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La organización humanitaria Cristosal ha recibido 555 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo, informó la entidad este viernes. La Asamblea Legislativa, a petición del gobierno de Nayib Bukele, decretó la suspensión de garantías constitucionales por 30 días y amplió el plazo hasta finales de mayo, tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).
En el marco de ese régimen de excepción, Cristosal recibió 555 denuncias entre el 27 de marzo y el 19 de mayo, que involucran a 556 personas detenidas, en su mayoría hombres jóvenes. El 87,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias, atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida. De acuerdo con Cristosal, hasta este vienes, suman 16 las personas fallecidas que habían sido detenidas bajo el régimen de excepción.
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David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, señaló en declaraciones a medios de comunicación que le preocupa que a estas personas no se les haya practicado una autopsia. “Esto implica que la Fiscalía podría estar tratando de encubrir homicidios o ejecuciones extrajudiciales dentro de las cárceles”. Agregó que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas “que no son pandilleras y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado”.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
En ese sentido, Morales sostuvo que “la violencia y las estructuras de pandillas deben ser combatidas, evidentemente, a través de una política integral de seguridad”, pero “ningún gobierno ha querido adoptar” una práctica como esa. El informe de Cristosal también señala que estas denuncias dan cuenta de “tratos inhumanos y degradantes”, además de privaciones de alimentos y medicina a las personas detenidas. También se han denunciado situaciones que se pueden considerar como “torturas en centro de detención” y la “violación absoluta del derecho a la defensa”. Indicó que la Procuraduría General de la República, encargada de asignar defensores públicos, está “rebasada en su capacidad”, mientras que la Fiscalía General de la República tiene un “rol central” en estas violaciones, “al dar validez a procedimientos policiales viciados de ilegalidad”.
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De acuerdo con Cristosal, el 77,2 % de los denunciados son agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el 11,2 % son militares desplegados en labores de seguridad. Por otra parte, el 87,4 % de las víctimas son hombres y el 10,4 % mujeres, mientras que el principal grupo de edad es el de 18 a 30 años, con el 56,4 %.
De acuerdo con una investigación del medio local El Faro, la ola de violencia homicida que dio pie al régimen de excepción se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y el gobierno de Bukele. El presidente y sus funcionarios no se han pronunciado sobre esta nueva acusación, similar a la que hizo en diciembre el Gobierno de Estados Unidos, al sancionar a dos funcionarios.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Carlos Marroquín, director de la entidad Tejido Social, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, por las “negociaciones secretas” entre el Gobierno y la MS13. En un comunicado, Estados Unidos señaló que Luna y Marroquín “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS13.
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