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La Unión Europea sancionó este lunes a la esposa del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos así como a otros seis funcionarios de su gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en el país centroamericano.
“Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”, subrayó un comunicado de la UE, en referencia a Noel Vidaurre, puesto bajo arresto domiciliario el 25 de julio.
Las sanciones afectan ahora a un total de “14 personas” que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos haberes en la UE están congelados, según el comunicado. “Los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición”, subraya el texto.
Entre los sancionados se encuentran el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas: al fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; y dos responsables de la policía.
El hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país. Las nuevas sanciones habían sido anunciadas a principios de julio por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. “Nicaragua entró en una espiral de represión” contra la oposición ante la cercanía de la elección presidencial, había lamentado Borrell ante el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia).
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Otras sanciones de Europa
Las últimas sanciones europeas contra el gobierno de Daniel Ortega databan de mayo de 2020. Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años, aún no anunció oficialmente su candidatura, aunque sus allegados y la propaganda partidaria visible en sitios públicos, dan por hecho que buscará reelegirse para un cuarto mandato sucesivo.
El líder sandinista gobernó el país entre 1979-1990, retornó al poder en 2007, donde se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, la última de ellas con su esposa como vicepresidenta.
Estados Unidos y Canadá también presionan
El pasado diciembre Daniel Ortega aprobó una polémica ley que impide a la oposición participar en las elecciones de noviembre de 2021. En su momento el entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, lo instó a cambiar de rumbo, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permitir elecciones libres y justas en noviembre de 2021, recordándole las sanciones que atualmente pesan en su contra.
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“Estas acciones siguen la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una Ley de Agentes Extranjeros que sabotea la capacidad de los nicaragüenses para buscar un cambio democrático, y una Ley de Ciberdelincuencia que reprime sistemáticamente la libertad de expresión”, continuó Pompeo.
Observó que EE. UU. ha tomado medidas contra el Gobierno nicaragüense, incluyendo sancionar a los miembros de la familia de Ortega “y al círculo íntimo corrupto, para incentivar al régimen de Ortega a adoptar reformas democráticas antes de las elecciones presidenciales del país previstas para el 7 de noviembre de 2021”.
Resaltó que sus socios europeos y de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se han pronunciado “enérgicamente contra la represión del régimen de Ortega”, y que la UE ha impuesto sus propias sanciones. “Por el bien del pueblo nicaragüense, instamos una vez más a Ortega a cambiar de rumbo, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permitir elecciones libres y justas”, abogó.
Por su parte, el gobierno canadiense puso presión sobre Ortega el pasado 14 de julio, cuando anunció que sancionaría a 15 funcionarios de su administración. “Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau en un mensaje deTwitter.
El funcionario agregó que, además, el gobierno de Ortega “se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas” el 7 de noviembre, a pesar “de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales”.
El comunicado del gobierno señaló que “desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política”.
No es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, en 2019 el gobierno de Justin Trudeau, sancionó a nueve altos funcionarios tras las intensas protestas de 2018 que desataron la profunda crisis social en Nicaragua. Reiteradamente Canadá ha pedido que sean liberados todos los detenidos por el gobierno de Ortega.