecinos del lugar.
Si bien los acuerdos de Barbados establecieron que las elecciones debían realizarse en el segundo semestre de 2024, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente totalmente controlado por el gobierno, escogieron una fecha muy temprana de ese semestre con la pretensión de dificultar a los factores de oposición la selección de su candidato presidencial, en vista de que no solo se ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado, que fue la candidata elegida democráticamente en las primarias de la oposición, sino que también se prohibió la inscripción de Corina Yoris quien fue inicialmente elegida para sustituirla.
La poca transparencia del proceso electoral se puede apreciar en el hecho de que la directiva del CNE fue sustituida íntegramente poco antes de los acuerdos de Barbados y ahora es presidida por Elvis Amoroso quien fungía como Contralor General de la República y responsable por lo tanto de las inhabilitaciones políticas de carácter administrativo que se han hecho sobre muchos dirigentes opositores.
El tarjetón electoral donde aparecen los partidos políticos y los candidatos que han postulado está lleno de agrupaciones políticas que han sido judicializadas y sus directivas entregadas a personas afines al gobierno, por lo que podemos apreciar a partidos políticos que en la vida real están en la oposición, pero en el tarjetón aparecen apoyando a Nicolás Maduro o a otros candidatos. Se trata de una maniobra con la evidente intención de causar confusión en el electorado y quitarles votos a los críticos con el régimen.
Para dificultar el ejercicio del voto y la fiscalización en la jornada electoral se está adelantando un proceso para descentralizar grandes centros de votación y crear en su lugar centros de una o dos mesas, de tal manera que sea más difícil para los votantes saber dónde deben votar y forzar a la oposición a multiplicar los esfuerzos que tiene que hacer para desplegar a sus testigos electorales.
La escogencia del 28 de julio para llevar a cabo las elecciones también obligó a realizar un apretado cronograma de preparación de los comicios cuyas principales víctimas han sido millones de venezolanos con derecho a votar, tanto en Venezuela como en el exterior, que no podrán hacerlo pues apenas se abrió una jornada extraordinaria de inscripción de un mes que solo permitió la inscripción de una fracción de los potenciales nuevos votantes.
Esta situación ha sido particularmente preocupante para los millones de venezolanos que han migrado, a quienes se les impusieron condiciones para inscribirse en el registro electoral imposibles de cumplir. En el caso de Colombia, por ejemplo, no se admitió como residentes a los dos millones de venezolanos portadores del Permiso por protección Temporal (PPT).
El compromiso adquirido en los acuerdos de Barbados de permitir el monitoreo del proceso electoral por parte de instituciones internacionales reconocidas para tales efectos, como las Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter o la Unión Europea (EU), también está en veremos no solo por el poco tiempo que queda para ello, sino porque el gobierno de Nicolás Maduro ya anunció la revocación de la invitación que se había extendido a los europeos.
Las autoridades venezolanas también han detenido y emitido órdenes contra militantes de los partidos de oposición, especialmente contra colaboradores cercanos a María Corina Machado, algunos de los cuales se encuentran refugiados en la embajada de Argentina.
El gobierno venezolano también ha venido haciendo un uso abusivo de los medios públicos que privilegian informativa y propagandísticamente a Nicolás Maduro y sus seguidores al tiempo que mantiene una política de tutelaje sobre muchos medios privados que recurren a la autocensura para evitar multas y cierres.
Cabe recordar que según la ONG espacio público desde el 2007 hasta lo que va de 2024 han sido cerrados en Venezuela 413 emisoras de radio, 87 periódicos, 18 canales de televisión y 13 medios digitales.
Como se puede apreciar no se trata de unas elecciones realmente competitivas, a pesar de lo cual la oposición venezolana sabedora del deseo de cambio que prima en el país, lo que ratifican las encuestas que le otorgan una clara ventaja, insiste en ir sorteando los obstáculos en una clara apuesta por la ruta electoral para facilitar una transición democrática.
* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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