Las nuevas reglas migratorias de Florida comienzan a pesar sobre algunos negocios

Después de promulgar una serie de nuevas medidas dirigidas a los inmigrantes indocumentados en Florida, el gobernador Ron DeSantis declaró que ahora el estado tenía “las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país”. Según él, evitará que los contribuyentes de Florida “paguen la factura de la inmigración ilegal”. Los críticos de la ley advirtieron que tendría su propio precio y uno muy costoso para un estado que depende de cientos de miles de trabajadores indocumentados en la agricultura, la construcción y la hospitalidad.

Después de promulgar una serie de nuevas medidas dirigidas a los inmigrantes indocumentados en Florida, el gobernador Ron DeSantis declaró que ahora el estado tenía “las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país”. Según él, evitará que los contribuyentes de Florida “paguen la factura de la inmigración ilegal”. Los críticos de la ley advirtieron que tendría su propio precio y uno muy costoso para un estado que depende de cientos de miles de trabajadores indocumentados en la agricultura, la construcción y la hospitalidad.

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Conforme a la nueva ley, que entró en vigor el 1 de julio, los hospitales tienen que preguntarles a los pacientes su condición migratoria y documentar el costo de la atención que se les brinde. Ahora, muchos más empleadores están obligados a utilizar una base de datos electrónica para identificar a aquellos que residan ilegalmente en el país y estén contratados o se exponen a multas. Y los inmigrantes indocumentados ya no pueden estar seguros de que los permisos de conducir de cualquier otro estado se considerarán válidos en Florida.

Hasta el momento, el estado no ha emprendido ningún tipo de represión generalizada y no se sabe con certeza con qué firmeza aplicará la nueva ley. Pero sus efectos han empezado a extenderse por todo el estado, suscitando temor en algunas comunidades de inmigrantes y frustración entre algunos empresarios.

En estados de rápido crecimiento como Florida, la construcción ha atraído durante décadas a inmigrantes no autorizados dispuestos a realizar trabajos onerosos, a menudo a temperaturas extremas, que muchos estadounidenses rechazan. La falta de mano de obra en las últimas semanas ha paralizado proyectos en todo el estado y el costo ha comenzado a aumentar en medio de la competencia por un grupo cada vez menor de instaladores de techos, albañiles y pintores, según personas de la industria.

Juan Baregas, un subcontratista que realiza trabajos de carpintería para un gran desarrollador del centro de Florida, dijo que había perdido a la mitad de su equipo de 40 personas en las últimas semanas, lo que limita su capacidad para terminar los proyectos.

Algunos estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos, pero abandonaron Florida porque temían por sus seres queridos que no lo estaban, dijo. Los trabajadores rechazaron ofertas de aumento de sueldo y se trasladaron a Houston, Washington D. C. y Nueva York, donde abundan las vacantes de trabajo y los inmigrantes no autorizados se sentían menos vulnerables, explicó Baregas. “Es probable que esta ley ni siquiera se haga cumplir”, dijo. “Pero la gente se siente perseguida. Quieren vivir en paz”.

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Tim Conlan, presidente de Reliant, una empresa que instala tejados en Jacksonville, dijo que un subcontratista había rechazado un proyecto hacía poco, después de que sus trabajadores se negaron a viajar a Florida y prefirieron quedarse en Georgia y las Carolinas. También dijo que las tarifas por hora para los trabajos habían aumentado alrededor de un 10 por ciento desde que se promulgó la ley en mayo. “Esta ley no es una solución”, afirmó Conlan, quien visitó Tallahassee para ejercer presión para que haya políticas que le permitan a su industria contratar a los trabajadores que necesita por la vía legal.

A partir del año 2000, algunos estados empezaron a elaborar proyectos de ley para reprimir la inmigración ilegal, entre otras cosas, con ayuda de agentes de policía para identificar a los inmigrantes no autorizados y con sanciones para quienes los acojan, contraten o transporten. Sin embargo, muchas de sus disposiciones fueron anuladas por los tribunales.

Los expertos afirman que la ley de Florida se destaca por el gran alcance que tiene, ya que abarca las licencias de conducir, los servicios hospitalarios y el transporte de inmigrantes no autorizados, así como a las empresas. “Lo que hace diferente a esta ley de Florida es su carácter exhaustivo: abarca muchos aspectos, no uno solo”, afirmó Muzaffar Chishti, investigador sénior del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de investigación apartidista.

Florida cuenta con una gran población nacida en el extranjero para impulsar su economía. Se calcula que 770.000 inmigrantes indocumentados trabajan en el estado cosechando naranjas, tomates y otros productos; construyendo casas y campos de golf, y como personal en hoteles y restaurantes.

Hasta el 1 de julio, la mayoría de los empleadores de Florida no eran responsables de verificar la autenticidad de los documentos que las personas presentaban para ser contratadas. Pero con la nueva ley, todas las empresas con 25 o más empleados deben utilizar el sistema E-Verify del gobierno federal para confirmar que un futuro empleado está autorizado para trabajar en Estados Unidos. Varios estados liderados por republicanos han establecido mandatos similares en los últimos años.

Incluso entre algunos partidarios de la nueva ley, el impacto inicial ha causado preocupación. Antes de que la ley entrara en vigor, en una reunión con líderes religiosos hispanos, Rick Roth, representante estatal republicano y agricultor que votó a favor de la ley, pidió a los ministros que convencieran a la gente para que se quedara. “Estamos perdiendo empleados”, dijo durante la reunión, cuyo video se difundió ampliamente. “Ya están empezando a irse a Georgia y a otros estados”.

En todo el estado de Florida, organizaciones que defienden a los migrantes están organizando sesiones informativas para tratar de disipar las preocupaciones entre los residentes nacidos en el extranjero.

Hace poco, decenas de personas se reunieron en el Hope Community Center de Apopka, una ciudad a las afueras de Orlando donde viven muchos mexicanos, guatemaltecos y venezolanos. Una mujer mexicana indocumentada llamada Nivia, quien, como otros, no quiso divulgar su apellido, dijo más tarde que ella y su esposo, un instalador de tablaroca, estaban considerando mudarse a Chicago porque temían ser detenidos y separados de sus cuatro hijos. “Mi hija menor, con necesidades especiales, no sobreviviría”, dijo. Otra hija, Ashley, de 16 años, dijo que su mejor amiga abandonó el estado cuando terminaron las clases en mayo. “Muchos niños decían que podría ser la última vez que nos viéramos”, recordó.

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