Lista Engel: Washington marca la cancha… pero no tanto
El gobierno estadounidense divulgó la primera Lista Engel, señalando a 55 funcionarios o ex funcionarios de los países del Triángulo Norte por actos de “corrupción significativa”, obstrucción a la justicia o por socavar la democracia. Pero entre las personas incluidas no se encuentran personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador o de Honduras.
Dardo Justino Rodríguez
El 1º de julio, el gobierno estadounidense divulgó la primera Lista Engel, señalando a 55 funcionarios o ex funcionarios de los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador (14), Honduras (21) y Guatemala (20)— por actos de “corrupción significativa”, obstrucción a la Justicia o por socavar la democracia. Sin embargo, entre las personas incluidas –que serán sancionadas entre otras medidas con la inmediata cancelación de sus visas y la congelación de sus bienes en EEUU– no se encuentran personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El objetivo de la administración Biden
La administración Biden, que inaugura la lista creada a partir de una Ley del Congreso aprobada en 2020, atribuye a la corrupción en el Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos, que desde hace algunos años provoca crisis humanitarias recurrentes. Según Anthony Blinken, secretario de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”.
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En los tres países surgieron alabanzas y críticas a este primer listado que debe ser actualizado cada seis meses. Por un lado se considera que es un primer paso para empezar a “limpiar la casa”, algo para lo cual no debería necesitarse el concurso de un país extranjero, que no hace más que resaltar la impunidad y complicidad de los estamentos de la Justicia en los tres países. Pero por otro lado, ha sido criticada debido a que deja afuera a numerosos corruptos de renombre.
El miedo de Washington a perder influencia
Las omisiones de altos funcionarios hondureños en el listado se debe, según el abogado y analista político Raúl Pineda, en declaraciones al periódico El Libertador, al miedo de Washington a perder influencia en la región. De acuerdo con Pineda, para Estados Unido lo más importante es mantener relación con los dos últimos países que aún le son fieles: Honduras y Guatemala, aunque signifique apoyar la impunidad.
Le puede interesar: Los funcionarios corruptos de El Salvador, Guatemala y Honduras, según EE. UU.
En la lista no aparece ningún funcionario de alto nivel cercano al presidente Juan Orlando Hernández, ni se han incluido personajes del empresariado, de las iglesias católica y evangélica, del ámbito militar o de las ONGs, a pesar de que el Departamento de Estado había anunciado la inclusión de personas relacionados con esos sectores. De hecho, no se incluye a una sola persona del entorno del presidente, no obstante las numerosas acusaciones contra algunos de ellos, y del mismo Hernández, por narcotráfico, delito por el cual su propio hermano está enjuiciados en Estados Unidos.
Las ausencias en Guatemala
En Guatemala las ausencias también son notorias. En las estructuras de corrupción existen dos líneas de participación: los que aceptaron sobornos y los empresarios de alto nivel que sobornan. De estos últimos, ni uno ha sido incluido en la lista. Entre las grandes empresas señaladas por corruptelas están Claro y Tigo, además de Aceros de Guatemala. Sobre ellas y sus socios, nadie ha accionado. Las empresas se limitaron a cambiar a los representantes legales y siguieron adelante. Sus accionistas ni siquiera han sido mencionados.
La Lista Engel incluye en Guatemala también al congresista Boris Roberto España Cáceres, al ex primer secretario del Congreso Nacional, Felipe Alejos Lorenzana, al ex jefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y al ex candidato presidencial, condenado por una corte de Nueva York a 15 años de prisión, Mario Amílcar Estrada.
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Pero los personajes más llamativos son Nester Vásquez, recientemente juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, institución que está por encima de la Corte Suprema de Justicia y que es fundamental para solventar asuntos constitucionales y políticos, y Ricardo Méndez Ruiz, miembro de la muy cuestionada Fundación Contra el Terrorismo, que según la lista es señalado por “obstaculizar procesos penales contra ex funcionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.
El caso de El Salvador
En El Salvador, a diferencia de los primeros dos países, la lista, si bien obviamente no ha incluido al presidente a pesar de sus atropellos a la democracia, sí incluye a personas de su entorno. Uno de los señalamientos más relevantes es el de la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, por haber incurrido en “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y por participar en un esquema de lavado de activos.
Otro de los citados del entorno de Bukele es su actual asesor jurídico, Conan Castro, por socavar “los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general”. Mientras que el actual viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, es señalado por “importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos”.
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La lista salvadoreña, la más breve de las tres, también incluye al actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Wellman, señalado de alterar resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”. Estas acusaciones evidencian que la Casa Blanca pretende cercar —sin ahogar— al presidente Bukele, el único díscolo de los tres mandatarios del Triángulo Norte, y que aprovecha cualquier situación, por ridícula que parezca, para favorecer sus propios interese geopolíticos.
Como conclusión, el principal aspecto a destacar de la Lista Engel son las notorias omisiones en los tres países, sobre todo en los casos de Guatemala y Honduras. Habrá que esperar a la segunda lista, dentro de seis meses, para ver si la administración Biden habla en serio cuando se refiere al combate a la corrupción y la defensa de la democracia o si seguirá utilizando la Lista como herramienta para condicionar eventuales insubordinaciones.
Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
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El 1º de julio, el gobierno estadounidense divulgó la primera Lista Engel, señalando a 55 funcionarios o ex funcionarios de los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador (14), Honduras (21) y Guatemala (20)— por actos de “corrupción significativa”, obstrucción a la Justicia o por socavar la democracia. Sin embargo, entre las personas incluidas –que serán sancionadas entre otras medidas con la inmediata cancelación de sus visas y la congelación de sus bienes en EEUU– no se encuentran personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El objetivo de la administración Biden
La administración Biden, que inaugura la lista creada a partir de una Ley del Congreso aprobada en 2020, atribuye a la corrupción en el Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos, que desde hace algunos años provoca crisis humanitarias recurrentes. Según Anthony Blinken, secretario de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”.
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En los tres países surgieron alabanzas y críticas a este primer listado que debe ser actualizado cada seis meses. Por un lado se considera que es un primer paso para empezar a “limpiar la casa”, algo para lo cual no debería necesitarse el concurso de un país extranjero, que no hace más que resaltar la impunidad y complicidad de los estamentos de la Justicia en los tres países. Pero por otro lado, ha sido criticada debido a que deja afuera a numerosos corruptos de renombre.
El miedo de Washington a perder influencia
Las omisiones de altos funcionarios hondureños en el listado se debe, según el abogado y analista político Raúl Pineda, en declaraciones al periódico El Libertador, al miedo de Washington a perder influencia en la región. De acuerdo con Pineda, para Estados Unido lo más importante es mantener relación con los dos últimos países que aún le son fieles: Honduras y Guatemala, aunque signifique apoyar la impunidad.
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En la lista no aparece ningún funcionario de alto nivel cercano al presidente Juan Orlando Hernández, ni se han incluido personajes del empresariado, de las iglesias católica y evangélica, del ámbito militar o de las ONGs, a pesar de que el Departamento de Estado había anunciado la inclusión de personas relacionados con esos sectores. De hecho, no se incluye a una sola persona del entorno del presidente, no obstante las numerosas acusaciones contra algunos de ellos, y del mismo Hernández, por narcotráfico, delito por el cual su propio hermano está enjuiciados en Estados Unidos.
Las ausencias en Guatemala
En Guatemala las ausencias también son notorias. En las estructuras de corrupción existen dos líneas de participación: los que aceptaron sobornos y los empresarios de alto nivel que sobornan. De estos últimos, ni uno ha sido incluido en la lista. Entre las grandes empresas señaladas por corruptelas están Claro y Tigo, además de Aceros de Guatemala. Sobre ellas y sus socios, nadie ha accionado. Las empresas se limitaron a cambiar a los representantes legales y siguieron adelante. Sus accionistas ni siquiera han sido mencionados.
La Lista Engel incluye en Guatemala también al congresista Boris Roberto España Cáceres, al ex primer secretario del Congreso Nacional, Felipe Alejos Lorenzana, al ex jefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y al ex candidato presidencial, condenado por una corte de Nueva York a 15 años de prisión, Mario Amílcar Estrada.
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Pero los personajes más llamativos son Nester Vásquez, recientemente juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, institución que está por encima de la Corte Suprema de Justicia y que es fundamental para solventar asuntos constitucionales y políticos, y Ricardo Méndez Ruiz, miembro de la muy cuestionada Fundación Contra el Terrorismo, que según la lista es señalado por “obstaculizar procesos penales contra ex funcionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.
El caso de El Salvador
En El Salvador, a diferencia de los primeros dos países, la lista, si bien obviamente no ha incluido al presidente a pesar de sus atropellos a la democracia, sí incluye a personas de su entorno. Uno de los señalamientos más relevantes es el de la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, por haber incurrido en “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y por participar en un esquema de lavado de activos.
Otro de los citados del entorno de Bukele es su actual asesor jurídico, Conan Castro, por socavar “los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general”. Mientras que el actual viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, es señalado por “importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos”.
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La lista salvadoreña, la más breve de las tres, también incluye al actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Wellman, señalado de alterar resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”. Estas acusaciones evidencian que la Casa Blanca pretende cercar —sin ahogar— al presidente Bukele, el único díscolo de los tres mandatarios del Triángulo Norte, y que aprovecha cualquier situación, por ridícula que parezca, para favorecer sus propios interese geopolíticos.
Como conclusión, el principal aspecto a destacar de la Lista Engel son las notorias omisiones en los tres países, sobre todo en los casos de Guatemala y Honduras. Habrá que esperar a la segunda lista, dentro de seis meses, para ver si la administración Biden habla en serio cuando se refiere al combate a la corrupción y la defensa de la democracia o si seguirá utilizando la Lista como herramienta para condicionar eventuales insubordinaciones.
Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
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