Lo que hay detrás de la demanda de México contra las empresas de armas de EE. UU.

El gobierno de México demandó a once compañías productoras y distribuidoras de armas estadounidenses por “promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. Según se lee en la BBC, a partir de datos del ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México. Estas compañías “hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada. No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EE.UU., es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas; no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asegurando que Estados Unidos ha apoyado al país latinoamericano en el objetivo de detener el tráfico de armas y regularlo, y advirtiendo que la acción no debe ser entendida como un conflicto diplomático, el gobierno de México aseguró que la ayuda “no ha sido suficiente”. Ante las medidas tomadas, la Asociación de la Industria de Armas de Fuego, a través de un comunicado, afirmó: “Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”.

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La demanda es el resultado de un trabajo de dos años y fue presentada en un tribunal federal de Massachusetts, siendo la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos. “Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera. La avalancha de armamento es el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”, se lee en el texto. Según el New York Times, el gobierno mexicano hizo referencia a la pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, fabricada por Colt. “Según las autoridades, ese tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea. Un integrante de un grupo vinculado al poderoso Cártel de Sinaloa fue condenado por su asesinato el año pasado”.

Según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la acción va más allá de cuestiones económicas: implica modificar la forma de actuar de las empresas. La implementación de medidas de monitoreo y de mecanismos de seguridad en las armas para evitar que estas sean usadas por delincuentes, así como la financiación de los estudios y las campañas destinadas a combatir el tráfico ilícito de armas, son algunas de las peticiones del gobierno mexicano. “Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, agregó el funcionario.

Hay voces a favor y en contra de la demanda interpuesta por el gobierno del país latinoamericano. Algunos miran con sospecha el resultado que esta acción pueda tener, pues la ley federal de Estados Unidos garantiza la inmunidad de los fabricantes de armas frente a las demandas de las víctimas. “Es un poco arriesgado. Es posible que solo sea una forma de llamar la atención del gobierno federal, de Biden y la Casa Blanca para que puedan sentarse y llegar a un acuerdo”, dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond, al diario estadounidense. “Incluso si [las empresas] son descuidadas, no son responsables”, afirmó Tim Lytton, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, al mismo medio. Así, hay quienes dicen que el gobierno mexicano tiene pocas opciones de convencer a la corte de Massachusetts. Además, será difícil demostrar que los fabricantes que pusieron íconos mexicanos en sus armas estaban tratando de apelar a los sicarios de los cárteles, añadieron los expertos.

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Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Ruger & Co, entre otras empresas más, hacen parte de la demanda. Según se lee en France 24, la base de la acción legal es que “las empresas armamentísticas incentivan este uso ilícito de las armas a través de su marketing, o como mínimo no hacen nada para evitarlo. Ebrard llegó a decir que las compañías llegan a ‘desarrollar diferentes modelos’ de pistolas específicamente ‘para el narco’”. La decisión de interponer la demanda en el país norteamericano coincide con que México ha vivido dos años de extrema violencia bajo el mandato de López Obrador. “Tanto en 2019 como en 2020, murieron por asesinato más de 34.500 personas. Eso significa que la tasa de homicidios es de 29 por cada 100.000 habitantes, un indicador que no ha bajado desde 2018 y que supone la tasa más alta desde que se tiene registro en el país”, se lee en el portal de noticias de origen francés.

El gobierno de México demandó a once compañías productoras y distribuidoras de armas estadounidenses por “promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. Según se lee en la BBC, a partir de datos del ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México. Estas compañías “hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada. No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EE.UU., es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas; no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asegurando que Estados Unidos ha apoyado al país latinoamericano en el objetivo de detener el tráfico de armas y regularlo, y advirtiendo que la acción no debe ser entendida como un conflicto diplomático, el gobierno de México aseguró que la ayuda “no ha sido suficiente”. Ante las medidas tomadas, la Asociación de la Industria de Armas de Fuego, a través de un comunicado, afirmó: “Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”.

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La demanda es el resultado de un trabajo de dos años y fue presentada en un tribunal federal de Massachusetts, siendo la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos. “Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera. La avalancha de armamento es el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”, se lee en el texto. Según el New York Times, el gobierno mexicano hizo referencia a la pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, fabricada por Colt. “Según las autoridades, ese tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea. Un integrante de un grupo vinculado al poderoso Cártel de Sinaloa fue condenado por su asesinato el año pasado”.

Según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la acción va más allá de cuestiones económicas: implica modificar la forma de actuar de las empresas. La implementación de medidas de monitoreo y de mecanismos de seguridad en las armas para evitar que estas sean usadas por delincuentes, así como la financiación de los estudios y las campañas destinadas a combatir el tráfico ilícito de armas, son algunas de las peticiones del gobierno mexicano. “Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, agregó el funcionario.

Hay voces a favor y en contra de la demanda interpuesta por el gobierno del país latinoamericano. Algunos miran con sospecha el resultado que esta acción pueda tener, pues la ley federal de Estados Unidos garantiza la inmunidad de los fabricantes de armas frente a las demandas de las víctimas. “Es un poco arriesgado. Es posible que solo sea una forma de llamar la atención del gobierno federal, de Biden y la Casa Blanca para que puedan sentarse y llegar a un acuerdo”, dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond, al diario estadounidense. “Incluso si [las empresas] son descuidadas, no son responsables”, afirmó Tim Lytton, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, al mismo medio. Así, hay quienes dicen que el gobierno mexicano tiene pocas opciones de convencer a la corte de Massachusetts. Además, será difícil demostrar que los fabricantes que pusieron íconos mexicanos en sus armas estaban tratando de apelar a los sicarios de los cárteles, añadieron los expertos.

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Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Ruger & Co, entre otras empresas más, hacen parte de la demanda. Según se lee en France 24, la base de la acción legal es que “las empresas armamentísticas incentivan este uso ilícito de las armas a través de su marketing, o como mínimo no hacen nada para evitarlo. Ebrard llegó a decir que las compañías llegan a ‘desarrollar diferentes modelos’ de pistolas específicamente ‘para el narco’”. La decisión de interponer la demanda en el país norteamericano coincide con que México ha vivido dos años de extrema violencia bajo el mandato de López Obrador. “Tanto en 2019 como en 2020, murieron por asesinato más de 34.500 personas. Eso significa que la tasa de homicidios es de 29 por cada 100.000 habitantes, un indicador que no ha bajado desde 2018 y que supone la tasa más alta desde que se tiene registro en el país”, se lee en el portal de noticias de origen francés.