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El jueves Nicaragua vivirá otra jornada de huelga ciudadana. Ese día la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó una huelga de 24 horas que exigirá la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La liga, creada en octubre pasado, está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.
Este es el cuarto paro convocado este año para exigirle al Gobierno el final de la represión, la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Y es que el país entró en una profunda crisis desde el 18 de abril, cuando una ley para cambiar el sistema de seguridad social provocó masivas protestas.
Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las fuerzas gubernamentales dejando, hasta ahora, un saldo de 325 a 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos. Lo grave es que el Gobierno arreció la arremetida. El Parlamento de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de cinco ONG, lo que elevó a nueve las organizaciones que han sufrido sanciones en las últimas dos semanas. Le recomendamos: Daniel Ortega, el liberador que se volvió un dictador
El Legislativo nicaragüense suprimió el estatus legal a esas organizaciones sobre la base de un informe del Ministerio de Gobernación, que las acusa de formar parte de un grupo de ONG que apoyó “el fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales.
No solo eso, un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial la semana pasada y ayer informaron que los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) siguen ocupando de forma ilegal la redacción de Confidencial y “Esta Semana”.
El Gobierno Ortega-Murillo asocia a Invermedia y Promedia —empresas productoras de Confidencial y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”— con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea. Le puede interesar: Ortega arremete contra Organizaciones de Derechos Humanos
Atacar a la prensa, condenar a los opositores, matar a quienes protestan, perseguir a jerarcas de la Iglesia críticos con el Gobierno, allanar organizaciones críticas y violar derechos humanos eran prácticas que Nicaragua no veía desde que cayó la dictadura de Anastasio Somoza.
La ironía es que quien derrocó al dictador, en julio de 1979, es el verdugo de un pueblo que pide a gritos un cambio.