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La Ley Federal de Revocación de Mandato, propuesta por el presidente de México, se presenta como un novedoso derecho político que flexibiliza el sistema presidencialista mexicano. Pero el diablo está en los detalles.
La ley es en realidad una estrategia para mantener a AMLO como protagonista de la vida nacional y darle una oportunidad para movilizar a sus bases. Esto no beneficiará a la economía ni a la seguridad de los mexicanos, pero sí aboca a la polarización y degradación institucional.
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Para empezar, aclaremos que el sistema político mexicano, como el de casi la totalidad de los países latinoamericanos, es un calco del presidencialismo de los Estados Unidos de América. Lo llevamos hasta en el nombre: Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial del país. Pero el presidencialismo estadounidense es un sistema muy distinto a lo que vemos en otros países de habla inglesa como Canadá y Australia, donde rige el sistema Westminster o parlamentarismo británico.
Presidencialista en Latinoamérica
Según el sociólogo español Juan Linz, el sistema presidencialista en Latinoamérica es parcialmente responsable de la incidencia de golpes de Estado y crisis constitucionales debido a dos aspectos. El primero es que el presidencialismo puede generar dos poderes con legitimidad democrática, ejecutivo y legislativo. Cuando éstos están unificados todos felices y contentos, pero cuando no, se genera un choque de trenes, la parálisis gubernamental y el desbordamiento del conflicto político a las calles.
La segunda observación de Linz es que el presidencialismo establece periodos fijos a los poderes democráticos. En México, por ejemplo, el ejecutivo se renueva cada seis años y el legislativo cada tres. Para Linz, los periodos fijos son una rigidez que impide la remoción por cauces constitucionales de un gobernante que ha perdido la confianza de los suyos. Desde esta perspectiva, el parlamentarismo sería un sistema superior al unificar la legitimidad democrática en un sólo poder —en el legislativo— y permitir la caída constitucional de un gobierno a través de una moción de censura.
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El proyecto de la Ley Federal de Revocación de Mandato que impulsa AMLO se vende como una forma de flexibilizar el sistema presidencialista mexicano siguiendo las pautas de Linz. Desde el gobierno se proclama, además, que la ley consagra un novedoso derecho político para los ciudadanos. Pero como se menciona: el diablo se esconde en los detalles y lo que se le ofrece a la ciudadanía como un ejercicio democrático es en realidad una farsa, un sucedáneo de un verdadero referéndum de revocación de mandato.
Para empezar, es extraño que el propio presidente impulse una ley que potencialmente le llevaría a la remoción y pérdida del enorme poder que goza. Arguye el presidente un prurito democrático que le impulsa a promover esta ley, pero no deja de ser raro que un hombre que estuvo en campaña por la presidencia durante veinte años ahora la ponga en riesgo.
También es raro que sea el presidente quien busque capitalizar una ley que en principio fue pensada para dar voz a quienes se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante. Como diría Maquiavelo: “Los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio, y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan el favor de los súbditos”.
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Las cosas se aclaran cuando removemos la pátina del discurso de AMLO. Las señales de que se trata de una estrategia para mantenerlo en el centro de la política saltan por doquier. La primera viene de Martí Batres, actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de México y viejo operador político del presidente. En su última columna periodística, Batres señala que “debe haber libertad para que cada quien exprese su punto de vista sobre la consulta de ratificación o revocación de mandato, incluido el propio mandatario, el cual no debe ser sometido a una censura, a un bozal que le impida defender los resultados de su gestión en el debate público.”
En México, las leyes electorales impiden al ejecutivo promover las acciones de su gobierno durante las campañas. En lo personal siempre me pareció un despropósito exigirle al presidente que no opinara en unas elecciones, pero fue justamente la izquierda la que por años lo exigió. “¡Cállate chachalaca!” le espetó en 2006 AMLO al entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) por su activismo verbal. Permitirle al presidente hacer campaña en su propia revocación de mandato, tal como lo exige Batres, sería tanto como darle banderazo de salida a su maquinaria electoral con miras a la sucesión presidencial de 2024.
La segunda y más clara señal de que todo esto es una farsa es que la propuesta de la pregunta del referéndum nada tiene que ver con una revocación de mandato. Juzgue usted: “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”. Oigan, ¿pero esto no iba de una revocación? ¿En qué momento pasamos a un “estar de acuerdo”? ¿O es que se trata ahora de un referéndum de ratificación de mandato?
Si fuese así, llamémosle entonces como lo que es: Ley Federal de Ratificación de Mandato. Eso, o arreglamos la pregunta: “¿Está usted a favor de la revocación de mandato del presidente? Sí, No, No sé”. Al pan pan y al vino vino, la verdad por delante.
Da la impresión a veces que AMLO es como esos campeones mundiales de boxeo que se quedan sin retador al título. El resultado son peleas de bajo nivel en que el campeón vapulea a completos “costales de papas” que lo hacen lucir un par de rounds a lo mucho. Pero el público no es tonto y rápidamente se ausenta del patio de butacas.
Ante ello, la única salida es encontrarle al campeón un verdadero retador que realmente ponga en juego el cetro mundial. En el caso de AMLO, su problema es todavía peor: ni siquiera se puede subir a un ring ya que no hay reelección en México. Por ello, lo que ofrece al público con esta “revocación de mandato” es un round de sombra con él mismo. Es triste pero cierto: cuando estás en la cima del box o de la política sólo hay un camino por recorrer, hacia abajo.
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Alejandro García Magos es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Toronto y Doctor por dicha universidad. Máster en Ciencia Política de la Univ. de Calgary. Especializado en democracia y autoritarismo en México. Editor Senior en Global Brief Magazine.